El 19° Juzgado Civil de Santiago rechazó en su totalidad la demanda de 500 millones de pesos que el exsenador Fulvio Rossi presentó contra el Estado de Chile, el Servicio de Impuestos Internos y el exfiscal regional Pablo Gómez, a quienes atribuía los perjuicios que, según su posición, le provocó la investigación penal vinculada al caso SQM. La sentencia fue firmada el 10 de julio de 2026 por la jueza Jacqueline Benquis y su resultado se conoció este martes 20 de octubre. Además del rechazo de todas las pretensiones, el tribunal ordenó al exparlamentario asumir las costas del litigio.
LA DEMANDA
La acción civil se presentó en septiembre de 2021, después de que Rossi fuera sobreseído en la indagación por presuntos delitos tributarios. El exsenador sostuvo entonces que las diligencias desarrolladas por el Ministerio Público y el SII habían sido deficientes y carentes de justificación, y que de ellas se derivaron consecuencias personales, familiares y políticas. El patrocinio estuvo a cargo de los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz.
Entre los perjuicios invocados figuraron el deterioro de su imagen pública, los efectos sobre su vida familiar y el impacto que atribuía al proceso en sus posibilidades de reelección. También cuestionaba haber enfrentado el desafuero, la formalización y la acusación penal por hechos respecto de los cuales defendía su inocencia.
LAS PETICIONES
El requerimiento no se agotaba en una suma de dinero. Rossi pidió una indemnización de 500 millones de pesos por daño moral, disculpas públicas de los demandados, la realización de cursos sobre Derecho Penal y Derecho Procesal por parte de los responsables señalados y la condena en costas contra estos últimos. Ninguna de esas solicitudes prosperó.
La magistrada concluyó que no se acreditaron los presupuestos jurídicos necesarios para establecer las responsabilidades reclamadas y que el demandante debía cargar con los gastos del proceso. El monto específico de esas costas no quedó determinado en los antecedentes conocidos de la resolución.
FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA
Uno de los ejes del fallo fue la situación del exfiscal regional Pablo Gómez, demandado a título personal. El tribunal acogió la excepción de falta de legitimación pasiva, al entender que las actuaciones cuestionadas se ejecutaron en el ejercicio de funciones institucionales y que la eventual responsabilidad derivada de ellas debía examinarse respecto del Estado, no imputarse directamente al funcionario como persona natural en este litigio.
La distinción delimitó las condiciones bajo las cuales pueden perseguirse responsabilidades civiles por decisiones adoptadas en el desempeño de funciones públicas.
ACTUACIONES DENTRO DE ATRIBUCIONES
Respecto de los organismos estatales, la jueza descartó que existieran fundamentos suficientes para imponer una obligación de indemnizar. Sostuvo que tanto el Ministerio Público como el Servicio de Impuestos Internos actuaron dentro de sus atribuciones legales y sobre la base de antecedentes objetivos que justificaban la investigación. Por esa vía, descartó dolo, negligencia grave o falta de servicio en los términos planteados y añadió que tampoco se acreditó el daño cuya reparación se solicitaba.
Tras conocerse el resultado, Gómez manifestó su conformidad con la decisión, calificó la demanda como una «liviana acusación» y defendió que los cuestionamientos a funcionarios públicos se canalicen por procedimientos institucionales y argumentos jurídicos. Destacó, además, que el proceso terminó con el rechazo de todas las pretensiones y con condena en costas.
LAS COSTAS
La condena en costas implica que la parte vencida debe asumir los gastos procesales que correspondan conforme a la resolución y a las reglas aplicables, los que pueden comprender determinadas actuaciones del procedimiento y honorarios regulados judicialmente, según la tasación que se practique. No significa que Rossi deba pagar los 500 millones de pesos que pedía como indemnización: esa cifra correspondía a su pretensión económica, desestimada en el fallo. El desembolso efectivo por costas depende de la liquidación correspondiente, que no consta en los antecedentes conocidos.
Queda por definir si la sentencia queda firme o si se presentan y resuelven eventuales recursos procesales.
CONTEXTO
El conflicto se inscribe en las consecuencias de las indagaciones por presunto financiamiento irregular de la política que marcaron la agenda nacional durante la década pasada, con investigaciones sobre documentos tributarios, pagos y eventuales vínculos entre recursos empresariales y actividades políticas. En octubre de 2025 un tribunal oral absolvió a ocho acusados en una de las principales causas asociadas a SQM, decisión que los organismos persecutores impugnaron mediante recursos de nulidad. Ese procedimiento es distinto de la demanda civil resuelta ahora, de modo que el fallo no equivale a una decisión definitiva sobre todas las causas vinculadas al caso.
ALCANCE DE LA DECISIÓN
El fallo se refiere específicamente a la responsabilidad que el exsenador intentó atribuir al Estado, al SII y a Pablo Gómez por las actuaciones desarrolladas en su investigación. Para obtener una indemnización, es necesario acreditar los requisitos jurídicos correspondientes, entre ellos la existencia de una actuación que genere responsabilidad, el daño reclamado y su relación causal. En este caso, el tribunal consideró que esos elementos no estaban demostrados.
En nuestra lectura, la sentencia confirma que el reproche civil contra el Estado requiere algo más que el fracaso de una persecución penal, y esa exigencia parece razonable para evitar que el resultado de un proceso criminal se confunda con un daño indemnizable.
Fuente: redimin.cl
Documento original: https://www.redimin.cl/tribunal-rechaza-demanda-de-500-millones-de-fulvio-rossi-contra-exfiscal-pablo-gomez-por-caso-sqm-y-lo-condena-a-pagar-costas
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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