Cinco reclamaciones ingresadas el 30 de septiembre ante el Segundo Tribunal Ambiental buscan dejar sin efecto la resolución con que el Comité de Ministros, el 17 de agosto de 2026, rechazó las solicitudes de invalidación del permiso ambiental del proyecto Sistema de Transmisión Zonal Grupo 3 S/E Itahue – S/E Hualqui. Detrás del trámite está Mataquito Transmisora de Energía (MATE), firma perteneciente a Celeo Redes, filial del Grupo Elecnor, que promueve la que sería la segunda iniciativa de transmisión eléctrica más relevante del país, con una inversión comprometida de US$ 324 millones.
La arremetida judicial reúne a asociaciones indígenas, organizaciones vecinales, personas naturales y dos entidades municipalistas: la Asociación de Municipalidades del Valle del Itata y la Asociación de Municipalidades de la Región del Biobío (AMRBB). Todas apuntan a un mismo blanco: la decisión del Comité de Ministros de revertir el rechazo original del proyecto dictado en 2024.
UN PROYECTO DE ESCALA NACIONAL
El trazado se extiende por las regiones del Maule, Ñuble y Biobío y llegó al Comité de Ministros tras seis años de tramitación ambiental. La empresa sostiene que el proyecto avanza conforme a su cronograma, con un nivel relevante de obras en las subestaciones Nueva Nirivilo y Mataquito y en la línea de transmisión 2×220 kV Itahue-Mataquito, infraestructura destinada a reforzar el sistema de transmisión y mejorar el suministro eléctrico, en especial en la zona costera del Maule.
Según MATE, esa etapa debería completarse durante el primer trimestre de 2027, mientras que la etapa final está prevista para el primer trimestre de 2030.
LOS ARGUMENTOS DE LOS RECLAMANTES
En sus presentaciones, los reclamantes afirman que la autoridad incurrió en graves ilegalidades al revertir la decisión adoptada en 2024. Acusan que el Comité de Ministros se extralimitó en sus competencias al evaluar y aprobar nuevos antecedentes técnicos ingresados por la empresa fuera de plazo y sin someterlos a participación ciudadana. Añaden que se ignoraron deficiencias críticas en la línea de base y que se ocultaron los impactos reales sobre la biodiversidad, las áreas protegidas y las comunidades indígenas del territorio afectado.
El Club de Adulto Mayor Nuevos Horizontes del Río Maule, la Agrupación Femenina Las Socias de Toconey, la Asociación Indígena Koñintu Lafken Mapu y la Asociación Indígena Nonken Libko Lelfün plantearon que en la consulta indígena del proyecto se omitió la aplicación del Convenio N° 169 de la OIT, lo que a su juicio constituye un vicio insubsanable. Sostienen que la autoridad excluyó arbitrariamente a comunidades mediante un sesgo de distancia métrica, negando el uso consuetudinario del territorio, la recolección de lawen y la alteración directa de sitios de alta significación cultural y ceremonial, como Menokos, Rewe y Chemamüll.
La Asociación de Municipalidades del Valle del Itata, que agrupa a Coelemu, Trehuaco, Cobquecura y Quirihue, alegó falta de antecedentes para descartar efectos sobre la flora, la fauna, la salud y el patrimonio. La AMRBB, en tanto, descartó que el trazado eléctrico, a través de sus caminos y fajas de seguridad, funcione como un cortafuegos efectivo frente a incendios.
LA POSTURA DE LA EMPRESA
MATE señaló que la aprobación ambiental del proyecto contempló obligaciones y condiciones fijadas por el Comité de Ministros y que, durante la ejecución de las obras, ha actuado respetando la institucionalidad ambiental y cumpliendo lo establecido en su Resolución de Calificación Ambiental. Agregó que las consultas de pertinencia buscan contar con el pronunciamiento de la autoridad sobre aspectos específicos de la ejecución, conforme a la RCA y a la normativa vigente.
Consultada por las reclamaciones, la compañía indicó que respeta el derecho de las distintas partes a recurrir a las instancias que establece la institucionalidad, pero que no le corresponde pronunciarse sobre materias que actualmente se encuentran en sede judicial. La firma ya había obtenido su aprobación ambiental definitiva en octubre de 2025.
TERCER AJUSTE AL TRAZADO
En paralelo al frente judicial, el 1 de octubre MATE presentó una nueva consulta de pertinencia ante la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, que encabeza el abogado Arturo Farías, nombrado bajo la actual administración de José Antonio Kast. Se trata de la tercera gestión de este tipo, tras las ingresadas en febrero y septiembre de 2026, ambas resueltas por el SEA en el sentido de que no requerían una nueva evaluación ambiental.
Los cambios propuestos implican el cambio de ubicación de 125 estructuras, la incorporación de 23 nuevas torres y la eliminación de 7, con un incremento neto de 16 estructuras operativas. Con ello, la línea alcanzaría una extensión total de 406,33 kilómetros, mientras la superficie de intervención efectiva se reduce a 1.908,10 hectáreas, frente a las 1.927,47 hectáreas originales.
Los mayores ajustes se concentran en la modificación del emplazamiento de la Subestación Nueva Cauquenes, que se reubicará aproximadamente dos kilómetros al norte de su posición aprobada, alejándose de zonas pobladas para quedar contigua al trazado de la línea, además de diversas adecuaciones al trazado principal y sus ramales.
Fuente: Pulso, La Tercera
Documento original: https://www.latercera.com/pulso/noticia/agrupaciones-indigenas-y-municipios-piden-revocar-permiso-ambiental-de-millonario-proyecto-de-transmision-electrica/
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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