El Gobierno envió al Senado un proyecto de ley que extiende los bonos de la Ley 21.811, crea un nuevo beneficio para pescadores artesanales y amplía el plazo para capitalizar el Fondo de Garantías para Pequeños Empresarios, FOGAPE, en un intento por contener los efectos de la crisis energética internacional sobre los sectores productivos más expuestos.
La iniciativa, contenida en el Boletín N° 18.684-05 y firmada por el Presidente de la República, José Antonio Kast Rist, junto al Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz Castro, fue ingresada el 29 de septiembre de 2026 y responde a un escenario que, según el Ejecutivo, se ha deteriorado más allá de lo previsto cuando se aprobó la Ley 21.811. El conflicto bélico desatado en Medio Oriente a fines de febrero de 2026, que provocó un alza del 70 por ciento en los combustibles durante sus primeras tres semanas, lejos de normalizarse, se ha profundizado con el cierre del estrecho de Ormuz y nuevos focos de riesgo que mantienen el petróleo Brent por sobre los US$100 por barril.
LA EXTENSIÓN DE LOS BONOS
El primer eje del proyecto busca extender de seis a nueve meses la vigencia del bono mensual de $100.000 creado por la Ley 21.811 para propietarios de taxis, taxis colectivos y transportistas escolares. De aprobarse, el beneficio se pagaría hasta diciembre de 2026. Según el mensaje presidencial, entre abril y septiembre de 2026 se transfirieron más de $56.000 millones a 95.143 beneficiarios: 49.593 taxis colectivos, 31.104 taxis, 14.316 vehículos de transporte escolar y 130 prestadores del servicio internacional Arica-Tacna.
La razón del ajuste es que el supuesto que sustentó el plazo original de seis meses, esto es, un shock transitorio concentrado en el segundo trimestre del año, ya no resulta sostenible. El Banco Central proyectaba en marzo de 2026 una convergencia gradual de la inflación hacia su meta, expectativa que la evidencia internacional de septiembre desmintió. El informe Oil Markets Weekly de J.P. Morgan del 17 de septiembre de 2026 constata que el mercado petrolero global carece hoy de un escenario base y que las barreras económicas que se esperaba contuvieran la escalada ya fueron sobrepasadas.
El impacto fiscal del mecanismo de estabilización no es menor. Al 24 de septiembre de 2026, el costo acumulado del MEPCO durante el año ascendía a US$805,42 millones. La brecha que cubre el mecanismo es significativa: el litro de diésel se transa a $1.278 con MEPCO, frente a $1.703 sin él, un 33 por ciento más caro; en la gasolina de 93 octanos, la diferencia es de $1.383 contra $1.693 por litro, un 22 por ciento.
UN NUEVO BONO PARA LA PESCA ARTESANAL
El segundo componente del proyecto concede un bono mensual de $100.000 a los propietarios de embarcaciones de pesca artesanal de hasta doce metros de eslora inscritas en el Registro Pesquero Artesanal, cuya actividad durante 2025 y el mes previo sea acreditada por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Sernapesca. El beneficio regirá desde octubre y hasta diciembre de 2026.
La justificación es la incidencia del combustible en el costo operacional del sector, que oscila entre el 30 y el 60 por ciento. El cupón Pesca Artesanal, implementado el 29 de mayo de 2026 en el marco del Plan Chile Sale Adelante, benefició a más de 4.900 embarcaciones, concentradas principalmente en las regiones de Los Lagos con 1.225, Biobío con 966, Coquimbo con 598, Valparaíso con 487, Magallanes con 315 y Maule con 284, con recursos por más de 490 millones de pesos.
El bono no constituirá remuneración ni renta para ningún efecto legal, no será imponible, tributable, transferible ni transmisible, y solo podrá destinarse a la compra de combustible para la embarcación respectiva. El pago será efectuado por el Instituto de Previsión Social sobre la base de la nómina mensual que le remita Sernapesca, a través de los medios electrónicos previstos en el artículo 10 de la Ley 21.550. Sernapesca conocerá y resolverá los recursos de reposición conforme a la Ley 19.880, con un plazo de diez días hábiles para reclamar por el no otorgamiento del bono.
LA CAPITALIZACIÓN DEL FOGAPE
El tercer eje modifica el plazo para realizar los aportes al FOGAPE. Actualmente, la Ley 21.229 faculta aportes de capital hasta el 3 de diciembre de 2026. El proyecto propone extender ese plazo hasta el 31 de diciembre de 2028, modificando el artículo segundo de dicha ley.
El objetivo es ampliar la capacidad del Fondo para respaldar créditos destinados a capital de trabajo e inversión de empresas con garantías propias insuficientes. Considerando un apalancamiento de 13,5 veces, el máximo que permite el reglamento del FOGAPE, el aporte completo permitiría respaldar hasta $4.050.000 millones en garantías. Con una cobertura del 80 por ciento del crédito, estos recursos podrían movilizar aproximadamente $5,06 billones en financiamiento; con una cobertura del 50 por ciento, hasta $8,1 billones.
Este financiamiento se canalizará conforme a las reglas del FOGAPE tradicional, que contemplan coberturas máximas del 80 por ciento para empresas con ventas anuales de hasta UF 25.000 y del 50 por ciento para aquellas con ventas superiores a UF 25.000 y de hasta UF 100.000.
El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la ley se financiará con cargo a la partida del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, sin perjuicio de que el Ministerio de Hacienda pueda suplementar dicho presupuesto con cargo a la Partida del Tesoro Público.
Rol N° 18.684-05, Senado de la República de Chile.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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