El Senado aprobó esta tarde el proyecto que perfecciona el procedimiento de expulsión administrativa de extranjeros infractores de la ley. La votación terminó con 37 votos a favor y una abstención, de modo que la iniciativa quedó despachada del Congreso. Con ello se cierra una tramitación que incluyó el paso por una comisión mixta.
El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, destacó la aprobación y se refirió al recorrido del texto. Señaló que el proyecto presentado fue mejorado por el actual Ejecutivo y que la instancia bicameral acordó por la unanimidad de sus integrantes una serie de medidas orientadas a «agilizar las expulsiones administrativas, dar seguridad jurídica y de esa manera hacerlas más efectivas».
El secretario de Estado también reconoció las dificultades previas. Consultado sobre el punto, sostuvo que «había una serie de dificultades» antes de la tramitación de la iniciativa.
CONTROL JUDICIAL PREVIO PARA EL INGRESO AL DOMICILIO
Uno de los ejes del proyecto es facilitar la ubicación y detención de extranjeros con órdenes de expulsión vigentes. Para eso, la Policía de Investigaciones (PDI) solicitará a un juez de garantía autorización para ingresar al domicilio donde se encuentre la persona y detenerla.
El magistrado deberá resolver esa solicitud en un plazo de 24 horas, lo que establece un control judicial previo a la diligencia. La exigencia de autorización judicial aparece así como el resguardo que el texto fija para el ingreso al domicilio.
INFORMACIÓN DE PARTICULARES Y SUS LÍMITES
El Servicio Nacional de Migraciones podrá solicitar a particulares, empresas y funcionarios públicos información para ubicar a personas en situación migratoria irregular. La facultad, sin embargo, contempla restricciones.
El proyecto prohíbe obtener datos desde establecimientos de salud y recintos educacionales, así como respecto de menores de edad. Esos límites quedan expresados en el texto aprobado.
NUEVAS HERRAMIENTAS PARA LOS PROCEDIMIENTOS
La iniciativa incorpora instrumentos destinados a agilizar los procedimientos migratorios. Entre ellos figuran el registro biométrico obligatorio para infractores mayores de edad, las notificaciones electrónicas y tácitas, y la posibilidad de retener documentos de viaje.
Se trata de mecanismos que apuntan a la identificación de las personas afectadas por un procedimiento y a la realización de las comunicaciones dentro del mismo.
RECLAMACIÓN MÁS BREVE Y SIN EFECTO SUSPENSIVO
Otro de los cambios se refiere al plazo para presentar una reclamación, que se reducirá de diez a cinco días. A ello se suma una modificación en el efecto del recurso judicial.
El texto establece que el recurso ya no suspenderá automáticamente la ejecución de la medida. En la práctica, presentar una reclamación no bastará, por sí sola, para detener el procedimiento de expulsión.
CAUSALES Y PROHIBICIÓN DE REINGRESO
El proyecto amplía las causales de expulsión administrativa al incorporar las graves afectaciones al orden público. También aumenta de tres a cinco años el período mínimo de prohibición de reingreso a Chile.
Además, se dispone que las órdenes de expulsión permanecerán vigentes hasta que sean ejecutadas. De este modo, la orden dictada no pierde fuerza por el paso del tiempo mientras no se materialice.
APLICABILIDAD PARA ABOGADOS
El texto aprobado contiene disposiciones sobre el procedimiento de expulsión administrativa. El plazo para presentar una reclamación se reduce de diez a cinco días y el recurso judicial ya no suspende automáticamente la ejecución de la medida, de modo que su interposición no detiene por sí sola el procedimiento.
En la ejecución, la PDI solicitará autorización a un juez de garantía para ingresar al domicilio donde se encuentre la persona y detenerla, y el magistrado deberá resolver en un plazo de 24 horas, lo que establece un control judicial previo. La facultad del Servicio Nacional de Migraciones de pedir información a particulares, empresas y funcionarios públicos queda limitada por la prohibición de obtener datos desde establecimientos de salud y recintos educacionales, y respecto de menores de edad.
El proyecto también contempla el registro biométrico obligatorio para infractores mayores de edad, las notificaciones electrónicas y tácitas y la retención de documentos de viaje. Además, incorpora las graves afectaciones al orden público como causal de expulsión administrativa, aumenta de tres a cinco años el período mínimo de prohibición de reingreso a Chile y establece que las órdenes de expulsión permanecerán vigentes hasta que sean ejecutadas.
En nuestra lectura, el respaldo obtenido en el Senado muestra que la discusión migratoria se está desplazando hacia el diseño de procedimientos más expeditos, con un control judicial acotado a la autorización de ingreso al domicilio. Parece prudente seguir con atención cómo se aplican herramientas como el registro biométrico, las notificaciones tácitas y la retención de documentos, por el impacto que pueden tener en la posición de quienes enfrentan un procedimiento de expulsión.
Fuente: CNN Chile
Documento original: https://www.cnnchile.com/pais/proyecto-que-agiliza-expulsiones-de-extranjeros-infractores-se-convierte-en-ley/
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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