La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado sesionó el 9 de septiembre en Valparaíso para analizar el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, y que busca obligar a los operadores de transporte público mayor a contar, en sus terminales, con instrumentos de control del consumo de alcohol y drogas por parte de los conductores. Al término de la jornada, la instancia acordó someter la iniciativa a votación general en la próxima sesión y luego remitirla a la Comisión de Trabajo.
La sesión, transmitida por TVSenado Chile, contó con la participación de la gerente general de la Asociación Nacional de Buses Interprovinciales, Internacionales, Industriales y Privados (ABI), Carolina Navarrete, y del representante del gremio Rodrigo Lepín. El proyecto reúne los boletines 16.853-15 y 16.872-15 y fue aprobado por la Cámara de Diputados el 3 de marzo de 2026.
REPAROS DE LA INDUSTRIA
Los invitados señalaron que comparten el objetivo de fondo de la iniciativa, vinculado a la seguridad vial, pero advirtieron que el texto aprobado contiene problemas normativos que podrían afectar la certeza jurídica del régimen y su implementación práctica.
Uno de los primeros cuestionamientos apuntó a la contradicción entre la obligación de testear a todo el personal de conducción y la delegación al reglamento de la definición de criterios objetivos y despersonalizados de selección de los trabajadores sujetos a las pruebas. Según la ABI, si la ley ordena una cobertura universal, la selección carece de sentido práctico.
También se observó una tensión entre la periodicidad fijada por ley, de controles cada cuatro meses dentro de un año calendario, y la facultad reglamentaria para regular la frecuencia de las pruebas. El gremio estimó que ambas reglas pueden generar un conflicto de jerarquía normativa e incertidumbre operativa para las empresas.
En materia de protección de datos, los expositores recordaron que el proyecto califica los resultados de los exámenes como datos sensibles conforme a la ley N° 19.628 y que invoca la ley N° 20.584 y el artículo 154 del Código del Trabajo. No obstante, la iniciativa exige remitir al Ministerio de Transportes un registro individualizado con los resultados, lo que en la práctica debilitaría el resguardo que la propia norma reconoce. La ABI propuso que las empresas informen mediante una certificación de la entidad que toma las pruebas, sin entregar resultados nominativos.
Se sumó la preocupación por la carga operativa de realizar tres controles anuales al total de la dotación, considerando que el sector incluye desde empresas con cuatro trabajadores hasta compañías con más de dos mil, y por la ambigüedad del régimen sancionatorio: la multa de 2 a 10 UTM se aplica por cada ocasión en que se verifique el incumplimiento, pero la ley no precisa qué debe entenderse por ocasión. Esto podría provocar criterios dispares entre los juzgados de policía local.
El gremio también pidió regular los efectos laborales de un resultado positivo confirmado mediante contramuestra y definir quién asume su costo, además de condicionar la entrada en vigencia de la ley a la existencia de una red de laboratorios certificados en todas las capitales regionales. En su presentación, los representantes plantearon que la regulación debería atender criterios de riesgo como rutas nocturnas, largas distancias o la estabilidad previa del conductor.
DUDAS SOBRE COSTOS Y DATOS SENSIBLES
Rodrigo Lepín se detuvo en las consecuencias laborales de los controles. Explicó que varias empresas del rubro aplican exámenes de alcohol y drogas y que, ante resultados positivos, han recurrido al despido por incumplimiento grave, decisión que en numerosos casos ha sido validada por los tribunales. A su juicio, la norma que limita el uso de los resultados a fines de prevención y seguridad podría interpretarse como una barrera para el ejercicio de las facultades disciplinarias del empleador.
Una parlamentaria consultó directamente si la ABI apoyaba o rechazaba el proyecto. Carolina Navarrete respondió que el gremio está de acuerdo con que exista una iniciativa de este tipo, aunque considera que el texto actual tiene falencias que deben corregirse antes de su aprobación.
El senador Kusanovic manifestó su preocupación por el impacto económico de la medida sobre la operación de los buses y por el posible aumento de costos para los pasajeros. En ese contexto, Navarrete señaló que una contramuestra de narcotest puede costar entre 300 mil y 400 mil pesos y recordó que el combustible representa más del 30% de los costos de operación del sector. También mencionó un estudio elaborado con el Automóvil Club de Chile según el cual el 0,4% de las muertes por accidentes de tránsito en el país tiene origen en buses de pasajeros.
ACUERDO DE LA COMISIÓN
La presidenta de la comisión sostuvo que el proyecto, conocido por el nombre de un joven fallecido en la región de Valparaíso, debe seguir avanzando, pero reconoció que requiere ajustes. El representante del Ejecutivo valoró la exposición y se mostró disponible para trabajar las enmiendas necesarias.
Finalmente, se acordó votar el proyecto en general en la sesión del 23, tras la semana regional, y despacharlo a la Comisión de Trabajo para que allí se resuelvan las materias pendientes. También se acordó invitar al ministro de Transportes y Telecomunicaciones para informar sobre el avance de los reglamentos del cabotaje y de las aplicaciones de transporte tipo Uber.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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