El gobierno de José Antonio Kast enfrenta esta semana el primer gran desafío legislativo de su agenda de seguridad: el ingreso al Senado de la reforma constitucional en la materia, previsto para el lunes. Pero el anuncio no llega solo, sino acompañado de una alerta política interna que sacudió a Chile Vamos y que obligó al propio Presidente a salir a responder.
En entrevista con radio Duna, Kast abordó las declaraciones del presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien advirtió que su partido no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad en las condiciones actuales porque, a su juicio, dañan la institucionalidad. La postura de Ramírez fue respaldada por la senadora y líder de Renovación Nacional, Andrea Balladares, aunque también generó discrepancias dentro del propio gremialismo.
El mandatario no solo defendió el contenido de la reforma, sino que cuestionó la premura de las reticencias internas de su sector. «Es una cuestión muy apresurada decir que no cuenta con los votos», afirmó, recordando que la reforma aún no se presenta formalmente y que será el texto definitivo el que deberá ser evaluado.
CONFIANZA EN EL DEBATE LEGISLATIVO
Kast restó dramatismo a las diferencias públicas en su sector y las enmarcó como parte del proceso natural de una discusión legislativa. Para el jefe de Estado, el intercambio de opiniones es positivo porque permite que afloren las inquietudes de los distintos sectores políticos antes de la votación.
«Nosotros esperamos aprobar la reforma de seguridad. Estoy convencido de que cuando vean el mérito de lo que tenemos ahí redactado, de cómo todo se va complementando, y que no es una megarreforma constitucional, no es que hayamos convocado una asamblea constituyente para modificar todo, vamos de manera muy precisa a temas de seguridad pública», sostuvo.
Según explicó, la Constitución actual se refiere a la seguridad nacional pero no aborda con la fuerza necesaria la seguridad pública, una dimensión que la reforma busca integrar con otras modificaciones contenidas en la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, conocida como ACOT.
«PROCESOS CONSTITUCIONALES QUEDARON ATRÁS»
Consultado sobre si esta iniciativa contradice la posición histórica de su sector, que se opuso a reabrir el debate constitucional tras los dos procesos fallidos, Kast fue categórico: «Ni una ni la otra. Los procesos constitucionales quedaron atrás, los dos».
El Presidente argumentó que las reformas estructurales anteriores incluían materias como las modificaciones electorales, que constituyen un carril distinto de discusión política. En cambio, la propuesta actual es acotada y se limita a materias de seguridad pública.
De esta forma, el gobierno intenta desmarcarse de la idea de que busca revivir la discusión constitucional y, al mismo tiempo, responder a quienes dentro de la derecha temen una nueva apertura del debate que se consideraba cerrado.
RESPUESTA A LOS REPAROS DE LA UDI
La tensión más relevante del momento se concentra en la posición adoptada por la UDI. Ramírez había señalado que en las condiciones actuales el partido no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque afectan la institucionalidad, haciendo eco del temor a reabrir un debate constitucional recién superado.
Kast, sin embargo, salió al paso y dijo que esas declaraciones se basaron en los borradores del texto conocidos por la prensa y no en el documento final que será presentado formalmente al Senado. «La reforma se dará cuenta mañana y frente a ese texto tendrán que tomar una definición, tendrán que escuchar las distintas partes, y una vez que se genere el debate, se vota», enfatizó.
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL NO ES EL OBJETIVO
Otro flanco que el Presidente debió cubrir fue la sospecha de que la reforma a la Carta Fundamental tendría como propósito evitar eventuales reveses en el Tribunal Constitucional. Kast rechazó esa lectura y la calificó como un análisis de opinión más que una conclusión seria.
«Nosotros no lo vemos así. Yo soy profundamente respetuoso de la institucionalidad. De hecho, fui a la cuenta pública del Tribunal Constitucional, fui al cambio de presidencia del Tribunal Constitucional», recordó el mandatario.
En esa línea, insistió en que la motivación central es responder al avance del crimen organizado, que requiere respuestas legislativas nuevas, incluso a nivel constitucional. «Si alguien considera que lo que estamos haciendo no es lo adecuado, tiene que ir y votar, argumentar», planteó.
DERECHOS DE SALUD DE LOS CONDENADOS
La entrevista también abordó un tema sensible: si la reforma implicará la pérdida de derechos sociales para condenados por crimen organizado, terrorismo o narcotráfico. Kast fue enfático en aclarar que no se afectará la salud de urgencia.
«Nosotros no vamos a pasar a llevar ningún derecho de urgencia de salud, porque es evidente; nosotros creemos en el respeto a los derechos humanos, pero queremos que las personas que violan los derechos humanos de los ciudadanos comunes cumplan con penas duras», afirmó.
Según explicó, los nuevos módulos penitenciarios incluyen enfermerías para la atención médica de los internos, aunque con sesiones estrictas y cumpliendo los estándares de cuidado para personas privadas de libertad por delitos graves.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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