La interceptación no autorizada de las comunicaciones de la Central de Comunicaciones de Carabineros (CENCO) para su venta a suscriptores a través de una aplicación terminó con un sujeto detenido, formalizado y en prisión preventiva. La detención fue ejecutada por funcionarios del OS9 de Carabineros, y el Ministerio Público explicó que el imputado fue formalizado por infringir el artículo 36 B de la Ley General de Telecomunicaciones 18.168.
Según detalló Carabineros, el individuo utilizaba un dispositivo para interceptar las telecomunicaciones de la CENCO y luego entregaba ese contenido a sus suscriptores.
EL DISPOSITIVO Y LA VENTA DEL CONTENIDO
De acuerdo con la información entregada por la institución policial, el imputado operaba un dispositivo destinado a captar las transmisiones de la central policial. El material obtenido no quedaba en su poder: era distribuido a suscriptores, es decir, el contenido se vendía a través de la aplicación.
La imputación se centró en la interceptación sin autorización de comunicaciones, conducta que la Ley General de Telecomunicaciones 18.168 sanciona en su artículo 36 B.
FORMALIZACIÓN Y MEDIDA CAUTELAR
El Ministerio Público explicó que el sujeto fue aprehendido y formalizado por infringir esa disposición legal. En la audiencia, el tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó la medida cautelar de prisión preventiva.
Los fundamentos considerados por el tribunal fueron dos: que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y la gravedad y la pena del delito. La resolución implica que el imputado permanecerá privado de libertad mientras avanza la investigación.
Además, el tribunal fijó un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación, periodo en el que el Ministerio Público deberá reunir los antecedentes necesarios para sostener la acusación o adoptar otra decisión procesal.
QUERELLA DEL MINISTERIO Y RESPALDO A LAS POLICÍAS
La subsecretaria de Seguridad Pública, María del Pilar Giannini, informó que el Ministerio se querelló contra el imputado y destacó la labor de las policías y del Ministerio Público en el caso.
«Valoramos el trabajo investigativo del OS9 y la Fiscalía Metropolitana Sur. No permitiremos que se ponga en riesgo la seguridad de nuestras policías y sus operaciones», enfatizó la autoridad.
La decisión de querellarse añade un actor institucional al proceso: además de la persecución penal que encabeza el Ministerio Público, el Ministerio se suma como parte querellante, lo que refuerza el interés del Estado en el esclarecimiento de los hechos.
POR QUÉ IMPORTA PARA EL MUNDO JURÍDICO
El caso pone sobre la mesa un problema sensible: la protección de las comunicaciones oficiales y la seguridad de las operaciones policiales. La interceptación de las transmisiones de una central como la CENCO no solo afecta la esfera del secreto de las comunicaciones; también puede comprometer la integridad de procedimientos en curso y la seguridad del personal policial.
Para los abogados y abogadas que litigan en materia penal, el caso ilustra cómo el artículo 36 B de la Ley 18.168 se activa frente a conductas de captación no autorizada de telecomunicaciones, y cómo ese tipo de imputación puede convivir con una cautelar tan intensa como la prisión preventiva cuando el tribunal estima que existe peligro para la seguridad de la sociedad.
Asimismo, la fijación de un plazo de 90 días de investigación marca el ritmo del proceso y obliga al Ministerio Público a reunir los antecedentes necesarios dentro de ese periodo acotado.
El caso, en suma, combina una infracción a la normativa de telecomunicaciones, una medida cautelar privativa de libertad y una querella institucional. Tres frentes que el sistema de justicia penal chileno deberá resolver en un proceso que recién comienza y cuyo plazo de investigación ya está corriendo.
Fuente: Emol
Documento original: https://www.emol.com/noticias/Nacional/2026/10/09/1213791/sujeto-interceptaba-comunicaciones-carabineros-vendia.html
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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