El proyecto de reforma al Instituto Nacional de Derechos Humanos llega este miércoles al Congreso con una fórmula que suprime su facultad para interponer querellas criminales, reduce su Consejo de once a cinco integrantes y lo deja sin sedes fuera de Santiago. La iniciativa, que modifica la ley vigente desde 2009, será presentada formalmente ante la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputadas y Diputados, en una sesión fijada entre las 15:00 y las 17:00 horas que contará con la participación del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, y del subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira Hurtado.
El texto aterriza en el Parlamento con cuestionamientos abiertos desde sectores políticos que discrepan por razones contrapuestas. Mientras algunos parlamentarios advierten que los cambios limitarían seriamente la capacidad del organismo para defender los derechos humanos, desde la UDI se sostiene que la reforma es insuficiente y que la institución debería derechamente eliminarse.
LA ARQUITECTURA DE LA PROPUESTA
El eje del proyecto es el reemplazo de las querellas criminales por denuncias ante los órganos competentes, de modo que el Instituto conserve la posibilidad de poner en conocimiento hechos que pudieran constituir delitos, pero sin ejercer la acción penal. A ello se suman la reducción del Consejo, la creación de una dirección ejecutiva y una reorganización territorial que contempla la ausencia de sedes fuera de la capital.
Según el informe financiero que acompaña la iniciativa, la propuesta permitiría un ahorro fiscal cercano a los 3.721 millones de pesos anuales. El Ejecutivo ha defendido ese conjunto de cambios como una delimitación de funciones y no como un recorte de atribuciones.
LA DEFENSA DEL EJECUTIVO
El ministro Rabat explicó que el objetivo es precisar el papel del Instituto frente a la persecución penal. «Realzar que este Instituto, siguiendo lo que fue su origen en los llamados Principios de París, tiene un rol consultivo en materia de derechos humanos y no un rol persecutor en materia penal», sostuvo la autoridad.
El secretario de Estado precisó que el proyecto no impide que el organismo denuncie hechos que pudieran constituir delitos y que lo que se elimina es la facultad de presentar querellas. Argumentó, además, que la Constitución reserva al Ministerio Público el ejercicio de las acciones penales y que la creación de una dirección ejecutiva permitiría distinguir las funciones estratégicas de las administrativas.
LAS ADVERTENCIAS DESDE LA OPOSICIÓN
El diputado independiente Roberto Celedón, identificado en la discusión como un histórico defensor de los derechos humanos, manifestó reparos al proyecto y pidió revisar sus alcances durante la tramitación legislativa. «Tengo la opinión autorizada de personas que señalan que esto es una manera de tratar de eliminar al Instituto Nacional de Derechos Humanos permitiendo su subsistencia formal», señaló.
El parlamentario recordó que otras propuestas de modificación discutidas antes en la misma comisión le habían parecido razonables, pero advirtió sobre los cambios que pueden alterar el carácter de la institución: «Hay demasiadas reformas que al parecer terminan alterando completamente su naturaleza».
La diputada del Partido Comunista y expresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, también expresó su preocupación por los efectos de la iniciativa en las instituciones autónomas encargadas de la protección de los derechos humanos. «Es un proyecto complejo. No logro más que observar que debilita la labor de estas instituciones autónomas y, por lo tanto, estamos en riesgo de iniciar un proceso en el país donde la fragilización de los derechos humanos va a ser absoluta», advirtió.
Desde Acción Humanista, la diputada Ana María Gazmuri cuestionó que se presente el paquete de cambios como una modernización. «Quitarle la facultad de presentar querellas criminales, reducir su consejo y desmantelar su presencia regional n o es modernizar la institución, es mutilar sus herramientas, debilitar su autonomía y dejar a las víctimas más indefensas frente a los abusos del Estado», afirmó. La parlamentaria defendió la necesidad de un organismo autónomo, con atribuciones para intervenir y presencia en todo el territorio nacional, y remató: «Chile no necesita un Instituto Nacional de Derechos Humanos domesticado ni decorativo, necesita una institución fuerte, independiente y capaz de actuar sin pedir permiso».
LA APUESTA DE LA UDI
El diputado Sergio Bobadilla llevó la crítica en la dirección opuesta. «Valoramos la propuesta que ha hecho el Gobierno de revisar la situación del Instituto de los Derechos Humanos, pero creemos que es total y absolutamente insuficiente, porque esta institución es un organismo instrumentalizado por el Partido Comunista y el Frente Amplio, y que se ha encargado de perseguir sistemáticamente a nuestros carabineros», sostuvo.
El parlamentario anunció que insistirá en una indicación presupuestaria para reducir al mínimo los recursos del organismo y reiteró su postura sobre su futuro: «lo que debe hacerse con esta organización es eliminarla, porque no es un aporte al país, sino que todo lo contrario, le ha hecho un daño tremendo».
En nuestra lectura, la coincidencia de cuestionamientos tan disímiles sobre un mismo texto, unos por exceso y otros por defecto, ilustra la dificultad de zanjar el debate sobre el INDH exclusivamente en el terreno de la técnica legislativa. Sería prudente que la discusión parlamentaria se ordene en torno a las funciones concretas que se conservan y se suprimen, antes que a las etiquetas políticas de sus impulsores y detractores.
Fuente: radio.uchile.cl
Documento original: https://radio.uchile.cl/2026/10/20/chile-no-necesita-un-indh-domesticado-ni-decorativo-oposicion-cuestiona-reforma-del-gobierno/
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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