La Comisión de Educación del Senado dedicó su sesión del 3 de agosto de 2026 a la suspensión del pago de la bonificación de zona extrema que reclaman los asistentes de la educación del Servicio Local de Educación Pública de Magallanes. La instancia, transmitida por TV Senado Chile, convocó al director nacional de Presupuestos, José Pablo Gómez, al subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, y al director subrogante de la Dirección de Educación Pública, Pedro Lara Raín.
El origen del conflicto, según explicó el director de Presupuestos, se encuentra en las negociaciones colectivas que las corporaciones municipales de Punta Arenas y Puerto Natales suscribieron antes del traspaso al sistema de educación pública. Esos acuerdos contemplaban una asignación de zona cuya exigibilidad se activaba al concretarse el traspaso.
La autoridad recordó que el artículo 42 transitorio de la ley 21.040 impide que el traspaso signifique una disminución de remuneraciones o una modificación de los derechos estatutarios y previsionales. La misma norma precisa que las condiciones pactadas antes del traspaso no son oponibles al servicio local para su exigibilidad y que su pago queda radicado en la municipalidad.
El mecanismo de financiamiento contempla que el SLEP pague la planilla complementaria a nombre del municipio, mientras la Tesorería General de la República descuenta anualmente los recursos desde las remesas del Fondo Común Municipal. El monto del descuento se determina por resolución exenta de la Dirección de Presupuestos.
En la práctica se han dictado varias resoluciones. Se mencionaron la 236, la 303, dejada sin efecto, y la 836, ejecutada por completo por unos 1.267 millones de pesos. La resolución 99 de 2026, vigente, contempla 878 millones de pesos, con un descuento efectivo de 461 millones en el caso de Puerto Natales.
LOS DICTÁMENES DE LA CONTRALORÍA
El conflicto se agudizó tras el dictamen 11 de la Contraloría General de la República, emitido a fines de enero de 2026 a raíz de un requerimiento parlamentario. El órgano contralor concluyó que el SLEP de Magallanes no está obligado a pagar la asignación convencional, porque ello configuraría un doble beneficio con la asignación de zona del artículo 47 de la ley 21.109, estatuto de los asistentes de la educación pública.
La reconsideración solicitada fue desestimada en el dictamen 330, del 17 de junio de 2026. La Contraloría no declaró ilegal la asignación pactada, pero ordenó al servicio local adoptar las medidas necesarias para el reintegro de eventuales dobles pagos y asoció esa situación a un enriquecimiento sin causa.
A ese marco se sumó la ley 21.819, vigente desde mayo de 2026. Su artículo 4° crea una bonificación de zona de origen legal, a cargo del empleador, para los asistentes de la educación de los SLEP ubicados en las zonas que la norma indica, siempre que la remuneración bruta mensual sea inferior a 1.600.000 pesos. La ley declara esa bonificación incompatible con cualquier otra asignación o bono de zona, salvo los beneficios de los artículos 44 inciso final y 47 de la ley 21.109, y exige renuncia escrita al beneficio incompatible.
POSICIÓN DEL EJECUTIVO
Tanto el director de Presupuestos como el subsecretario coincidieron en que la administración no puede pagar la asignación convencional. El primero enfatizó que no se trata de una controversia interpretativa, sino de un incumplimiento normativo: la Dirección de Presupuestos no puede actuar en contra de la ley, de los dictámenes de la Contraloría ni de lo que resuelvan los tribunales.
El subsecretario Daniel Rodríguez sostuvo que, aunque el bono no fue declarado ilegal, la prohibición de pagar dos veces por el mismo concepto impide al SLEP seguir pagándolo. Añadió que el mecanismo de descuentos del Fondo Común Municipal tiene un límite normativo y real, porque en muchos casos afecta la operación de los gobiernos locales. El jefe del sector de educación de DIPRES, Gabriel Villarruel, complementó que la situación de Magallanes es única, porque en otros servicios locales las asignaciones pactadas no coinciden con el fundamento del bono legal.
CRÍTICAS DE LA COMISIÓN
La senadora Provoste cuestionó la postura del Ejecutivo. Sostuvo que los trabajadores recibieron la asignación durante dos años y que la ley establece la posibilidad de optar entre beneficios, pero que a los funcionarios de Magallanes no se les ha hecho esa consulta. Pidió conocer quién instruyó detener el pago, en qué fecha se transferirán los recursos retenidos y cuándo se regularizarán los pagos retroactivos. Advirtió que no se trata de una controversia jurídica, sino de una discusión interpretativa frente a un dictamen vinculante.
En la misma línea, la senadora Provoste añadió que los funcionarios no pueden hacerse responsables de los acuerdos suscritos por un alcalde y recordó que el Estado de Chile ya ha sido sancionado internacionalmente por incumplimientos en materia de derechos laborales. El director de Presupuestos respondió que no existe una instrucción del SLEP para dejar de pagar, sino un problema de financiamiento municipal, y que pagar la asignación convencional junto con la legal significaría ir directamente en contra de lo que dice la Contraloría.
El senador Mirosevich preguntó si otros servicios locales enfrentan la misma circunstancia. La respuesta fue que no, porque solo Magallanes combina la asignación de zona legal con un bono pactado que tiene el mismo fundamento.
PANORAMA DE LOS SLEP
En la parte final, el director subrogante de la Dirección de Educación Pública dio cuenta de la situación de los servicios locales. Informó que 11 SLEP están en proceso de implementación para el año 2027. Dos de ellos, Valle Cachapoal y Antofagasta, venían de una postergación previa. Los otros nueve debieron invalidar concursos cerrados por una objeción de la Contraloría y están relanzando los procesos.
El subsecretario Daniel Rodríguez reconoció que los SLEP no son financieramente sustentables y arrastran sobredotación de personal y déficit de infraestructura, compensados con fondos como el FAEP y el FIGA. Valoró el desempeño de los SLEP en la emergencia meteorológica y se comprometió a presentar en la comisión una evaluación financiera de la instalación del sistema. La comisión acordó volver a reunirse el 17 de agosto para conocer esa presentación y un informe más detallado del director de Educación Pública.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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