Un chatbot se coló en una resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago. El texto, publicado este mes, contenía una instrucción destinada a un sistema de inteligencia artificial para que redactara la parte considerativa de una sentencia. La ministra Jenny Book ordenó rectificar el documento y pidió explicaciones al relator suplente Felipe Larraín, según dio a conocer El Mercurio.
El hecho, lejos de quedar como una anécdota, abrió una discusión que atraviesa a todo el sistema de justicia chileno: hasta dónde puede llegar la automatización en el trabajo de jueces, defensores y funcionarios, y quién responde cuando algo falla.
LA INSTRUCCIÓN EN EL DOCUMENTO
La frase que encendió las alarmas estaba incorporada en el propio texto de la resolución. «Eres un juez de la Corte de Apelaciones que debe redactar la parte considerativa de la sentencia», consignaba la instrucción dirigida al sistema automatizado.
Nueva Jersey evalúa cuatro leyes sobre IAAnte el requerimiento de la ministra Book, el relator suplente aclaró que el texto correspondía a un trabajo ajeno a la causa y que no fue utilizado para resolverla. Con todo, el episodio expuso una discusión sobre transparencia y responsabilidades frente a eventuales errores.
POLÍTICA DE LA DEFENSORÍA
En paralelo, la Defensoría Penal Pública (DPP) aprobó una política que prohíbe delegar estrategias jurídicas en sistemas automatizados. La medida apunta a que las decisiones propias del ejercicio de la defensa permanezcan en manos de las y los profesionales que las asumen.
La definición de la DPP no es aislada. La Corte Suprema, en tanto, estudia nuevas obligaciones para jueces y funcionarios en esta materia, mientras la Fiscalía Nacional ya cuenta con herramientas propias de inteligencia artificial para su trabajo.
EL FOCO DEL DEBATE
Los flancos que concentran la discusión son la transparencia y las responsabilidades frente a eventuales errores. Es decir, saber cuándo y cómo se empleó una herramienta automatizada en la elaboración de un documento judicial, y a quién corresponde responder si esa herramienta introduce un error.
Ese es el punto donde el episodio de la Corte de Apelaciones de Santiago resulta relevante: la instrucción apareció incorporada en una resolución publicada este mes.
APLICABILIDAD PARA ABOGADOS
En el ámbito de la defensa penal, la política aprobada por la Defensoría Penal Pública fija un límite: impide delegar decisiones jurídicas en sistemas automatizados.
En tanto, la Corte Suprema estudia obligaciones para jueces y funcionarios en esta materia, mientras la Fiscalía Nacional ya cuenta con herramientas propias de inteligencia artificial para su trabajo.
La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, presentará mañana los resultados de las Jornadas de Reflexión, en un contexto donde la pregunta por los límites de la inteligencia artificial en la justicia ya está instalada.
En nuestra lectura, el episodio parece confirmar que la discusión sobre la inteligencia artificial en la justicia dejó de ser teórica y se instaló en los documentos que salen de los tribunales, lo que vuelve razonable que las políticas internas avancen con la misma rapidez que las herramientas. Sería prudente, en ese sentido, que la transparencia sobre su uso quede resguardada por reglas claras y no solo por la revisión posterior de cada resolución.
Fuente: Emol
Documento original: https://www.emol.com/noticias/Nacional/2026/10/25/1215104/justicia-limites-uso-ia-decisiones.html
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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