COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS INICIÓ EL DEBATE SOBRE DEBIDA DILIGENCIA DE LAS EMPRESAS
La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado sesionó el 29 de septiembre de 2026, entre las 15:00 y las 16:00 horas, en la Sala 7 del tercer piso de comisiones, en Valparaíso. En la sesión se inició el estudio de dos proyectos sobre empresas y derechos humanos, se acordó reabrir el debate sobre el financiamiento de los sitios de memoria y se aprobó la rehabilitación de la nacionalidad chilena de Adolfo José Ochagavía, sacerdote que regresó definitivamente a Chile a comienzos de 2025.
TABLA Y CORRESPONDENCIA
La comisión tomó conocimiento de un correo de la concejala Javiera Soto, quien manifestó su preocupación por hechos ocurridos el 24 de septiembre en el Instituto Tecnológico San Mateo, que podrían constituir una vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes. La concejala pidió oficiar a Carabineros, al Ministerio Público y a la Superintendencia de Educación para requerir antecedentes y fiscalizar las condiciones del establecimiento. Los integrantes acordaron reiterar el oficio a Carabineros sobre los protocolos de actuación policial en recintos educacionales, ya que no ha llegado respuesta, y continuar con las demás solicitudes.
También se recibió una presentación de la sociedad civil para que se ponga en tabla el proyecto sobre protección de personas defensoras de la naturaleza y de los derechos humanos ambientales, correspondiente al boletín 16886-12, y varias cartas de personas que piden antecedentes sobre la rehabilitación de la nacionalidad chilena, incluida una lista de alrededor de 40 casos en situación similar.
PROYECTOS SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS
El primer proyecto en tabla fue el boletín 17196-17, que modifica la ley 18.046 sobre sociedades anónimas con el objeto de establecer obligaciones para promover la protección de los derechos humanos a determinadas personas jurídicas. La iniciativa, originada en una moción de la senadora Paulina Vodanovic, ingresó el 21 de octubre de 2024 y se encuentra en primer trámite. Consta de un artículo único que incorpora los artículos 10 bis y 10 ter. El primero delimita a los sujetos obligados: sociedades inscritas en el registro de valores, con un promedio de 150 trabajadores y con ingresos anuales superiores a 1.000.000 de UF. El segundo fija deberes de prevención, evaluación y transparencia, entre ellos publicar una política de respeto a los derechos humanos, revisar periódicamente su cumplimiento y disponer de un canal de denuncia y de un mecanismo interno de resolución.
Según los antecedentes expuestos, el universo de empresas alcanzadas sería acotado y, de acuerdo con datos del Servicio de Impuestos Internos de 2022, bordearía las 13 empresas. El informe advirtió además un problema de técnica legislativa, porque el texto modifica la ley de sociedades anónimas, mientras que las obligaciones que crea se vinculan más bien con la información, la transparencia y la evaluación de entidades inscritas en el registro de valores, materias propias de la ley 18.045 de mercado de valores.
El segundo proyecto, boletín 17446-17, regula la debida diligencia que las empresas deben aplicar en derechos humanos, medio ambiente y cambio climático. Ingresó el 8 de abril de 2025, está en primer trámite y se compone de un artículo único y un artículo transitorio. Las grandes empresas deberán elaborar cada año un informe que aborde el catastro de riesgos e impactos, las acciones para prevenirlos, atenuarlos y repararlos, los procedimientos de respuesta, un plan de transición frente al cambio climático y los canales de denuncia y control. La disposición transitoria entrega al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la tarea de dictar las normas necesarias para que la ley pueda aplicarse.
