La incorporación de inteligencia artificial al quehacer de los tribunales volvió a instalarse como materia de análisis. Esta vez ocurrió en un seminario sobre justicia abierta, acceso a datos y los caminos para modernizar la infraestructura del sistema judicial, convocado por la Universidad Adolfo Ibáñez, instancia en la que expuso la ministra de la Corte Suprema Adelita Ravanales.
En su intervención, la ministra planteó que la incorporación de tecnología al ámbito judicial obliga a conjugar diversos factores y, especialmente, a adelantarse a los efectos que esas herramientas pueden provocar. Su llamado fue a obrar con prudencia y responsabilidad: ante el ritmo acelerado de la innovación, sostuvo, conviene observar el escenario y adoptar resguardos para que los impactos no terminen perjudicando a la administración de justicia en lugar de beneficiarla.
DATOS ABIERTOS Y GOBERNANZA DIGITAL
La ministra subrayó el compromiso institucional con una gobernanza digital sólida. Indicó que el tema volverá a tratarse en futuras sesiones de reflexión del máximo tribunal y mencionó que el Código de Ética del Poder Judicial contiene ya ciertas reglas relativas al empleo de inteligencia artificial, las que configuran un marco general de referencia.
A la actividad asistieron representantes de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial, del Colegio de Abogados de Chile y de la Asociación de Legaltec de Chile, junto al profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, Ricardo Lillo.
Las y los asistentes intercambiaron apreciaciones acerca de cómo avanzar hacia una infraestructura judicial moderna que permita aplicar nuevas tecnologías con una protección adecuada de los datos. Además, se abordó la necesidad de capacitarse sobre las limitaciones éticas y los impedimentos que conlleva el uso de sistemas de inteligencia artificial, criterio que la exposición consideró extensible a la labor que cumplen los jueces.
APLICABILIDAD PARA ABOGADOS
El seminario no exhibió una herramienta tecnológica en funcionamiento, sino que abordó los criterios para incorporarla al sistema judicial y los límites éticos y de protección de datos que ello implica. Por eso, los siguientes escenarios deben entenderse como usos potenciales de estas funcionalidades en el ejercicio profesional.
REVISIÓN Y SÍNTESIS DE EXPEDIENTES
Estas herramientas permiten procesar grandes volúmenes de documentos y extraer los puntos relevantes de una causa. Un abogado puede emplearlas para estudiar carpetas extensas en poco tiempo, lo que ayuda a enfrentar causas con miles de fojas y plazos acotados.
REDACCIÓN DE ESCRITOS, DEMANDAS Y CONTRATOS
A partir de modelos e instrucciones, es posible generar borradores que luego son revisados por el profesional. El beneficio está en reducir la carga administrativa y liberar tiempo para el análisis jurídico de fondo.
PREPARACIÓN DE AUDIENCIAS
La funcionalidad permite ordenar hechos, prueba y argumentos en una pauta única. Con ello se resuelve la dispersión de antecedentes que suele complicar la preparación de una audiencia.
GESTIÓN DE PLAZOS Y ALERTAS PROCESALES
Mediante el seguimiento automatizado de actuaciones, el abogado puede programar avisos y controlar términos. La problemática que ataca es el riesgo de perder un plazo por desorden en el manejo de múltiples causas.
IDENTIFICACIÓN DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Estas herramientas facilitan agrupar y comparar resoluciones sobre un mismo punto de derecho. Eso permite fundar alegaciones con mayor respaldo y disminuye el tiempo destinado a búsquedas manuales.
RESGUARDO DE DATOS Y LÍMITES ÉTICOS
La tecnología también puede apoyar la verificación de que el tratamiento de la información respete las exigencias de protección de datos y el marco del Código de Ética del Poder Judicial. Así se enfrenta el riesgo de un uso indebido de antecedentes sensibles de clientes y contrapartes.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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