Ocho resoluciones judiciales dictadas en Estados Unidos con citas a autoridades inexistentes, atribuibles a herramientas de inteligencia artificial, comparten un mismo desenlace: ninguna derivó en sanciones para el juez o jueza que las firmó. El registro público reúne episodios que van desde litigios de valores por millones de dólares hasta una condena por homicidio, y en todos ellos los errores fueron detectados por los abogados de las partes o por tribunales de apelación, no por quienes suscribieron las decisiones.
LOS CASOS QUE YA SE CONOCEN
Al menos ocho causas en Estados Unidos registran órdenes o sentencias que invocan fuentes fabricadas con inteligencia artificial. Entre ellas hay asuntos de derechos constitucionales de alta exposición pública, litigios de valores de cuantías millonarias y una condena penal por homicidio. En una de las causas, la Corte Suprema de Georgia anuló la resolución del tribunal de primera instancia. En otra, radicada en Mississippi, el Quinto Circuito de Apelaciones está evaluando reasignar el caso, apartándolo de un juez que dictó una orden de restricción temporal repleta de citas falsas de derecho y de hechos.
MISSISSIPPI Y NUEVA JERSEY
En julio de 2025, el juez federal Henry Wingate, con asiento en Mississippi, dictó una orden que impedía la aplicación de una ley contraria a los programas de diversidad, equidad e inclusión. El texto incluía nombres de demandantes equivocados, citas normativas incorrectas y evidencia judicial fabricada.
Casi en paralelo, en Nueva Jersey, el juez federal Julien Xavier Neals emitió una opinión en un caso de valores de una biofarmacéutica con citas textuales falsas y con una descripción errada del resultado de las causas que invocaba: calificó como rechazadas mociones de sobreseimiento que en realidad habían sido acogidas.
Cuando las partes advirtieron los errores, ambos jueces retiraron las órdenes del expediente sin explicación para los litigantes ni para el público, y las reemplazaron por versiones corregidas. Meses después, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Chuck Grassley, republicano por Iowa, les escribió exigiendo respuestas. Wingate atribuyó las fallas al uso de Perplexity por parte de un ayudante; Neals responsabilizó a un practicante de una escuela de derecho que habría utilizado ChatGPT sin autorización. Ambos sostuvieron que habían publicado inadvertidamente un borrador temprano que no pasó por la revisión debida. Ninguno fue sancionado y Grassley emitió una declaración en la que los elogió por reconocer sus errores.
GEORGIA: LA SANCIÓN CAYÓ EN LA ABOGADA
En Georgia, un tribunal de primera instancia rechazó la solicitud de un nuevo juicio presentada por una mujer condenada a cadena perpetua por homicidio. La resolución estaba llena de casos inexistentes y de citas que no respaldaban las afirmaciones que se les atribuían. La Corte Suprema estatal la anuló: la fiscal reconoció haber usado mal la inteligencia artificial al preparar sus escritos e introdujo citas falsas en el expediente, y el tribunal se apoyó en esas citas para decidir.
Pese a que la persona que presidía el tribunal y la abogada incurrieron en una conducta similar, la Corte Suprema sancionó solo a la abogada, con seis meses de suspensión del ejercicio profesional y formación jurídica adicional. Esa persona no enfrentó consecuencia alguna.
OTROS EPISODIOS Y LO QUE NO LLEGA A APELACIÓN
El patrón se repitió en un caso de divorcio en Georgia en 2025, en otra causa civil en ese estado en 2026 y en dos asuntos de derecho de familia en California. Más recientemente, un juez estatal de Oklahoma dictó una orden con dos citas falsas y el asunto fue investigado. En todos, los tribunales de apelación reconocieron la conducta impropia, pero los jueces no sufrieron repercusiones.
A eso se suma un problema de alcance: los jueces no descubrieron por sí mismos las fuentes fabricadas, y solo una fracción de las causas se apela, con estimaciones que sitúan esa tasa en torno al 12 por ciento. Cerca del 30 por ciento de las causas civiles federales presentadas en 2025 no contó con abogado, litigantes que difícilmente sospecharán que una resolución cita derecho inexistente y que podrían no tener acceso a bases de investigación jurídica para verificarlo. Las citas falsas podrían ser, además, el error más visible: un resumen inexacto del expediente, la descripción distorsionada de un criterio jurisprudencial o la omisión de una norma aplicable son más difíciles de detectar.
EL DEBATE SOBRE EL USO DE IA EN LOS TRIBUNALES
Un estudio de Northwestern concluyó que más del 60 por ciento de los jueces federales encuestados declaró haber usado al menos una herramienta de inteligencia artificial en su trabajo judicial. Un 45,5 por ciento afirmó que la administración de los tribunales no le había entregado capacitación en la materia, y un 15,7 por ciento no sabía si la había recibido.
El autor del texto, Oliver Roberts, director ejecutivo y fundador de Wickard.ai, codirector del WashU Law AI Collaborative y abogado de The Roberts Legal Firm, plantea que, si la judicatura no corrige estas fallas por sí misma, deberán intervenir las legislaturas estatales y el Congreso, con exigencias de divulgación, controles de verificación y consecuencias efectivas. En los casos más graves, agrega, podría corresponder un juicio político.
En nuestra lectura, estos episodios podrían resultar de interés para abogados y abogadas chilenos que siguen cómo distintas judicaturas enfrentan el uso de herramientas de inteligencia artificial en la redacción de resoluciones. A nuestro juicio, sería prudente leerlos no como una objeción a la tecnología, sino como una advertencia sobre los controles de verificación que rodean su uso.
Fuente: news.bloomberglaw.com
Documento original: https://news.bloomberglaw.com/environment-and-energy/judges-citing-fake-ai-generated-law-have-faced-few-consequences
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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