La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, planteó la necesidad de establecer criterios de admisibilidad para las denuncias presentadas al amparo de la Ley Karin, advirtiendo que el actual sistema ha generado una congestión que sobrepasa a la Dirección del Trabajo. En el marco del debate por el nuevo reglamento de la normativa, la dirigente gremial sostuvo que el crecimiento explosivo de acusaciones, sin un filtro previo, retrasa las resoluciones.
En conversación con Radio Infinita, Jiménez reconoció que la ley fue muy bien intencionada, pero que no se legisló pensando en que pueden existir malos incentivos en algunas denuncias. A su juicio, la ausencia de un proceso de admisibilidad ha generado una congestión enorme en la Dirección del Trabajo, institución que en vez de resolver en 30 días como corresponde, se puede demorar 8, 9 o incluso 10 meses.
La dirigente también advirtió sobre la dificultad que enfrentan las empresas para separar físicamente a la persona denunciante de la denunciada. Explicó que esa exigencia resulta especialmente compleja en compañías de menor tamaño, que no cuentan con espacios suficientes para cumplirla.
Frente a ese escenario, Jiménez apuntó a la necesidad de avanzar en criterios que permitan acotar la admisibilidad de las denuncias, de modo de filtrar aquellas acusaciones legítimas y que necesitan una resolución rápida, acortando también los plazos de tramitación.
La magnitud del problema queda en evidencia con las cifras de personal. Casi el 20 por ciento del total de funcionarios de la Dirección del Trabajo realiza funciones vinculadas a la Ley Karin, lo que equivale a 448 personas de una dotación institucional de 2.360 trabajadores a nivel nacional.
De ese grupo, se estima que 348 funcionarios cumplen estas labores bajo una modalidad de dedicación no exclusiva, distribuidos en 196 abogados y 152 fiscalizadores.
Para la presidenta de la CPC, el diseño actual no logra distinguir entre las acusaciones que merecen protección prioritaria y aquellas que podrían responder a otros fines. La consecuencia es una institución congestionada que no cumple con los plazos legales, en desmedro de los propios trabajadores que demandan amparo.
En esa línea, Jiménez subrayó que la solución pasa por instaurar mecanismos de admisibilidad que actúen como filtro, de manera que las denuncias legítimas sean atendidas con celeridad.
Otro de los temas abordados por la dirigente fue la propuesta del Ejecutivo de reemplazar la actual indemnización por año de servicio en caso de despido por necesidad de la empresa, por un régimen de indemnización a todo evento.
Jiménez valoró positivamente la iniciativa, aunque precisó que aún está siendo trabajada por el Ministerio del Trabajo. A su juicio, el sistema chileno vigente resulta bastante oneroso en comparación con otros países, lo que encarece la contratación y genera costos en las relaciones laborales y en la productividad.
La líder gremial agregó que este cambio podría significar un beneficio para los trabajadores que voluntariamente desean cambiar de empleo. En el régimen actual, explicó, al colaborador le puede convenir ser despedido para recibir la indemnización, en lugar de renunciar y buscar otro trabajo.
La propuesta, que permanece en elaboración por parte del Ejecutivo, apunta a modificar un esquema que, según la CPC, afecta tanto a empleadores como a trabajadores en el momento de terminar una relación laboral. Las declaraciones de Jiménez se enmarcan en la discusión sobre los próximos pasos de la agenda laboral del Gobierno, marcada especialmente por el nuevo reglamento de la Ley Karin y por el debate en torno a las indemnizaciones.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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