El senador Cristián Vial, general en retiro e integrante del comité del Partido Republicano, defendió la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) que el gobierno se apresta a ingresar al Parlamento, pero advirtió que las Fuerzas Armadas no deben ser utilizadas para funciones de orden público. En entrevista con el programa Desde la Redacción de La Tercera, Vial calificó el crimen organizado como el cáncer que afecta a Chile y a la agenda de seguridad como el bisturí que permitirá extirparlo, en un emplazamiento directo a los sectores que han mostrado reparos a la reforma constitucional.
LA DEFENSA DEL BISTURÍ
Vial señaló que la ACOT, que ingresaría mañana al Parlamento, constituye una oportunidad para generar consenso, no solo parlamentario sino también ciudadano, frente a un fenómeno inédito en la historia republicana del país, como el crimen organizado y el terrorismo. Sostuvo que el Estado debe poner toda su institucionalidad y capacidades para enfrentar esta amenaza, con un convencimiento real de que se trata de algo de proporciones nunca antes visto.
Añadió que quienes no se sumen a este esfuerzo tendrán que dar explicaciones a la ciudadanía. En cuanto a la reforma constitucional, señaló que no hay que alarmarse y que se trata de dejar consagrado en el primer artículo de la Constitución la responsabilidad del Estado de hacer frente a este fenómeno. «Si no lo detenemos hoy, podríamos no recuperar a Chile», afirmó.
En relación con las críticas del presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien en entrevista con La Tercera dijo que en las condiciones actuales los votos de la UDI no están, Vial manifestó su convencimiento de que Ramírez terminará aportando. «Creo que Guillermo Ramírez va a estar con nosotros», expresó.
ESTADO DE EXCEPCIÓN Y REFORMA CONSTITUCIONAL
Consultado sobre la necesidad de un nuevo estado de excepción, Vial reconoció que no es abogado ni constitucionalista, pero consideró viable dejar establecido en la Constitución un quinto estado de excepción. Este mecanismo habilitaría al Estado, a través de todas sus capacidades, para hacer frente a un problema que no existía en el pasado. Aunque no conoce el texto en detalle, dijo que hay motivos para dejarlo a nivel constitucional.
EL ROL DE LAS FUERZAS ARMADAS
Vial fue enfático al rechazar que las Fuerzas Armadas sean destinadas al orden público. «Definitivamente, no», respondió al ser consultado si le gustaría ver a los militares en la calle para seguridad pública. Explicó que en seguridad pública las FF.AA. ya cumplen funciones en la frontera norte, donde se duplicaron los efectivos, y en la Macrozona Sur, en Biobío y La Araucanía. Sin embargo, el orden público, que consiste en el respeto de la ley para la convivencia cotidiana, la manifestación y la protesta, es una función esencialmente policial. «Las Fuerzas Armadas no están para eso», sentenció.
Tampoco comparte que los militares queden bajo el mando de las policías. A su juicio, cuando se tienen dos organizaciones jerárquicas, subordinar una a la otra solo genera interferencias mutuas. En esa línea, propuso que el articulado de la reforma contemple un apoyo de las capacidades de las Fuerzas Armadas a la labor de las policías, manteniendo la naturaleza policial del conflicto.
Comparó la situación chilena con la colombiana, donde las Fuerzas Armadas llevan décadas involucradas en la seguridad pública interior porque el conflicto traspasó el umbral de lo policial y se volvió militar. En Chile, en cambio, la naturaleza del conflicto sería todavía policial. Recordó que el policía busca retener a una persona para llevarla ante la ley, mientras que el militar busca destruir al adversario. «No puedes someter al Ejército a eso, porque también desnaturaliza la profesión», advirtió.
COSTO INSTITUCIONAL
Vial también se refirió al alto precio que han pagado los uniformados por participar en actividades distintas a su función. Mencionó el caso de Carabineros durante el estallido social: mandatados por el Estado para proteger a la ciudadanía, salieron ante una amenaza inédita y se vieron con sus vías destruidas y encarcelados. En ese contexto, consideró un contrasentido que, a través de la ACOT, se busque entregar confianza a quienes deben ejecutar esta tarea mientras aún hay personas presas por hechos ocurridos cinco o seis años antes. «Es un contrasentido, colisiona», concluyó.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
Acerca del Autor
