RECHAZAN LA REFORMA QUE AMPLIABA DE 5 A 30 DÍAS LA DETENCIÓN PARA EXPULSIONES ADMINISTRATIVAS
La Sala de la Cámara de Diputados rechazó el proyecto de reforma constitucional que ampliaba de 5 a 30 días corridos el plazo de detención asociado a la ejecución de expulsiones administrativas de personas extranjeras. La iniciativa, contenida en el boletín 18314, no alcanzó el quórum exigido: se requerían al menos 89 votos favorables y la Corporación se pronunció con 88 a favor, 28 en contra y 19 abstenciones.
FALTA DE QUÓRUM Y ESCENARIOS POSIBLES
Al no reunir los votos necesarios para aprobar su idea de legislar, el texto no continúa su tramitación y deberá esperar el plazo de un año para volver a presentarse. Sin embargo, al tratarse de un mensaje, el Presidente José Antonio Kast puede solicitar que la iniciativa pase al Senado, donde requeriría la aprobación de los dos tercios de esa Corporación. De contar con ese respaldo, retornaría a la Cámara, donde sólo podría volver a desecharse con el voto de los dos tercios de los miembros presentes.
LA PRÓRROGA Y LAS REGLAS DE DETENCIÓN
El objetivo del proyecto era asegurar la ejecución efectiva de las expulsiones administrativas mediante la ampliación del tiempo en que una persona extranjera con una orden de expulsión puede permanecer detenida. El límite general de 5 días subía a 30 días corridos.
La propuesta también permitía renovar la medida hasta por tres veces consecutivas, por un período igual o inferior al decretado originalmente, siempre que resultara estrictamente necesario para asegurar el cumplimiento de la expulsión. Cada prórroga exigía autorización judicial previa, sobre la base de una solicitud fundada presentada por la autoridad administrativa y conforme a las condiciones que fijara la ley.
Además, cuando la detención tuviera por objeto permitir la solicitud de detención previa o el inicio de un procedimiento de extradición pasiva, el plazo podía llegar a 10 días, equiparándolo a lo que ocurre en el caso de conductas terroristas. Una norma transitoria disponía que el Presidente de la República debía presentar el proyecto de ley que regulara la aplicación de la reforma dentro de los seis meses siguientes a su publicación.
EL DEBATE: EFICACIA OPERATIVA FRENTE A PROBLEMAS DE GESTIÓN
En la Sala, las intervenciones a favor sostuvieron que la reforma entregaba una herramienta adicional para concretar expulsiones administrativas que hoy enfrentan dificultades operativas, y que los plazos vigentes resultan insuficientes en determinados casos.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió la iniciativa señalando que se trataba de una medida que habilitaba la ampliación, pero que ésta debía regularse posteriormente con la presentación de los proyectos de ley respectivos. Añadió que el texto establecía estándares constitucionales mínimos para las futuras regulaciones legales y que las eventuales prórrogas debían justificarse por la necesidad de ejecutar efectivamente la expulsión.
Quienes se manifestaron en contra cuestionaron que el Estado responda a problemas de gestión ampliando los períodos de detención de personas sujetas a expulsión administrativa. Advirtieron que la privación de libertad debe mantener un carácter excepcional y que la reforma no garantiza por sí sola una mejora significativa en la ejecución de estas medidas. También expresaron inquietudes respecto de las garantías judiciales, el impacto sobre grupos vulnerables como niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas o personas cuidadoras, y las condiciones materiales en que podrían cumplirse detenciones de mayor duración.
EL INFORME Y LAS INTERVENCIONES
El informe lo presentó en la Sala la diputada Lorena Fries. En el debate participaron además las y los diputados Ana María Gazmuri, Fernando Ugarte, Cristian Contreras, Pier Karlezi, Jaime Mulet, Daniel Lilayu, José Montalva, Luis Sánchez, José Antonio Kast Adriasola, Marcos Barraza, Eduardo Cretton, Eileen Urqueta, Hans Marowski, Carolina Cucumides, Juan Carlos Beltrán, Nathalie Castillo, Ricardo Neumann, Tomás Kast, Marcos Ilabaca, Constanza Hube, Carlos Carvajal, Cristian Neira, Jorge Díaz, Tatiana Urrutia, Lorena Pizarro, Álvaro Jofré, Luis Pardo, Javier Olivares, Patricio Pinilla, Jaime Araya, Sara Concha, Stephanie Jéldrez, Raúl Leiva, Ximena Naranjo, Joanna Pérez, César Valenzuela y Hotuiti Teao.
Fuente: Cámara de Diputadas y Diputados de Chile
Documento original: https://www.camara.cl/cms/2026/09/22/rechazan-reforma-que-ampliaba-plazo-de-detencion-para-expulsiones-administrativas/
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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