La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado inició el análisis de un proyecto de ley que busca imponer controles obligatorios de alcohol y drogas para los conductores de transporte público mayor. La iniciativa, conocida como «Ley Alberto», surge tras la muerte de un estudiante de 14 años que fue atropellado por un conductor de microbús que manejaba bajo los efectos de las drogas.
El texto legal modifica la ley de tránsito para obligar a los operadores de transporte público mayor a disponer, en los terminales, de instrumentos de control del consumo de alcohol y drogas por parte de los conductores. La propuesta se encuentra en su segundo trámite constitucional y comenzó a ser estudiada por la comisión del Senado.
ORIGEN DEL PROYECTO
La iniciativa debe su nombre a Mauro Alberto Gómez Estay, estudiante de 14 años del Liceo Eduardo de la Barra, quien falleció en mayo de 2024 tras ser atropellado por un conductor de microbús que conducía bajo la influencia de drogas. El caso dio origen a esta propuesta legal.
Durante la sesión, la comisión escuchó a la presidenta de la Fundación Emilia, Carolina Figueroa; al presidente de la Federación Nacional de Transporte de Pasajeros Rural, Interurbano, Interregional e Internacional de Chile (FENABUS), Marcos Carter, y al abogado de esa entidad, Dagoberto Ferrari.
La presidenta de la Comisión de Transportes, senadora Camila Flores, enfatizó la necesidad de avanzar con esta normativa. Recordó que han existido «lamentables casos de jóvenes, niños y personas que han perdido la vida precisamente porque quienes conducían se encontraban bajo los efectos del alcohol o las drogas». Agregó que lo que se busca es que en los terminales existan controles permanentes para dar mayor seguridad a quienes utilizan el transporte público a diario.
CIFRAS QUE RESPALDAN LA MEDIDA
Carolina Figueroa, presidenta de la Fundación Emilia, entregó datos que refuerzan la urgencia de la iniciativa. Según su exposición, del total de 1.093 controles realizados durante el primer semestre de 2026, el 27,2% dio positivo. Esto significa que aproximadamente uno de cada cuatro conductores estaba bajo la influencia de drogas o alcohol.
La representante de la fundación planteó además una serie de propuestas para fortalecer el proyecto. Entre ellas, incorporar a los conductores del transporte de carga, aumentar y graduar las multas, y asegurar la validez técnica y probatoria de los controles.
POSICIONES DE LOS ACTORES
Por su parte, los representantes de FENABUS expresaron sus propias sugerencias. Entre las modificaciones propuestas, destacan que la sanción recaiga en el empleador y no en la empresa, además de otros ajustes orientados a mejorar la aplicación de la normativa.
La comisión acordó continuar escuchando opiniones de expertos y organizaciones para evaluar eventuales modificaciones destinadas a perfeccionar los mecanismos de prevención y fiscalización. El objetivo es que la ley, una vez aprobada, permita evitar nuevas tragedias en el transporte público.
La senadora Camila Flores insistió en que cuidar la vida de las personas es indispensable y que por eso se quiere avanzar con la iniciativa, conocida como Ley Alberto, para evitar que tragedias como las ya conocidas vuelvan a repetirse.
El proceso continuará con nuevas audiencias y la evaluación de las propuestas presentadas por la Fundación Emilia y las asociaciones de transporte.
Fuente: Senado de Chile
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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