Fiscalización del CPLT: solo tres de 50 municipios con planes de inversión rinden cuenta del uso de los aportes inmobiliarios
Solo tres de los 50 municipios que publicaban planes para invertir los aportes que reciben de proyectos inmobiliarios mantenían disponibles las rendiciones anuales que permiten conocer qué ocurrió con esos recursos. Esa es la principal conclusión de una fiscalización extraordinaria del Consejo para la Transparencia (CPLT) sobre las 345 municipalidades del país, realizada durante enero y febrero de 2026, que arroja un 6% de cumplimiento en esa categoría de información.
De las 345 municipalidades fiscalizadas, 50 publicaban sus planes de inversión y solo tres conservaban a la vista las rendiciones anuales. En los otros 47, equivalentes al 94%, no fue posible encontrar una rendición pública que detallara cuánto se recaudó, cómo se utilizaron los aportes, qué obras fueron financiadas o si existían recursos pendientes de ejecución.
EL ALCANCE DE LA REVISIÓN
El ejercicio examinó diez categorías de información que normas distintas de la Ley de Transparencia obligan a publicar a las municipalidades. Entre ellas figuran los planes de inversión en infraestructura de movilidad y espacio público y las rendiciones anuales sobre el uso y la situación de los aportes recaudados.
QUÉ EXIGE LA LEY 20.958
Cuando un proyecto inmobiliario genera ciertos efectos en su entorno, la Ley N°20.958 establece que debe realizar aportes en dinero o terrenos a la municipalidad respectiva para mejorar la infraestructura de movilidad y los espacios públicos. Esos recursos pueden financiar veredas, ciclovías, áreas verdes, cruces peatonales, calles, luminarias, paraderos, señalética y otras obras para la comunidad.
La misma normativa obliga a los municipios a elaborar un Plan de Inversiones en Infraestructura de Movilidad y Espacio Público, que describe y prioriza los proyectos en esta materia, y a publicar una rendición anual sobre el uso y la situación de los aportes recaudados.
SOLO TRES MUNICIPIOS RINDEN CUENTA
La fiscalización detectó rendiciones únicamente en Hualpén, Punta Arenas y Renca. Hualpén publicaba documentos correspondientes a 2024, 2025 y enero de 2026; Renca mantenía antecedentes actualizados hasta 2025; y en Punta Arenas la última rendición disponible correspondía a 2023.
El informe precisa que la falta de publicación no permite concluir por sí sola que los aportes hayan sido utilizados para fines distintos a los que dispone la ley. Lo que impide es que las personas conozcan su destino y puedan verificar si las obras comprometidas se realizaron.
LA ADVERTENCIA DEL CONSEJO
La presidenta del CPLT, Natalia González, afirmó que «las personas tienen derecho a saber si su municipio recibió recursos, cuánto recibió, qué obras se financiaron y qué dinero continúa disponible». La autoridad añadió que «sin esa información, se dificulta gravemente el control ciudadano sobre recursos destinados a mejorar los barrios».
EL CONTRASTE CON EL MINVU
La revisión contrastó además los antecedentes municipales con la información entregada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Según ese registro, 45 municipalidades contaban con planes de inversión aprobados, pero cinco no los publicaban en sus páginas institucionales ni en sus portales de transparencia: Rengo, Requínoa, Santa Cruz, Temuco y Traiguén.
OTROS HALLAZGOS
A partir de información entregada por la Subsecretaría de Transportes, el CPLT detectó que 292 de los 295 municipios que registraban informes de impacto de proyectos inmobiliarios en el tránsito no publicaban esos documentos.
En inclusión laboral de personas con discapacidad, solo 37 de las 332 municipalidades obligadas difundieron su informe de 2024. En materia de niñez, de 147 municipios que informaron haber sesionado en las mesas de articulación interinstitucional de niñez que exige la ley, 93 no publicaron sus actas y otros 11 mantenían documentos desactualizados.
ATRIBUCIONES DEL CONSEJO
El Consejo para la Transparencia es el organismo autónomo encargado de promover y fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y garantizar el derecho de las personas a acceder a información pública. Cuando se comprueban infracciones, previa investigación sumaria, puede aplicar multas de entre el 20% y el 50% de la remuneración mensual de la autoridad y/o funcionario responsable, según sea el caso.
En nuestra lectura, el hallazgo central de esta fiscalización no está en la existencia de los aportes, sino en la imposibilidad de reconstruir públicamente su destino con la información que los propios municipios mantienen a la vista. Parece razonable, entonces, que la discusión se concentre en el deber de publicar rendiciones completas y no solo en la elaboración de los planes de inversión.
Fuente: Consejo para la Transparencia
Documento original: https://www.consejotransparencia.cl/fiscalizacion-cplt-solo-el-6-de-los-municipios-con-planes-de-inversion-en-espacio-publico-transparenta-como-usa-los-aportes-que-por-ley-reciben-de-proyectos-inmobiliarios/
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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