Dos ofensivas parlamentarias avanzan en paralelo contra las administradoras de fondos de pensiones. Mientras un grupo de diputados de oposición acudió a la Superintendencia de Pensiones para exigir antecedentes sobre la indicación que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast incorporó a la reforma al mercado de capitales y que habilitaría a las AFP para gestionar recursos destinados al ahorro para la vivienda, otro bloque de parlamentarios pidió a la Fiscalía que designe un fiscal con dedicación exclusiva para investigar eventuales delitos cometidos por ejecutivos de las administradoras.
LA CONSULTA AL REGULADOR
La gestión ante la Superintendencia apunta a establecer si el Ministerio de Hacienda consultó al organismo regulador antes de incluir la norma, que fue aprobada esta semana en la Comisión de Hacienda por nueve votos contra cuatro.
El diputado Juan Santana (PS) explicó el sentido de la diligencia: «Queremos preguntarle a la Superintendencia con qué criterio el Gobierno, y si es que le consultó, autorizó la posibilidad de que esta indicación fuese incorporada en esta reforma».
LA LEGALIDAD DE LA INDICACIÓN
Santana también puso en duda la legalidad de la medida. Recordó que, según su planteamiento, el D.L. 3.500 fija como función de las AFP administrar las cuentas de los trabajadores para fines previsionales. «Pero ahora, clandestinamente, el Gobierno le está entregando la posibilidad ahora de administrar los fondos que los chilenos y chilenas reúnen para acceder a una vivienda», apuntó.
LAS PÉRDIDAS DE LOS FONDOS
La diputada Irací Hassler (PC) sostuvo que la propuesta resulta contradictoria con los cuestionamientos surgidos por las pérdidas de los fondos de pensiones y advirtió sobre los riesgos de extender las actividades de las administradoras. «En este contexto, aunque el gobierno dice que no le es indiferente esta situación, al mismo tiempo señala que se amplíe el giro de las AFP», cuestionó.
La parlamentaria describió la indicación como «un caballo de Troya dentro de la reforma al mercado de capitales», al estimar que amplía el negocio de las administradoras en medio de las críticas a su desempeño. Añadió que la Superintendencia debe aclarar qué antecedentes manejaba sobre los riesgos de inversión, cuántas personas resultaron afectadas y qué medidas se contemplan para restituir los recursos.
Por su parte, la diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista) cuestionó que el Ejecutivo impulse la modificación mientras persisten los reparos por las pérdidas que han afectado a los afiliados, en especial a quienes optaron por fondos conservadores y están próximos a jubilar. «¿Qué certeza, qué garantía de que esos ahorros van a estar bien resguardados frente a la experiencia que estamos viviendo hoy con lo que ha pasado con los fondos?», planteó. Calificó la iniciativa como un «escándalo» y criticó que la ampliación de funciones de las AFP se incorpore en la reforma al mercado de capitales.
PEDIDO DE UN FISCAL EXCLUSIVO
Los diputados de la Bancada PPD-Independientes Jaime Araya, José Montalva y Héctor Ulloa, junto a los socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, solicitaron a la Fiscalía la designación de un fiscal con dedicación exclusiva para investigar eventuales delitos cometidos por ejecutivos de las AFP.
Montalva sostuvo que la investigación debe determinar si existieron delitos y quiénes deberían responder económicamente por las pérdidas. «Y aquí, si es que existe un delito, son las AFP que deben pagar hasta el último peso que se haya perdido a los afiliados», afirmó. Precisó que la denuncia busca investigar la eventual existencia de delitos y no dar por acreditada su comisión, y que deben examinarse las decisiones de las administradoras para establecer si privilegiaron sus propios intereses por sobre los de los afiliados.
Manouchehri defendió la solicitud de una investigación penal y afirmó que las eventuales responsabilidades deben establecerse. «Nosotros tenemos la convicción que el portonazo de las AFP se debe investigar a fondo», señaló. También criticó la respuesta del Gobierno frente a las pérdidas previsionales: «No ha tenido la capacidad tampoco de plantear más allá de solo palabrerío cómo se va a devolver ese dinero a los chilenos».
APLICABILIDAD PARA ABOGADOS
La tramitación descrita ofrece a los abogados que siguen la reforma al mercado de capitales dos cursos de acción distintos. Uno es el control parlamentario sobre el proceso regulatorio: la pregunta por la consulta al regulador antes de incorporar la indicación y por su encaje en el D.L. 3.500. El otro es la vía penal, donde la solicitud de un fiscal exclusivo se formula expresamente como indagación de delitos eventuales, no acreditados.
En nuestra lectura, la presión parlamentaria simultánea sobre el regulador y sobre la Fiscalía parece leerse como una señal de que el debate acerca de las funciones de las AFP se corrió desde la discusión de la reforma hacia la verificación de procedimientos y de responsabilidades. Sería prudente, en todo caso, distinguir esos planos: lo que está sobre la mesa es una indicación y una solicitud de investigación, no una calificación de conductas.
Fuente: radio.uchile.cl
Documento original: https://radio.uchile.cl/2026/10/22/las-afp-bajo-presion-oposicion-cuestiona-nuevos-negocios-y-pide-investigar-perdidas-de-los-fondos/
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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