LEY DE ENTREVISTAS VIDEOGRABADAS: MENOS INTERVENCIONES Y MÁS PROTECCIÓN PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES
El programa Derecho en Movimiento dedicó su más reciente episodio a la Ley de Entrevistas Videograbadas, normativa que la conducción del espacio presentó como uno de los cambios más profundos del sistema penal desde la puesta en marcha de la reforma procesal penal.
La ley está pensada para niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos de delitos sexuales o violentos, con el fin de que puedan relatar lo ocurrido la menor cantidad de veces posible y evitar así el desgaste que suelen provocar esos procedimientos.
UNA ENTREVISTA, DOS A LO SUMO
Nelson González, coordinador nacional del Poder Judicial para la implementación de las entrevistas videograbadas, explicó en el espacio que la ley busca que la declaración ocurra como máximo en dos oportunidades: primero durante la investigación a cargo del Ministerio Público y, si el caso llega a juicio, mediante una declaración judicial en una sala especial.
El magistrado describió el cambio respecto de lo que ocurría antes, cuando el niño o adolescente era sobreinterrogado. Ahora, señaló, se apunta a reducir las intervenciones y a compatibilizar dos objetivos: proteger a la víctima de la victimización secundaria y, al mismo tiempo, obtener información útil para la investigación.
EL ROL DEL JUEZ INTERMEDIARIO
Sobre el juez intermediario, González precisó que su labor comienza recabando antecedentes de las partes, es decir, del fiscal y del defensor, acerca de aspectos personales del niño: nombre, edad, eventuales trastornos, terapias y medicamentos.
Añadió que al niño o adolescente se le explica que su participación es voluntaria y que puede negarse. Si responde que no quiere intervenir, la entrevista concluye en ese momento.
Consultado por los niños más pequeños, de cuatro o cinco años, el coordinador nacional indicó que la metodología internacional permite adaptar la intervención al entrevistado y no al revés. No se pregunta ni se habla igual a un adolescente que a un niño en edad preescolar, criterio que también alcanza a quienes presentan algún tipo de discapacidad.
COORDINACIÓN ENTRE INSTITUCIONES
El magistrado subrayó que la articulación entre instituciones resulta clave, pues el tribunal no es quien traslada al niño. Por eso se realizan audiencias de coordinación previas, en las que se fijan los accesos especiales, los horarios de llegada y otros detalles, con el objetivo de que el niño permanezca el menor tiempo posible en el edificio judicial.
Agregó que la declaración contempla una fase de cierre, con preguntas neutras sobre temas que resultan agradables para el niño, de modo que pueda abandonar la sala en un estado de mayor tranquilidad.
Frente a la consulta sobre si la victimización secundaria disminuye, el coordinador nacional respondió de manera categórica que sí, y atribuyó ese efecto a la existencia de salas estandarizadas en todo el país y al rigor metodológico de la intervención.
LA MIRADA DE LA SOCIEDAD CIVIL
El programa sumó luego la perspectiva de Isaías Guzmán, defensor de derechos humanos y representante juvenil en temas de justicia e inclusión, quien se desempeña como punto focal para América Latina y el Caribe del Grupo Principal de Niños y Jóvenes de Naciones Unidas.
Guzmán valoró la iniciativa tras recorrer los tribunales y conocer las salas. A su juicio, la justicia no se juega solo en la sentencia final, sino en todo el proceso, incluida la forma en que los niños y adolescentes participan de él.
Recordó que en el esquema anterior, a cargo de la fiscalía, la revictimización era frecuente porque el niño debía repetir su relato una y otra vez, con el desgaste que eso implica para la memoria. En contraste, destacó que el nuevo procedimiento se realice una sola vez y en un espacio acogedor.
CIFRAS Y DESAFÍOS PENDIENTES
El episodio consignó que el Poder Judicial cuenta con 159 jueces capacitados para esta tarea y que existen 138 salas habilitadas desde Arica a Punta Arenas. En 47 de ellas funcionan de manera conjunta un tribunal de juicio oral en lo penal y un juzgado de garantía.
Desde la entrada en vigencia de la ley se han realizado 5.518 declaraciones judiciales, de las cuales 4.486 fueron conducidas por jueces acreditados, lo que representa cerca del 81 por ciento del total.
En cuanto a los retos, Guzmán mencionó dos. El primero, modificar la mentalidad de quienes se resisten a las perspectivas nuevas y disruptivas. El segundo, avanzar de manera completa en la atención de niños y jóvenes con discapacidad o neurodivergencia, ámbito donde reconoce progresos, aunque todavía incompletos.
Su mensaje final fue para quienes prefieren callar. Dijo que las situaciones son difíciles, pero que el sistema de justicia constituye una buena solución, que las salas están adaptadas para acogerlos y que nadie está obligado a decir lo que no quiere ni a permanecer en el lugar si no lo desea.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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