El subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, intentó este miércoles cerrar la polémica que lo tuvo durante días en el centro de las críticas: anunció el retiro del reglamento de la Ley de Seguridad Municipal que su repartición había ingresado a la Contraloría General de la República y la instalación de una mesa de trabajo con las asociaciones de municipalidades para elaborar los siete reglamentos que contempla la implementación de la ley.
El anuncio se produjo tras reunirse con representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades, la Asociación de Municipalidades Rurales y la Asociación de Municipalidades de Chile. «Tenemos una convicción que la hemos tenido desde el comienzo: la seguridad se construye entre todos, con los municipios y no sin ellos», declaró la autoridad luego del encuentro.
EL PÁRRAFO QUE DESATÓ LA CONTROVERSIA
El origen del conflicto estuvo en la redacción del texto remitido al organismo contralor. El reglamento disponía que las municipalidades verificaran los requisitos para designar a sus directores de seguridad municipal y advertía que, en caso de incurrir en una infracción, ello «dará lugar a una sanción administrativa, de conformidad con lo establecido en la ley N° 18.883, pudiendo configurar, en el caso del respectivo alcalde, la causal de cese al cargo».
La fórmula, contenida en un reglamento y no en una ley, fue leída como la fijación por decreto de una nueva causal de cesación del cargo para alcaldes. La reacción de jefes comunales oficialistas y de oposición fue inmediata, con cuestionamientos dirigidos a Guerrero, considerando que tanto la Ley de Seguridad Municipal como su reglamento estaban radicados en la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Consultado el martes durante la actividad denominada «Fonda Preventiva», en el Paseo Bulnes, el subsecretario se retiró sin dar espacio a las preguntas de la prensa. Quien sí abordó el tema fue el ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien sostuvo que «clarificarán» el texto enviado a Contraloría, porque daba pie a «interpretaciones equívocas».
LA DEFENSA DEL MINISTERIO
La controversia activó de inmediato un control de daños encabezado por el propio subsecretario. La cartera difundió una minuta entre los jefes comunales en la que explicó que el reglamento no crea una nueva causal de cesación del cargo, sino que remite a las causales ya existentes cuando no se cumple un deber jurídico.
En esa línea, desde el ministerio apuntaron a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que contempla el notable abandono de deberes como causal de cese en el cargo.
LAS OTRAS FRENTES ABIERTAS
El reglamento no ha sido el único frente que ha golpeado a Guerrero. Una semana antes enfrentó una situación que la oposición calificó como una «desautorización», en el marco del debate por el proyecto de Ley Antibarricadas 2.0.
El subsecretario alcanzó un acuerdo en la Comisión de Seguridad de la Cámara para aprobar una indicación orientada a proteger el derecho a manifestación. Sin embargo, la propuesta no fue validada por asesores de la cartera y finalmente se cayó. Legisladores describieron el episodio como «humillante», «impresentable» y «gravísimo» para el manejo político del Ejecutivo.
A ello se suma el traspié de la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno. Senadores apuntaron a Guerrero como la autoridad que condujo el diseño de la propuesta y que aprobó su redacción final, aunque la autoría del texto nunca ha quedado clara.
La iniciativa quedó instalada como uno de los principales errores del Ejecutivo, ya que la reforma, que requiere 4/7 de los votos en el Senado, ni siquiera reunió el respaldo de todas las fuerzas oficialistas. Ahora el proyecto está en manos de los senadores Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (Rep), quienes ya descartaron incorporar un nuevo estado de excepción de seguridad pública y la interceptación telefónica.
EL BLINDAJE DE LA MONEDA
En el Gobierno la defensa es categórica. «Es un gran abogado administrativo», comentan en Palacio, descartando que haya existido un traspié suyo en la redacción del reglamento de la Ley de Seguridad Municipal.
Tanto en La Moneda como en la Subsecretaría de Prevención del Delito insisten en que el texto solo explicitó una causal de cesación del cargo para alcaldes que ya existía en los cuerpos legales vigentes. La diferencia, explican, fue haber detallado las causales que considera el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, en lugar de solo citar la ley como suele hacerse en este tipo de redacciones.
Voces del ministerio aseguran además que Guerrero mantiene todo el respaldo del ministro Arrau tras el episodio del proyecto Antibarricadas e, incluso, que se le propuso acompañarse de otros asesores en sus concurrencias al Congreso. También descartan que sea responsable de la reforma constitucional de seguridad, en tanto fue una de las distintas autoridades que participaron en la aprobación del diseño del proyecto.
Conocedores de la posición del subsecretario citan uno de sus comentarios ante la arremetida: «Si me hacen un test de ADN, verán que no soy el padre de esa guagua».
Fuente: Emol
Documento original: https://www.emol.com/noticias/Nacional/2026/09/16/1211638/complejo-momento-guerrero-defensa-moneda.html
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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