La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados condenó la eventual delegación de funciones jurisdiccionales por parte de la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Rosa Aguirre, quien habría encargado a una abogada externa la elaboración de sentencias durante casi dos décadas, con pagos mensuales de por medio. El vínculo, dado a conocer por La Tercera, la habría unido con la abogada Damaris Silva y derivó en una demanda laboral presentada en Santiago, que terminó con un acuerdo económico confidencial entre ambas.
EL VÍNCULO QUE SALIÓ A LA LUZ
De acuerdo con los antecedentes divulgados, la magistrada habría mantenido este vínculo informal con la profesional por cerca de veinte años. Durante más de una década, habría realizado transferencias mensuales de $300 mil a la abogada. El encargo consistía, según lo informado, en la elaboración de fallos de sentencia.
Los antecedentes sobre el vínculo informal y las transferencias mensuales fueron divulgados por La Tercera, medio que dio a conocer el caso.
LA DEMANDA LABORAL Y EL ACUERDO
Los antecedentes derivaron en una demanda laboral presentada en Santiago. Ese procedimiento concluyó con un acuerdo económico de carácter confidencial entre las involucradas, sin que trasciendan los términos del entendimiento alcanzado.
LA POSTURA DEL GREMIO
La presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, Mariela Hernández, sostuvo que los hechos deben ser investigados mediante un procedimiento que garantice el debido proceso. En esa línea, evitó emitir un juicio definitivo mientras no se esclarezcan las responsabilidades.
No obstante, advirtió que, de confirmarse los antecedentes, se trataría de una vulneración gravísima de la función jurisdiccional. La razón que entregó es que la elaboración y resolución de las sentencias corresponde exclusivamente a los jueces y no puede ser delegada en terceros ajenos a los tribunales.
Hernández agregó que este tipo de situaciones compromete la confianza de la ciudadanía en la administración de justicia. Por ello afirmó que un eventual acuerdo confidencial entre las involucradas no elimina el interés público de lo ocurrido, llamó a esclarecer los hechos a la brevedad y señaló que, si se confirman, la asociación los condenará directamente.
LA MIRADA LABORAL
El abogado laboral Aldo Fendez indicó que lo importante es revisar cómo se desarrolló realmente la prestación de servicios, más allá de lo que las partes hayan establecido en documentos o acuerdos. Su observación apunta a que la determinación de la naturaleza del vínculo no se agota en lo que los involucrados hayan plasmado por escrito.
APLICABILIDAD PARA ABOGADOS
Para los operadores del sistema judicial, el caso pone sobre la mesa dos elementos que la fuente destaca: la exigencia de que cualquier investigación respete el debido proceso, planteada por el gremio de magistrados, y la advertencia de que la función de dictar sentencias no admite delegación en personas ajenas a los tribunales. A ello se suma el criterio sostenido por la presidenta de la asociación en cuanto a que un acuerdo de carácter confidencial no extingue el interés público del asunto.
En nuestra lectura, el caso exhibe una tensión difícil de soslayar entre la reserva propia de un acuerdo entre privados y el interés público que rodea al ejercicio de la función jurisdiccional, tal como lo planteó el gremio de magistrados. Parece razonable, entonces, que la discusión se ordene en torno a la investigación de los hechos y al respeto del debido proceso, sin que ello implique anticipar conclusiones sobre responsabilidades que la fuente presenta como no esclarecidas.
Fuente: BioBioChile
Documento original: https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2026/10/29/ministra-de-corte-de-valparaiso-habria-pagado-por-casi-20-anos-a-otra-abogada-para-redactarle-fallos.shtml
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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