La Corte de Apelaciones de San Miguel reunió a jueces, funcionarios y funcionarias de su jurisdicción en una jornada de capacitación dedicada a la nueva ley integral de personas mayores, con especial foco en el acceso a la justicia. La actividad, realizada en el auditorio del tribunal de alzada, buscó anticipar los cambios que traerá la Ley 21.822, que aún no entra en vigencia y que introduce un nuevo paradigma en el tratamiento judicial de las personas mayores.
La instancia fue encabezada por la ministra encargada de Asuntos de Derechos Humanos de la Corte, Celia Catalán, quien dio la bienvenida a los asistentes. La convocatoria contó con una alta presencia de público de manera presencial y también con personas conectadas de forma remota, lo que refleja el interés que despierta la futura normativa en el ámbito judicial.
CONTENIDO DE LA JORNADA
La exposición central estuvo a cargo de la jefa del área jurídica del Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA, Tania Mora. En tanto, la magistrada del Segundo Juzgado de Familia de San Miguel, María Rosa Palacios, presentó un análisis de los principios más relevantes de la ley. La consejera técnica del Juzgado de Familia de San Bernardo, Paola Maldonado, actuó como moderadora de la actividad.
Durante la jornada se abordó el contenido de la Ley 21.822, normativa que establece un marco integral para la protección de las personas mayores. Uno de los aspectos más destacados es la incorporación de un artículo específico sobre acceso a la justicia para este grupo, lo que representa una novedad relevante para el Poder Judicial.
NOVEDADES LEGISLATIVAS
La jefa del área jurídica del SENAMA explicó que la ley aún no entra en vigencia hasta 1 de junio del año próximo. Entre las innovaciones más significativas mencionó un nuevo procedimiento de abandono social destinado a personas mayores en situación de dependencia que no cuenten con redes familiares ni sociales de apoyo.
Esta nueva herramienta entrega mayores atribuciones a los tribunales de familia para intervenir en estas situaciones. Hasta ahora, muchos de estos casos solo podían ser abordados a través de la violencia intrafamiliar, lo que generaba un proceso más estático. Con la nueva normativa, el procedimiento se vuelve más dinámico y permite una respuesta más adecuada a las necesidades de las personas mayores.
CAMBIO DE PARADIGMA
Uno de los ejes centrales de la capacitación fue el cambio de enfoque que propone la Ley 21.822. La representante del SENAMA destacó que la persona mayor deja de ser vista como un objeto de protección para convertirse en titular de derechos, con capacidad de tomar decisiones respecto de su vida y su familia. Este principio, subrayó, debe estar presente al momento de que los tribunales resuelvan este tipo de causas.
La exposición también relevó la importancia de que jueces y funcionarios comiencen a trabajar desde ya con esta nueva perspectiva. La capacitación buscó instalar una reflexión temprana sobre el cambio de paradigma que implicará la implementación de la ley en el quehacer judicial.
ANÁLISIS DESDE LOS TRIBUNALES DE FAMILIA
La magistrada María Rosa Palacios, por su parte, valoró la oportunidad de tomar conocimiento del enfoque de la nueva ley y de adelantarse a su futura implementación. Señaló que el procedimiento especial comenzaría a regir en junio del año próximo, lo que entrega un margen de tiempo para prepararse, reflexionar y avanzar en decisiones que deberán adoptarse en su momento. También destacó la información entregada por la profesional de Senama respecto de la oferta programática que estará disponible a esa fecha.
En su intervención, la jueza realizó un análisis de los principios más relevantes de la ley en relación con la intervención de los tribunales de familia. También revisó la tramitación que han tenido hasta la fecha las causas bajo las normas vigentes, mencionando expresamente las leyes 20.066, 19.698 y 21.675, y la forma en que se aborda actualmente esta problemática a través de normas especiales.
La actividad se orientó a preparar a los operadores del sistema de justicia para la implementación de la Ley 21.822. Durante la jornada se combinaron la exposición del marco normativo y el análisis de su aplicación en los tribunales de familia.
La futura entrada en vigencia de la Ley 21.822 plantea un escenario de transformación para el Poder Judicial, no solo por el nuevo procedimiento de abandono social, sino también por el enfoque de derechos que instala como base. La capacitación desarrollada en San Miguel se suma así a los esfuerzos por difundir y preparar el terreno para una normativa que busca garantizar una justicia más cercana y efectiva para las personas mayores.
Fuente: Sitio Web del Poder Judicial de Chile
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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