El Senado despachó a ley el proyecto que perfecciona el procedimiento de expulsión administrativa de personas extranjeras. La Sala de la Cámara Alta ratificó este martes, con 37 votos a favor y 1 abstención, el informe de la comisión mixta que resolvió las discrepancias con la Cámara de Diputados, instancia que acordó aumentar de tres a cinco años el plazo mínimo de prohibición de reingreso al territorio nacional y otorgar mayores facultades a los organismos públicos que participan del proceso.
De acuerdo con el contenido de la iniciativa, la legislación busca mejorar la ejecución de los procesos de expulsión y robustecer el registro de datos biométricos de extranjeros que se encuentren en situación migratoria irregular.
LA RATIFICACIÓN DE LA SALA
La votación tuvo por objeto el informe de la comisión mixta que zanjó las diferencias surgidas entre ambas cámaras en torno a esta iniciativa. Ese respaldo mayoritario, con una única abstención, permitió que el proyecto quedara despachado a ley.
Durante el debate, los legisladores resaltaron que la instancia alcanzó una serie de acuerdos, entre ellos el aumento del plazo mínimo de prohibición de reingreso para las personas extranjeras que hayan sido objeto de una medida de expulsión administrativa, que pasa de tres a cinco años.
MAYORES FACULTADES Y REGISTRO BIOMÉTRICO
El texto otorga mayores facultades a los organismos públicos competentes que intervienen en el procedimiento de expulsión administrativa. A ello se suma el propósito de robustecer el registro de datos biométricos de las personas extranjeras que se encuentren en situación migratoria irregular.
En la misma línea, se valoró que se podrá solicitar información para notificar los procedimientos de expulsión, punto que apunta a facilitar el desarrollo de las distintas etapas del trámite.
INGRESO A DOMICILIO CON AUTORIZACIÓN JUDICIAL
Uno de los puntos destacados durante el debate fue la facultad que tendrá la Policía de Investigaciones (PDI). Según lo recogido en la discusión, el organismo podrá solicitar por escrito una autorización al juez de garantía para ingresar a un domicilio con el único fin de aprehender a una persona que cuente con una orden de expulsión firme y ejecutoriada.
Se trata, conforme a lo expuesto en el debate parlamentario, de una actuación acotada a ese objetivo específico y supeditada a la entrega de una autorización judicial.
LAS EXCLUSIONES QUE CONSIDERA LA NORMATIVA
Los legisladores recordaron que la medida excluye a niños, niñas y adolescentes, así como a establecimientos educacionales y de salud. La referencia a esos grupos y recintos quedó consignada en la discusión de la Sala, sin que se detallaran otros alcances sobre su aplicación.
EL PAPEL DE LA COMISIÓN MIXTA
La senadora Danisa Astudillo, presidenta de la comisión mixta, destacó que la instancia incluyó recomendaciones de la Corte Suprema y del Ministerio Público.
El despacho a ley se produjo tras el acuerdo alcanzado en la comisión mixta, que resolvió las diferencias entre ambas cámaras y fijó los términos definitivos del proyecto en materias como el plazo de prohibición de reingreso, la notificación de los procedimientos y el acceso a domicilios con autorización judicial.
En nuestra lectura, el aumento del plazo de prohibición de reingreso y la intervención del juez de garantía para ingresar a un domicilio aparecen como los puntos que más precisión exigirán en su aplicación práctica. Parece razonable, además, que la conversación pública sobre esta ley se detenga en cómo se notifican los procedimientos y en los límites fijados para la aprehensión, aspectos que estuvieron presentes en el debate parlamentario.
Fuente: radio.uchile.cl
Documento original: https://radio.uchile.cl/2026/10/21/senado-despacha-a-ley-proyecto-para-agilizar-las-expulsiones-administrativas/
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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