| Tribunal | Juzgado de Garantía de Río Bueno |
|---|---|
| Fecha | 21 de octubre de 2026 |
| Rol | 1461-2026 |
| Materia | Derecho Penal |
| Resultado | Decreta prisión preventiva para el alcalde imputado |
El Juzgado de Garantía de Río Bueno decretó este miércoles 21 de octubre la prisión preventiva del alcalde de la comuna, Luis Roberto Reyes Álvarez, imputado por el Ministerio Público como autor de cohecho agravado y lavado de activos, en una causa que indaga ilícitos cometidos entre 2017 y 2022 en el territorio comunal. La audiencia de formalización se extendió a seis imputados, dejó a dos de ellos con la cautelar más gravosa y fijó en 100 días el plazo de investigación.
LA AUDIENCIA DE FORMALIZACIÓN
En la causa rol 1461-2026, el tribunal decretó también la prisión preventiva para Héctor Orlando Meza Hermosilla, imputado por los delitos de soborno y lavado de activos. Para Rodrigo Enrique Maluenda Ramírez, sindicado por soborno, ordenó arraigo nacional, firma quincenal y prohibición de comunicarse con los demás coimputados.
Las mismas tres cautelares recayeron sobre Gladys Roxana Mancilla Albornoz, Elizabeth Lorena Rosas Beroiza y Alejandro Andrés Rosas Cárcamo, todos vinculados al delito de lavado de activos.
LA TESIS DEL MINISTERIO PÚBLICO
Según los antecedentes expuestos por la Fiscalía, el actual alcalde solicitó y recibió beneficios económicos de proveedores y contratistas de la municipalidad a cambio de favorecerlos en procesos de licitación, facilitar el pago de obras y dejar sin efecto multas aplicadas durante su ejecución. Los hechos se sitúan entre 2017 y 2022, período en que Reyes Álvarez se había desempeñado antes como jefe comunal (2008-2021) y luego como concejal (2021-2024).
Ese favorecimiento se habría concretado mediante la incorporación de requisitos restrictivos en las bases de licitación, criterios de evaluación desproporcionados o indeterminados, la agilización de estados de pago, la falta de fiscalización exhaustiva de las obras y la condonación improcedente de multas a empresas que carecían de los fundamentos técnicos o jurídicos necesarios.
TRES HECHOS DE COHECHO
El primer episodio involucra a Meza Hermosilla, representante de dos empresas del rubro de la construcción. Entre 2017 y 2022 el alcalde habría solicitado y aceptado pagos suyos a cambio de favorecer a sus sociedades en contrataciones municipales; entre 2016 y 2021 esas empresas se adjudicaron proyectos en establecimientos educacionales, refugios peatonales y la reposición de la Primera Compañía de Bomberos de Crucero.
En ese lapso se dejaron sin efecto cuatro multas por un total de $18.575.107 en perjuicio fiscal, y se habrían transferido $27.860.000 directamente a la cuenta corriente personal del alcalde y a la de su pareja, Gladys Roxana Mancilla Albornoz, por parte de, entre otros, Elizabeth Lorena Rosas Beroiza, secretaria de la empresa de Meza Hermosilla.
El segundo hecho se ubica entre diciembre de 2019 y enero de 2020: Reyes Álvarez habría solicitado o aceptado recibir $3.000.000 de Maluenda Ramírez, representante de Maluenda Producciones Limitada, para favorecer a esa empresa en la licitación del servicio de producción, amplificación e iluminación del evento Semana Río Buenina 2020, cuyo monto de licitación fue de $85.000.000. Dos días después de la adjudicación, la sociedad transfirió $3.000.000 a la cuenta personal del alcalde, quien ese mismo día aprobó el contrato del servicio.
El tercero abarca de 2018 a 2021: el imputado solicitó y recibió beneficios por un total de $5.500.000 a cambio de facilitar la tramitación y el pago de obras adjudicadas a la Constructora San Ignacio, por gestión de uno de sus socios, Juan Carlos Reyes Padilla, quien no pudo ser formalizado en la oportunidad por presentar licencia médica.
EL LAVADO DE ACTIVOS
La Fiscalía cifra en al menos $36.360.000 los beneficios económicos provenientes de los hechos de cohecho que habrían sido recibidos por Reyes Álvarez. Para incorporarlos al sistema financiero y utilizarlos en operaciones personales, entre 2017 y 2022 los imputados Meza Hermosilla, Rosas Beroiza y Alejandro Andrés Rosas Cárcamo, funcionario municipal, habrían realizado transferencias entre cuentas, depósitos en efectivo y cheques a las cuentas del alcalde y de su pareja.
APLICABILIDAD PARA ABOGADOS
En nuestra lectura, la decisión del Juzgado de Garantía de Río Bueno refleja la gravedad que el tribunal atribuyó a las imputaciones expuestas por la Fiscalía por hechos ocurridos entre 2017 y 2022. Parece prudente, además, que una causa con seis formalizados y delitos de distinta naturaleza obligue a revisar con cuidado la proporcionalidad de cada cautelar decretada.
Fuente: Poder Judicial de Chile
Documento original: https://www.pjud.cl/prensa-y-comunicaciones/noticias-del-poder-judicial/149535
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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