La Corte Suprema tiene la última palabra sobre las indemnizaciones por más de $13 mil millones fijadas por la justicia por hechos ocurridos al interior de un recinto penal. La Tercera Sala del máximo tribunal debe decidir si mantiene, modifica o anula los montos por más de $13 mil millones que la Corte de Apelaciones de Santiago estableció para los familiares de las 81 personas que murieron en el incendio de la cárcel de San Miguel, ocurrido el 8 de diciembre de 2010.
El caso, informado por Radio Biobío, continúa pendiente y ha sido postergado en reiteradas oportunidades por la Tercera Sala. En esa instancia confluyen dos ofensivas: la del Consejo de Defensa del Estado (CDE), que busca el rechazo de la demanda, y la de las propias familias, que discuten la manera en que se acreditaron los daños sufridos.
LA TRAGEDIA
La causa civil se remonta a la madrugada del 8 de diciembre de 2010, cuando una pelea entre internos derivó en un incendio que provocó la muerte por asfixia de 81 reclusos. De forma paralela, la investigación penal llevó a juicio a ocho funcionarios de Gendarmería, quienes resultaron absueltos en 2014.
![[REVISAR] Corte de Santiago eleva a 30 millones indemnización por daño moral a víctima de tortura](https://veredictum.cl/wp-content/uploads/2026/10/veredictum-50664-300x169.jpg)
EL RECORRIDO JUDICIAL
Las compensaciones iniciales fueron determinadas por el 7° Juzgado Civil de Santiago y rondaban los $3.800 millones. En julio de 2024, la Corte de Apelaciones de Santiago elevó esa cifra a más de $13 mil millones, en una resolución que beneficia a más de 300 familiares de los fallecidos y a 13 sobrevivientes que sufrieron lesiones.
LAS CIFRAS EN DISPUTA
Para padres, hijos y parejas que acreditaron su vínculo afectivo, las indemnizaciones pasaron de $30 millones a $80 millones. En el caso de los hermanos, subieron de $5 millones a $25 millones. El tribunal de alzada consideró que las sumas anteriores resultaban insuficientes para compensar los daños de los familiares. Además, reconoció el derecho a indemnización de otras 18 personas y de cuatro convivientes que en primera instancia habían quedado excluidos.
LA POSTURA DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO
Ante el máximo tribunal, el CDE pidió rechazar la demanda. Para sostener esa posición argumentó que las condiciones del recinto penitenciario respondían a decisiones presupuestarias y que el incendio fue iniciado por los propios internos. Sobre esos dos planteamientos se construye la defensa del órgano estatal en esta etapa del proceso.
LOS RECURSOS DE LAS FAMILIAS
Los recursos presentados por las familias apuntan, en cambio, a los montos. Algunos de sus representantes alegan que se descartaron indebidamente informes psicológicos que acreditaban los daños de los demandantes. Ese cuestionamiento se dirige a la base probatoria con la que se fijaron las sumas y no a la procedencia de la indemnización en sí misma.
LA DECISIÓN QUE FALTA
La Tercera Sala deberá resolver si mantiene, modifica o anula las indemnizaciones establecidas en segunda instancia. La causa sigue así a la espera de una definición, mientras los montos fijados en julio de 2024 permanecen sujetos a lo que resuelva el máximo tribunal.
En nuestra lectura, la coincidencia de dos frentes de impugnación, el del Estado y el de las familias, muestra la complejidad de un caso que acumula años sin definición. Parece razonable que la decisión de la Tercera Sala entregue certeza sobre los montos en disputa, sin perder de vista la reparación de quienes acreditaron sus vínculos con las víctimas.
Fuente: CNN Chile
Documento original: https://www.cnnchile.com/pais/indemnizaciones-por-hasta-13-mil-millones-corte-suprema-debera-definir-montos-que-se-pagaran-a-familias-de-81-muertos-en-incendio-en-carcel-de-san-miguel/
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
Acerca del Autor
