El ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el subsecretario de esa cartera, Silva, quedaron en el centro de una nueva arremetida opositora tras la revelación de que decenas de condenados por delitos sexuales contra menores obtuvieron rebajas de condena durante el actual Gobierno. Parlamentarios de distintos sectores exigieron la salida de ambas autoridades y reclamaron medidas urgentes para resguardar a las víctimas ante un eventual riesgo de reincidencia.
LAS CIFRAS DEL REPORTAJE
La ofensiva surgió a partir de una investigación de BBCL Investiga difundida por BioBioChile, que identificó a 33 de los 56 condenados por delitos sexuales contra menores que fueron beneficiados mediante decretos de rebaja de condena dictados durante la administración del presidente José Antonio Kast.
De acuerdo con esos antecedentes, los decretos fueron suscritos por las autoridades del Ministerio de Justicia, lo que concentró los cuestionamientos en la permanencia del ministro y del subsecretario en sus cargos, en medio de las críticas por la falta de información entregada a las víctimas.
CAMPILLAI Y MANOUCHEHRI APUNTAN A KAST
Una de las declaraciones más duras provino de la senadora independiente Fabiola Campillai, quien dirigió sus reproches directamente al mandatario por mantener en sus puestos a quienes firmaron los decretos.
«Rabat y Silva deben renunciar, y deben hacerlo ya, porque su presencia en el gobierno les hace un daño profundo a las víctimas y también al país», sostuvo la parlamentaria.
Campillai también cuestionó que el Presidente asuma la responsabilidad por los beneficios sin traducirla en consecuencias políticas, y le pidió no trasladar esa carga a la institucionalidad. «Que el presidente no le endose la responsabilidad al Estado, porque fue su gobierno quien le falló a las víctimas con el timbre y firma del ministro y del subsecretario de Justicia», afirmó.
En la misma línea, el diputado socialista Daniel Manouchehri responsabilizó políticamente a Kast por respaldar la continuidad del titular de Justicia. «Kast protege a Rabat. Deberá responder por las decisiones pro-pederastas de su gobierno», advirtió el legislador, quien además anunció que hará responsable al mandatario si alguno de los beneficiados vuelve a agredir a un menor.
SCHNEIDER ACUSA FALTA DE TRANSPARENCIA
La diputada del Frente Amplio Emilia Schneider calificó como «realmente macabra» la información conocida y acusó al Ejecutivo de no haber informado sobre la identidad de los beneficiados.
«El gobierno no ha dicho nada, no ha sido transparente, y por eso creo que esto reafirma lo arbitraria y lo discrecional que fue esta decisión», señaló la parlamentaria, quien sostuvo que la medida se alejó de cualquier criterio técnico de justicia.
Schneider emplazó al Presidente a remover a Rabat y a Silva, a transparentar el listado de quienes quedaron en libertad y a explicar los fundamentos de la decisión. La diputada fue más allá y pidió aclarar si estas determinaciones guardan relación con eventuales beneficios para condenados por violaciones a los derechos humanos.
OPOSICIÓN EXIGE PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS
El diputado Jaime Araya solicitó convocar un comité de emergencia para evaluar medidas de resguardo, advirtiendo que entre los favorecidos hay personas con alto riesgo de reincidencia. «Ni las víctimas, ni sus familias saben si están nuevamente en riesgo, es urgente que el gobierno tome todas las medidas para garantizar la protección de las víctimas», planteó.
Araya también propuso que el Ejecutivo estudie mecanismos para dejar sin efecto los decretos, invocando las atribuciones de invalidación administrativa contempladas en la Ley 19.880. «La facultad existe, y el gobierno debe usarla», aseguró, en contraste con la postura del Ministerio de Justicia sobre la imposibilidad de revertir los beneficios.
El diputado comunista Luis Cuello se sumó a las exigencias de renuncia del ministro Rabat, acusando que los antecedentes profundizan la crisis política del Ejecutivo. «El Gobierno de Kast se desfonda política y moralmente. Rabat debe renunciar», escribió en su cuenta de X.
DEFENSA DEL EJECUTIVO
Las declaraciones reflejan una nueva escalada de presión sobre el Ministerio de Justicia, luego de que el Gobierno defendiera la legalidad de los decretos y descartara previamente la posibilidad de revertirlos.
En nuestra lectura, la polémica desplaza la discusión desde la legalidad de los decretos hacia la responsabilidad política de quienes los suscribieron, y ese giro parece el punto más delicado para el Ejecutivo.
Fuente: BioBioChile
Documento original: https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2026/10/26/rabat-y-silva-deben-renunciar-oposicion-estalla-tras-revelacion-de-pederastas-beneficiados-por-kast.shtml
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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