La Comisión de Educación del Senado retomó la tramitación en general del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que faculta a los establecimientos educacionales a implementar un mecanismo de elección mutua en el proceso de admisión escolar, correspondiente al Boletín 18.389-04. La sesión del 28 de septiembre de 2026, transmitida por el canal TVSenado Chile, contó con las exposiciones de representantes del Centro de Investigación Edu Inclusiva, la Fundación DownA 21, la Fundación Educación 2020, Acción Educar y el Colegio de Profesoras y Profesores. Asistieron la ministra de Educación, el subsecretario de Educación Escolar y dirigentas de jardines vía transferencia de fondos.
La instancia había conocido en su sesión anterior la presentación de la ministra y del subsecretario sobre esta iniciativa, antecedida por una mesa técnica en 2025. El proyecto busca modificar el sistema de admisión hoy vigente, cuyo funcionamiento y resultados fueron analizados por los invitados.
DEL MÉRITO Y LA SELECCIÓN
María Teresa Flores, investigadora principal del Centro de Investigación Edu Inclusiva, presentó un policy brief sobre el sistema de admisión. Planteó que el proyecto se sustenta en datos de percepción y deja fuera el diagnóstico sobre segregación que motivó la transformación del sistema. Según expuso, entregar a los establecimientos la decisión sobre la selección castiga a hogares con menores redes y fuentes de información, con efectos en la segregación. Añadió que el desempeño previo no mide mérito, sino el nivel socioeconómico y las oportunidades de apoyo del estudiante. Entre sus recomendaciones, propuso defender el principio de no discriminación arbitraria y fiscalizar toda práctica que la vulnere.
ENFOQUE EN ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD
Irma Iglesias, directora de la Fundación DownA 21, centró su exposición en los estudiantes con discapacidad. Recordó que Chile ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2008 y que su artículo 24 consagra la educación inclusiva. Advirtió que una ley nueva no puede situar a estos estudiantes en peor posición que la vigente, y manifestó su inquietud por la selección desde séptimo básico, por la exclusión de la cuota reservada en cursos con menos de cinco vacantes y por la presunción de no arbitrariedad, que dificulta reclamar por discriminación. Pidió excluir expresamente a los estudiantes con discapacidad de todo mecanismo de selección, prohibir que un establecimiento los rechace alegando falta de apoyos y aplicar la reserva de al menos diez por ciento en todos los cursos. Relató que expuso estos puntos ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en Ginebra.
El subsecretario de Educación Escolar respondió que el sistema actual entrega igual probabilidad y no certeza, y que el proyecto fija un piso de diez por ciento para estudiantes con necesidades educativas permanentes, en los mismos términos exigidos a los establecimientos particulares pagados. Reconoció que el punto de los cursos pequeños puede abordarse durante la tramitación.
EDUCACIÓN 2020 Y ACCIÓN EDUCAR
Ingrid Olea, directora ejecutiva de la Fundación Educación 2020, sostuvo que el mérito puede tener un lugar sin que el país pierda equidad, y aludió a estudios según los cuales usar el rendimiento para desempatar no aumenta la segregación, a diferencia de emplearlo como criterio de prioridad. Identificó vacíos del texto: la asignación de los cupos que quedan libres, la forma de medir la sobredemanda y el momento en que se revisan los criterios. Advirtió también las cargas que el mecanismo impone a colegios y familias.
Francisca Espinoza, directora de estudios de Acción Educar, valoró la iniciativa. Sostuvo que los objetivos que la Ley de Inclusión fijó al sistema de admisión no se habrían cumplido y que el proyecto corrige esa opción de diseño sin alterar la plataforma única. Entre los ajustes que estimó necesarios, mencionó definir la sobredemanda por curso y en la ley, modificar el mecanismo general de asignación para reducir el peso del azar, extender la continuidad entre establecimientos de un mismo sostenedor e incorporar una norma sobre estudiantes expulsados.
COLEGIO DE PROFESORES
Patricia Muñoz, vicepresidenta del Colegio de Profesoras y Profesores, valoró los cambios que la Cámara de Diputados introdujo, como la calificación de las entrevistas como informativas, pero advirtió que el proyecto descansa en un diagnóstico que la evidencia no respalda. Cuestionó que se sustituya la prohibición de seleccionar por la de seleccionar arbitrariamente y observó que el control es posterior, sin que la multa devuelva el cupo a la familia. Afirmó que el mérito que se propone no mide mérito. Solicitó rechazar el proyecto en los términos propuestos y, si se legisla, restituir la prohibición general de selección, suprimir el artículo séptimo quinquies B, prohibir las entrevistas en todas las etapas, incorporar el rendimiento solo como desempate y retirar la suma urgencia.
OTROS PUNTOS DE LA SESIÓN
Durante el debate, el senador Vial valoró las presentaciones sustentadas en métricas y evidencia, y consultó cómo focalizar el fortalecimiento de la educación pública, señalando que el reforzamiento genérico del sector no se concretó tras la Ley de Inclusión. La senadora Provoste solicitó información sobre el calendario parvulario, el reglamento del artículo 67 bis de la Ley 21.819 y la implementación de los servicios locales de educación.
En la cuenta, se informó de un oficio de la Subsecretaría de Educación sobre la Universidad de la República, y la comisión acordó convocar al subsecretario de Educación Superior y al administrador de cierre, junto con la Superintendencia de Educación Superior.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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