El gobierno chileno se acerca a una definición clave sobre el futuro de la nueva ley de protección de datos personales. El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, adelantó que en los próximos días habrá novedades respecto de la implementación de la normativa, cuya entrada en vigencia está fijada para el 1 de diciembre, en medio de las presiones de grandes empresarios que piden postergar la fecha.
En un contexto de incertidumbre jurídica, la autoridad afirmó que el Ejecutivo conversa con parlamentarios para que la puesta en marcha de la ley se realice de la mejor forma posible. “Si necesitamos más tiempo para implementarlo, lo estamos conversando con los parlamentarios y en los próximos días vamos a tener noticias al respecto”, sostuvo Mas.
La declaración se produce cuando los gremios empresariales advierten sobre la falta de certeza jurídica. El principal motivo es que la Agencia de Protección de Datos Personales, el organismo estatal encargado de supervisar el cumplimiento de la ley, aún no está operativa. Según lo establecido por la propia legislación, la entidad debió haber comenzado a funcionar a más tardar el 1 de junio, pero el proceso se ha visto trabado por el rechazo del Congreso a los candidatos propuestos por el Ejecutivo para integrar su consejo.
CONTEXTO DE LA DEFINICIÓN
La cuenta regresiva para la entrada en vigencia de la ley comenzó en diciembre de 2024 y termina dentro de tres meses. La normativa impone exigentes obligaciones a los servicios públicos y a las empresas al momento de tratar información privada de las personas, y reconoce los derechos de los titulares de los datos.
La iniciativa también crea la agencia estatal especializada en la supervisión de la materia y establece un nuevo régimen de infracciones y sanciones económicas para las empresas que incumplan. Las multas podrían fluctuar, inicialmente, entre los 358 millones de pesos, equivalentes a 5 mil UTM, y los 1.400 millones de pesos, correspondientes a 20 mil UTM.
En casos de conductas reincidentes o con agravantes detectadas por la Agencia de Protección de Datos Personales, esos valores podrían triplicarse o alcanzar incluso el 4 por ciento de los ingresos anuales por ventas y servicios de la firma infractora. Ese escenario ha encendido las alertas en el sector empresarial.
LOS INTENTOS POR INSTALAR LA AGENCIA
La Agencia de Protección de Datos Personales aún no ha logrado instalarse, pese a que el plazo legal venció el 1 de junio. En marzo, el gobierno envió al Senado un oficio con una primera nómina de consejeros: Constanza Pasarin, Benjamín Saenz y Leonardo Soto. Esa propuesta fue retirada por el Ejecutivo tras recibir cuestionamientos.
Posteriormente, el gobierno ingresó una segunda terna, integrada por Joselyn Biermann, Roberto Godoy y Matías Larraguibel. La nómina se votó en mayo en el Senado, pero fue rechazada al no alcanzar el quórum de dos tercios de los votos requerido.
En el debate, los senadores primero alegaron inhabilidades, las que fueron refutadas por el gobierno. Luego justificaron su voto en contra al cuestionar la idoneidad de los candidatos y el perfil de los nominados. Sin embargo, fuentes con conocimiento del asunto señalaron que el rechazo estuvo ligado a que los candidatos no representaban sensibilidades del mundo político.
REMUNERACIONES Y OBSTÁCULOS
Antes de esa votación, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, advirtió a los senadores sobre la dificultad de encontrar profesionales que cumplieran los requisitos que exige la ley. La normativa establece dedicación exclusiva al cargo, junto con una serie de inhabilidades e incompatibilidades, y prohíbe ejercer otras actividades remuneradas. García Ruminot calificó las remuneraciones como “bajas” y dijo que “eso ha resultado una tremenda limitación”.
La comisión asesora ministerial para la ley de protección de datos, en sus recomendaciones de 2025, respaldó esa preocupación. El informe señaló que la ley previó remuneraciones brutas proyectadas de 7,1 millones de pesos para la presidencia del consejo y de 6 millones de pesos para los consejeros, montos que se encuentran “muy por debajo del promedio de jefaturas de servicio de organismos fiscalizadores comparables”.
Ante esa realidad, la comisión propuso elevar los salarios a 12 millones de pesos para los consejeros y a 13,5 millones de pesos para el presidente del organismo.
POSIBLE POSTERGACIÓN
Con la agencia aún sin funcionar, a inicios de este mes el gobierno reconoció que evalúa una posible postergación de la entrada en vigencia de la ley. La decisión no está totalmente zanjada y, de concretarse, requeriría la tramitación de una ley corta en el Congreso.
Mientras tanto, el biministro Mas aseguró que el Ejecutivo buscará que la agencia quede constituida lo antes posible. “Se ha ido avanzando, se propusieron distintos consejeros, no ha habido acuerdo en el Parlamento, en las respectivas comisiones, y por eso estamos conversando con el mundo político para implementarlo de la mejor forma”, precisó.
La expectativa ahora está puesta en los anuncios que el gobierno realizaría en los próximos días, los que podrían definir si la ley entra en vigencia en diciembre o si se concede un nuevo plazo para completar la instalación de su institucionalidad.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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