ParlAmericas aborda evaluación penal, violencia criminal y protección de mujeres y niños
Legislar con evidencia, evaluar excepciones penales y proteger a mujeres, niñas, niños y adolescentes marcaron la jornada vespertina del Segundo Encuentro de la Red Parlamentaria de Seguridad de ParlAmericas, el 22 de octubre de 2026. TV Senado Chile transmitió las exposiciones de Máximo Mequer, Ana Elena Ovando Mendoza, Rodrigo Nakada Castro y Sara Rodríguez. Caroline Strange Sandy moderó la última sesión, con Nakada Castro y Rodríguez.
Mequer, program manager de Copolad, explicó que ese programa de cooperación en políticas de drogas entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea inició su tercera edición en 2021. Abarca 32 países, cerca de 23 millones de euros y cuatro componentes: observatorios y alertas tempranas; reducción de la demanda; narcotráfico, lavado de activos y violencia; y diálogo político.
Sostuvo que América Latina registra cerca de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes, frente a uno o dos en Europa. Añadió que el narcotráfico genera violencia, pero que la respuesta también puede producirla. Sobre jóvenes, dijo que no solo son reclutados: también ingresan a mercados criminales por falta de oportunidades, estatus o protección.
Copolad impulsa un estudio regional coordinado por el Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con casos en Argentina, Brasil, México y el Caribe. La meta es construir un modelo participativo para reducir violencia y reclutamiento.
BIENES CONFISCADOS Y LEGALIDAD
La segunda línea de Copolad es el uso social de bienes confiscados. Mequer citó la ley italiana 109 de 1996, que permite destinar bienes secuestrados a proyectos públicos o sociales. Recordó que una directiva europea de 2024 recoge ese enfoque y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo abordó en la resolución 1 de 2026.
El uso social apunta a afirmar la legalidad, restituir recursos al territorio y recuperar presencia estatal. Se mencionaron colaboraciones con Colombia y con el fondo de bienes decomisados de Uruguay, dependiente de la Junta Nacional de Drogas.
MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Ana Elena Ovando Mendoza, asesora legal de Equality Now para América Latina y el Caribe, advirtió que la seguridad no debe construirse a costa de los derechos humanos ni trasladar a las personas la responsabilidad de protegerse. Sostuvo que el crimen organizado ha penetrado poderes del Estado y que la respuesta exige perspectiva de género e interseccional.
Describió violencias físicas, sexuales, psicológicas, económicas y digitales, además de trata, explotación sexual, reclutamiento y extorsión territorial armada. Mencionó un estudio de la OEA de 2023 sobre Guatemala, El Salvador y Honduras, donde las maras ejercen violencia sexual contra niñas y adolescentes. También aludió a desplazamiento forzado, feminicidios, falta de albergues y revictimización.
Entre los factores de riesgo citó edad, pobreza extrema, migración, discapacidad y diversidad sexual. Denunció que mecanismos de denuncia pueden estar infiltrados por el crimen organizado. Con ParlAmericas, su organización elaboró una guía para legislar sobre violencia sexual basada en consentimiento y prepara, junto con UNICEF y UNPA, lineamientos sobre matrimonio y uniones infantiles forzadas.
JUSTICIA PENAL E INFANCIA
Rodrigo Nakada Castro, del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, presentó un estudio sobre reformas que excepcionan el proceso penal. Según CEJA, el 61,2% de las reformas regionales son ajustes parciales e incrementales. En crimen organizado, esas normas suelen ser punitivas e incorporar técnicas especiales, agentes encubiertos, reserva de identidad, prisión preventiva oficiosa, comiso sin condena o estados de excepción.
Planteó que las leyes penales tienen costos en derechos fundamentales y que el juicio de proporcionalidad queda vacío sin evaluación. Criticó la legislación simbólica y llamó a exigir evaluación ex ante y ex post. Puso como ejemplo a Suecia, con comités ministeriales, consulta obligatoria y un consejo nacional de prevención del delito, y advirtió que crear fiscalías no basta sin presupuesto, tiempo y seguimiento.
Sara Rodríguez, del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, expuso cómo la criminalidad afecta a la infancia. Señaló que niñas y adolescentes sufren violencia sexual persistente, mientras los varones adolescentes concentran homicidios. El reclutamiento puede comenzar entre los 8 y 12 años y se expresa en vigilancia, transporte, delitos menores o sicariato.
Advirtió sobre el estrés tóxico, la normalización de la violencia y la estigmatización de adolescentes en contacto con la justicia. Recomendó fortalecer sistemas locales de protección, protocolos, especialización judicial, datos y alertas tempranas, financiamiento sostenible y participación infantil. En el diálogo se mencionó Panamá como experiencia de consulta vinculada a una estrategia de seguridad ciudadana.
En nuestra lectura, la jornada deja una advertencia útil para el debate parlamentario: la eficacia de una ley de seguridad no se mide solo por su aprobación, sino por su capacidad de proteger derechos y de ser revisada con información. Sería prudente traducir ese enfoque en mecanismos de seguimiento concretos.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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