Primer Juzgado Civil de Santiago condena al Fisco a pagar 40 millones de pesos a hermana de víctima de violación a los derechos humanos ocurrida en 1986
El tribunal acogió parcialmente la demanda presentada por una mujer cuya hermandad con una víctima de ejecución política fue acreditada, rechazando las excepciones de reparación integral, preterición legal y prescripción opuestas por el Consejo de Defensa del Estado. La magistrada Isabel Margarita Zúñiga Alvayay determinó que el Estado debe indemnizar el daño moral sufrido por la demandante, quien presenció el asesinato de su hermano a manos de carabineros en septiembre de 1986 y nunca recibió beneficios de las leyes de reparación por no estar contemplada en ellas.
La sentencia, dictada el 23 de junio de 2026, ordena al Fisco de Chile pagar la suma total de 40 millones de pesos a la demandante, hermana de un joven obrero de 24 años que fue asesinado por la espalda por un carabinero de la 10ª Comisaría de La Cisterna mientras caminaba por la vía pública junto a su sobrino menor de edad, hijo de la propia demandante. El fallo establece que el monto deberá pagarse reajustado desde que la sentencia quede ejecutoriada, más intereses corrientes desde que el Fisco incurra en mora.
LOS HECHOS ACREDITADOS
La jueza dio por establecido que el 4 de septiembre de 1986, alrededor de las 21:00 horas, en el marco de manifestaciones populares, la víctima salió de su domicilio a comprar cigarrillos acompañado de su hermana y su sobrino. Al llegar a la intersección de calle Cerro Negro con Avenida Ossa, fue interceptado por funcionarios de la 10ª Comisaría de Carabineros de La Cisterna que se movilizaban en un bus institucional. Uno de los uniformados le disparó por la espalda, penetrando el proyectil en la cavidad torácica, atravesando el pulmón derecho y provocando su muerte inmediata.
El fallo consigna que los funcionarios policiales, en lugar de denunciar el crimen, efectuaron una serie de maniobras para ocultarlo, entre ellas limpiar las armas en un sector baldío camino a Lonquén y elaborar un documento falso que atribuía la muerte a una riña. Estos hechos fueron investigados y sancionados en la causa Rol 31-2009-MVE, seguida por la ministra visitadora Marianela Cifuentes Alarcón, donde fueron condenados cinco agentes de Carabineros por el delito de homicidio calificado.
La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación también calificó el caso como una violación a los derechos humanos cometida por agentes del Estado que hicieron uso excesivo de la fuerza.
LAS DEFENSAS DEL FISCO
El Consejo de Defensa del Estado, representando al Fisco, opuso tres excepciones principales. Primero, la de reparación integral satisfactiva, argumentando que el Estado ya había reparado el daño mediante pensiones, bonos y beneficios de las leyes 19.123, 19.980, 19.992 y 20.874, junto a reparaciones simbólicas. En segundo lugar, la de preterición legal, señalando que la Ley 19.123 excluyó a los hermanos de las víctimas de los beneficios económicos.
Finalmente, opuso la excepción de prescripción extintiva de cuatro años del artículo 2332 del Código Civil, en subsidio la de cinco años de los artículos 2515 y 2514 del mismo cuerpo legal, argumentando que la imprescriptibilidad requiere texto expreso y citando la doctrina de la sentencia de unificación Rol 10.665-2011.
La magistrada rechazó estas defensas. Sobre la reparación integral, sostuvo que las medidas estatales, aunque positivas, son de carácter asistencial e insuficientes para compensar los daños inmateriales. Respecto a la preterición, señaló que la exclusión de los hermanos de la Ley 19.123 no implica una renuncia a la tutela judicial efectiva. En cuanto a la prescripción, el tribunal aplicó el control de convencionalidad derivado de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Órdenes Guerra y Otros vs Chile, que prohibió aplicar la prescripción a acciones civiles por crímenes de lesa humanidad.
EL DAÑO MORAL ACREDITADO
La jueza consideró acreditado el daño moral mediante la prueba instrumental, que incluyó certificados de nacimiento, el Informe Rettig, las sentencias penales de la causa Rol 31-2009, certificados de defunción del hermano y del hijo de la demandante, y un informe de daños del programa PRAIS. La sentencia destaca que la pérdida de su hermano, ocurrida en presencia de su propio hijo menor de edad, le causó una profunda tristeza, agravada por las maniobras posteriores de ocultamiento del crimen.
El tribunal tuvo especial consideración con el hecho de que la demandante tampoco recibió beneficios de las leyes de reparación por su condición de hermana, parentesco no contemplado en la Ley 19.123, y que posteriormente sufrió la muerte de su hijo en extrañas circunstancias durante el servicio militar en 1992. La demandante, agobiada por ambas pérdidas, se radicó en España en 2001.
Al fijar el quantum indemnizatorio en 40 millones de pesos, la magistrada consideró la relación de parentesco, la calificación del caso como violación a derechos humanos y los montos fijados por los tribunales superiores en casos análogos. El tribunal no condenó en costas al Fisco por no haber sido totalmente vencido.
Rol C-16250-2025, Primer Juzgado Civil de Santiago.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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