EXPERIENCIA COMPARADA Y PLANES DE ACCIÓN
La senadora Vodanovic sostuvo que la pregunta de fondo es qué debe hacer una empresa antes de que ocurra un daño, y repasó la regulación internacional: Francia, con un deber de vigilancia para grandes matrices desde 2017; Alemania, con exigencias de gestión de riesgos desde 2023; Noruega, con obligaciones de debida diligencia desde 2022; y la Unión Europea, cuya directiva de 2024 fue modificada en febrero de 2026 y hoy apunta a empresas de más de 5.000 trabajadores y más de 100 millones de euros de facturación mundial. Recordó también casos chilenos como Quintero y Puchuncaví, Freirina y el conflicto asociado al río Pilmaiquén, y señaló que el umbral de 200 trabajadores que propone la iniciativa es bajo, aunque forma parte del debate, igual que las facultades fiscalizadoras y sancionatorias, que son materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
El subsecretario de Derechos Humanos expuso sobre los planes de acción nacional de derechos humanos y empresas, iniciados en el gobierno de la presidenta Bachelet y continuados en las administraciones de Sebastián Piñera, Gabriel Boric y la actual. Precisó que el primer plan comprometió 146 acciones de 17 instituciones públicas, el segundo 58 acciones de 24 instituciones y el tercero, próximo a ser aprobado, considera 39 instituciones y más de 60 acciones, con cuatro objetivos: promover la conducta empresarial responsable, fomentar la diligencia, mejorar el acceso a mecanismos de reclamación y fortalecer la participación de las partes interesadas. Destacó que por primera vez se incorporan empresas públicas y que Chile ha sido reconocido en la región por la continuidad de esta política. Agregó que valora la visibilización del tema, pero estima que aún falta mayor conocimiento y sensibilización antes de avanzar en una regulación específica.
OBSERVACIONES DE LOS SENADORES
La senadora Carvajal cuestionó la distancia entre los discursos y la realidad, y pidió saber qué está haciendo la Subsecretaría de Derechos Humanos para promover la materia y dar el ejemplo. Mencionó asimetrías en el empleo de las mujeres y abusos en cadenas globales de suministro, y solicitó planes concretos de promoción y educación en derechos humanos.
El senador Espinoza valoró la exposición, pero pidió coordinación con el Ministerio del Trabajo y puso el acento en la dignidad de las personas trabajadoras. Aludió a las condiciones de quienes participan en las cosechas y a la situación de la industria del salmón, y advirtió que las acusaciones de trabajo forzoso que derivaron en aranceles de Estados Unidos se explican, a su juicio, por la adquisición de redes de cultivo en India, lo que consideró injustificable.
ACUERDO DE CITACIÓN
La comisión acordó sesionar el lunes 19 de octubre a las 15:30 horas para escuchar a representantes del empresariado y de los trabajadores y conocer experiencias de otros países. Se invitó a los senadores a sugerir expositores para esa jornada.
SITIOS DE MEMORIA
La comisión retomó el proyecto que regula las modalidades de financiamiento de los sitios de memoria y modifica la ley 17.288 sobre monumentos nacionales, boletín 17852-17. El texto ya había sido despachado, pero tres normas acordadas por la mesa de consenso requieren patrocinio del Ejecutivo, por lo que se necesita reabrir la discusión con unanimidad y votarla en la próxima sesión ordinaria, con el fin de fijar un plazo de indicaciones.
NACIONALIDAD Y DESAPARICIÓN FORZADA
En puntos varios, un senador integrante de la comisión dio a conocer el certificado de persona ausente por desaparición forzada emitido por el Registro Civil a nombre de Carlos Lorca, médico, ex diputado y dirigente de la Juventud Socialista, detenido desaparecido en 1975. Explicó que la ley 21.775, publicada el 27 de octubre de 2025, creó un registro especial público y gratuito, y que la resolución exenta 179 de la Subsecretaría de Derechos Humanos, publicada el 9 de septiembre de 2026, formalizó la nómina oficial de personas declaradas ausentes por desaparición forzada. Sostuvo que este reconocimiento otorga certeza a las familias y que la inscripción en el registro constituye un avance en las garantías de no repetición.
Por unanimidad, la comisión aprobó en general y en particular, en segundo trámite constitucional, el proyecto que rehabilita la nacionalidad chilena de Adolfo José Ochagavía, sacerdote que debió renunciar a ella en 2021 para naturalizarse en Países Bajos, por exigencias de la legislación de ese país. En la presentación de los antecedentes, el senador Espinoza explicó que la renuncia no respondió a un desapego con Chile, sino a la necesidad de contar con seguridad jurídica para desarrollar su labor religiosa y profesional, y que tras su regreso al país inició los trámites de recuperación. La senadora Carvajal votó a favor. El senador Vanilbergue también votó a favor y pidió continuar revisando los demás casos de nacionalidad pendientes.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
Acerca del Autor
