Comisión de Salud despacha proyecto que sanciona la venta ilegal de medicamentos y recibe a dirigentes del SAMU
La Comisión de Salud del Senado sesionó en Valparaíso y abordó dos materias de alta contingencia. Por un lado, despachó las indicaciones al proyecto que modifica diversos cuerpos legales para regular la comercialización de productos farmacéuticos y sancionar su venta ilegal. Por otro, escuchó a los representantes de la Federación Nacional de Funcionarios SAMU de Chile, quienes expusieron los riesgos y carencias del sistema de atención prehospitalaria. La sesión fue transmitida por TV Senado.
NUEVAS REGLAS PARA EL COMERCIO DE MEDICAMENTOS
El Ejecutivo presentó 31 indicaciones, 24 de su autoría y siete de origen parlamentario. Según explicó su representante, el propósito es fortalecer el control de los medicamentos a lo largo de toda la cadena, desde el ingreso al país hasta la entrega al paciente. Un primer grupo de normas fija con mayor detalle las condiciones de expendio y evita que los locales autorizados actúen como distribuidores. Un segundo grupo amplía las atribuciones del Instituto de Salud Pública para pedir información. El tercer grupo endurece las penas para quienes desvían productos hacia el comercio ilícito.
La comisión aprobó la mayoría de las indicaciones, entre ellas la que incorpora un nuevo artículo 128 bis sobre expendio de medicamentos, la que crea los artículos 129 F y 129 G, y diversas modificaciones al Código Penal que tipifican conductas como la comercialización sin autorización sanitaria o la venta de productos falsificados, adulterados o contaminados. También se aprobó una inhabilidad especial temporal para obtener autorizaciones sanitarias de establecimientos farmacéuticos, con una extensión de tres años y un día a diez años. Varias indicaciones de origen parlamentario fueron retiradas por su autor, el senador Gaona. El proyecto quedó despachado con suma urgencia.
LA URGENCIA QUE PLANTEA EL SAMU
Los dirigentes de la federación expusieron la situación del servicio. Su presidente, Roli Gutiérrez, junto a Jonathan Santander, Alexis Hernández y Luis Cabrera, señaló que el sistema cumple tres décadas desde su creación en 1994 y que la institucionalidad no ha avanzado al mismo ritmo que la medicina y la tecnología.
Recordaron que el 8 de septiembre de 2009 dos funcionarios fallecieron en un traslado, hecho que dio origen al día del funcionario SAMU. Mencionaron que este año, en Coronel, una ambulancia protagonizó un accidente en el que una funcionaria perdió la vida y otros tripulantes resultaron gravemente lesionados. A partir de esos casos, plantearon que no quieren que el servicio sume nuevas víctimas fatales para tomar conciencia de la urgencia.
Entre sus peticiones está un seguro de vida institucional y el reconocimiento del riesgo específico del personal prehospitalario. También pidieron dejar de encasillar a los conductores de ambulancia en el estamento auxiliar, pues sostienen que cumplen funciones asistenciales dentro de la tripulación y colaboran en procedimientos críticos.
AMBULANCIAS, NORMATIVA Y GOBERNANZA
La federación advirtió un retraso normativo. La norma que regula la conversión de ambulancias data de 1998 y lleva más de 25 años sin actualizarse, mientras que el modelo nacional del SAMU de 2018 es solo una guía orientativa. Valoraron el trabajo conjunto con la Subsecretaría de Redes Asistenciales para actualizar dicho modelo y dotarlo de respaldo formal mediante una resolución sanitaria, aunque advirtieron que ese paso administrativo no resuelve el fondo del problema.
Como solución de fondo propusieron dos iniciativas. La primera es una ley SAMU que establezca parámetros obligatorios de cobertura, dotación mínima y tiempos de respuesta, además de perfiles ocupacionales certificados, financiamiento permanente para renovar flota y equipamiento, y fiscalización de los traslados de urgencia. La segunda es estudiar la creación de un Servicio Nacional del SAMU, con mando técnico unificado, para superar la fragmentación actual en 29 administraciones dependientes de los servicios de salud, con compras aisladas y presupuestos que compiten con otras necesidades hospitalarias.
Respecto de la seguridad de los vehículos, sostuvieron que la normativa chilena de carrozado no responde a las exigencias actuales y que una ambulancia es un recinto clínico de alta complejidad, donde el personal trabaja de pie y realiza maniobras con el móvil en movimiento. Por eso pidieron actualizar con urgencia las exigencias técnicas de conversión y los sistemas de sujeción de camillas y equipos.
En la ronda de preguntas se consultó por la relación con Bomberos y por quién debe conducir el sistema. Los dirigentes respondieron que todo traslado requiere regulación médica y que la dispersión actual impide estándares homogéneos en el país. La instancia también conoció que entre el 80 y el 85 por ciento de los llamados al 131 corresponden a emergencias reales, mientras que cerca de un diez por ciento son regulados por un médico y no requieren ambulancia.
OFICIOS Y NUEVAS CITACIONES
La comisión acordó oficiar al Ministerio de Salud para conocer qué regiones cuentan con médico regulador del SAMU y cuánto ha percibido el Servicio de Salud Arica y Parinacota por traslados de pacientes en los últimos cinco años. También se fijó para el 19 de octubre, a las 14 horas, una sesión en Santiago con la Contralora General de la República y representantes del Ministerio de Hacienda para revisar los sumarios por licencias médicas que permanecen pendientes. Finalmente, se destacó la sesión realizada en Arica y Parinacota, la primera de comisiones unidas en esa provincia.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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