El ministro de la Corte Suprema Gonzalo Ruz participó el 18 y 19 de agosto en el Diálogo Constructivo del IV Informe Periódico de Chile ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se efectuó en la ciudad de Ginebra, Suiza.
El ministro Ruz formó parte de la delegación oficial del Estado de Chile que debía dar cuenta de las políticas públicas orientadas a las personas con discapacidad, las iniciativas nuevas implementadas y reportar sobre las observaciones que se habían realizado en el examen anterior, efectuado en 2015. El ministro del máximo tribunal participó en la instancia en su calidad de encargado del Subcomité de Acceso a la Justicia de Personas y Grupos Vulnerables del Poder Judicial.
La delegación estuvo encabezada por la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, e integrada además por la presidenta del Senado, Paulina Núñez; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat; el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau; los senadores Sebastián Keitel y Ximena Órdenes; la subsecretaria de Salud, Alejandra Pizarro; el defensor de la Niñez, Anuar Quesille; y una representante del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
DIÁLOGO CONSTRUCTIVO ANTE LA ONU
La instancia permitió a Chile presentar los avances alcanzados en la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado internacional ratificado por el país en 2008. La delegación dio cuenta del trabajo desarrollado durante el período 2016-2022, a partir del informe elaborado por el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), a lo que se sumó información actualizada sobre los avances registrados hasta la fecha.
En su presentación inicial, el ministro Ruz, acompañado por el director de Estudios de la Corte Suprema, Alejandro Soto, señaló que «en representación del Poder Judicial celebro la realización de este diálogo, que permite reflexionar sobre la implementación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en nuestro país, dar cuenta de los avances alcanzados y de los desafíos que aún debemos abordar como poder del Estado. Los tribunales superiores de justicia, en la labor que le es propia, han podido pronunciarse, en casos concretos, sobre la aplicación de la Convención y la legislación interna sobre la materia, para garantizar el respeto de los derechos recogidos por la Convención».
Asimismo, destacó que «la labor jurisdiccional va acompañada también de una institucionalidad y un programa de acciones creados para ello. El Subcomité de Acceso a la Justicia de Personas y Grupos Vulnerables, que actualmente coordino, y que busca adecuar a nuestra realidad los estándares internacionales, se inserta en una orgánica robusta al interior de la Corte Suprema».
EL ROL DEL PODER JUDICIAL
El ministro Ruz agregó que «medidas concretas para identificar y remover las barreras existentes han sido la elaboración y actualización permanente de Protocolos de Acceso a la Justicia y guías prácticas para su aplicación; un servicio de traducción en línea para personas con dificultades de comunicación; tribunales mentores que se encargan año a año de apoyar y capacitar a otros en la aplicación de estos protocolos y guías; seminarios y conversatorios permanentes con el mundo universitario, grupos de la sociedad civil, y organismos de la administración del Estado, entre otras medidas y herramientas».
Puntualizó además que la capacitación o perfeccionamiento de jueces y juezas, a cargo de la Academia Judicial, incorpora, desde hace un tiempo ya, estas materias o cursos con carácter obligatorio y concluyó: «sabemos que estos avances no agotan los desafíos que plantea la plena implementación de la Convención. Valoramos este diálogo y estamos atentos a recibir las observaciones y recomendaciones que puedan surgir de él, para fortalecer nuestra labor y avanzar en la protección efectiva de los derechos de las personas con discapacidad».
Por su parte, la ministra María Jesús Wulf señaló que «este diálogo constructivo es una oportunidad para buscar mejoras en nuestras políticas públicas y programas, y crear nuevas iniciativas que permitan mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias», y destacó la importancia de que los tres poderes del Estado estuvieran presentes en la instancia, así como el trabajo conjunto con la sociedad civil, y afirmó que «Como gobierno creemos crucial trabajar junto a las organizaciones de la sociedad civil para crear soluciones y robustecer nuestras implementaciones».
Fuente: Sitio Web del Poder Judicial de Chile
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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