La Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputadas y Diputados analizó esta semana el proyecto que busca modificar la Ley General de Urbanismo y Construcciones para regular el desarrollo de zonas residenciales en el medio rural, iniciativa contenida en el boletín 17.006. En el marco de la discusión sobre el uso del suelo rural chileno, el centro del debate está en cómo frenar la proliferación de parcelaciones de origen agrícola que en los hechos se destinan a fines habitacionales, sin perder de vista el acceso a la vivienda para quienes trabajan en el campo.
La propuesta en revisión apunta a proteger los terrenos agrícolas y a poner orden en la construcción de viviendas en sectores rurales. Para ello, la norma plantea distinguir entre las subdivisiones que tienen un fin productivo y aquellas que en la práctica buscan fines habitacionales. La discusión, por ahora, se concentra en cómo compatibilizar dos necesidades que hoy parecen enfrentadas: mantener la actividad agrícola viva y permitir que las familias puedan radicarse en el mundo rural con condiciones dignas.
EL DIAGNÓSTICO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA
Uno de los momentos centrales de la sesión fue la intervención del ministro de Agricultura, Jaime Campos. La autoridad advirtió sobre el uso frecuente y excesivo de los instrumentos legales que permiten subdividir predios agrícolas en parcelas o lotes de cinco mil metros cuadrados o más. Esa herramienta, pensada originalmente para fines productivos, se ha transformado en una vía indirecta para generar suelo habitacional.
Según los antecedentes entregados por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, conocida como ODEPA, entre 200 mil y 300 mil hectáreas de un universo de 1,8 millones de hectáreas de terreno agrícola se encuentran actualmente subdivididas. La magnitud del fenómeno es aún más clara si se observa la evolución reciente: entre 2021 y 2022 se registró un incremento de parcelaciones rurales superior a los 70 mil lotes o propiedades sujetos a procesos de subdivisión.
El ministro añadió que muchos de esos lotes hoy no cumplen fines agrícolas, sino habitacionales. En esa línea, lamentó que los problemas de habitabilidad en el mundo rural no se estén resolviendo a través de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, sino indirectamente, mediante la subdivisión de terrenos que deberían conservar su vocación productiva.
LA PROPUESTA DE VILLORRIOS RURALES
Frente a ese escenario, la cartera de Agricultura considera interesante que la norma en debate incorpore el concepto de residencias o villorrios rurales. La idea es generar una categoría propia que permita el acceso a viviendas para quienes trabajan en el campo, pero con estándares adecuados.
El ministro Campos precisó que dichas residencias rurales deben contar con servicios básicos, accesibilidad y seguridad. Además, planteó que si se subdividen terrenos agrícolas, se debe garantizar que mantengan su uso productivo. En otros términos, la subdivisión no puede implicar la pérdida irreversible de suelo agrícola, sino que debe convivir con una regulación que resguarde la actividad.
En ese mismo plano, la autoridad informó que su cartera está en conversaciones con el Ministerio de Vivienda para determinar cuál será la posición conjunta del Ejecutivo respecto del proyecto. Esa coordinación ministerial aparece como un factor decisivo para que la iniciativa pueda traducirse en una regulación coherente.
LAS INQUIETUDES DE LOS PARLAMENTARIOS
Durante el debate, las y los parlamentarios coincidieron en la necesidad de avanzar en una regulación que permita ordenar las subdivisiones y el desarrollo habitacional. El punto de partida es compartido: el crecimiento de parcelaciones rurales se ha producido sin una adecuada planificación y eso está generando consecuencias concretas sobre el territorio y sobre las personas.
Entre las principales inquietudes planteadas en la comisión, se puntualizó que se está construyendo en sectores que carecen de servicios básicos, conectividad, transporte, acceso a salud y educación. A esa lista se suman las dificultades para enfrentar emergencias y los problemas relacionados con el tratamiento de aguas servidas. Se trata, en definitiva, de asentamientos que nacen al margen de la lógica urbana y que terminan trasladando a sus habitantes carencias que el Estado no alcanza a cubrir.
Pese a ese diagnóstico crítico, los legisladores reconocieron que se debe abordar el acceso a la vivienda y apoyar a las familias que buscan permanecer en el campo. La discusión, por lo tanto, no se plantea en términos de impedir que la gente viva en sectores rurales, sino de garantizar que lo haga en condiciones adecuadas.
CENTROS POBLADOS Y PARTICIPACIÓN MUNICIPAL
Una de las líneas que tomó fuerza en la sesión fue la necesidad de que las soluciones habitacionales se desarrollen de manera planificada. En ese marco, se planteó avanzar hacia la creación de pequeños centros poblados o villorrios que cuenten con condiciones adecuadas de habitabilidad, con una mayor participación de los municipios.
La idea de fondo es que el desarrollo residencial en el mundo rural no siga dependiendo de la figura de la parcelación agrícola, sino que cuente con instrumentos propios, pensados para la realidad del campo y con servicios básicos garantizados desde su origen. Esa planificación contempla una mayor participación de los municipios.
Por último, las y los parlamentarios coincidieron en la necesidad de una mayor coordinación entre los ministerios de Agricultura y Vivienda para compatibilizar la protección de la actividad agrícola con las necesidades habitacionales de las familias que viven y trabajan en el medio rural. La discusión, mientras tanto, sigue abierta en la comisión.
Fuente: Cámara de Diputadas y Diputados de Chile
Documento original: https://www.camara.cl/cms/2026/09/09/agricultura-analiza-regulacion-de-parcelaciones-rurales/
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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