Una querella por presuntos delitos de cohecho y soborno ingresó el 27 de octubre al 7° Juzgado de Garantía de Santiago y fue admitida y trasladada al Ministerio Público al día siguiente, según relata una columna publicada por Diario y Radio Universidad de Chile. La acción apunta a esclarecer el origen y destino de recursos vinculados al proyecto Plaza Egaña SpA, de la inmobiliaria Fundamenta, y la participación de quienes intervinieron en lo que el texto describe como una “operación comercial”.
LA QUERELLA
El escrito fue presentado por el columnista, el periodista Alejandro Jiménez y el ingeniero civil Rodolfo Acha, ex funcionario del Minvu, quienes entregaron poder y patrocinio al abogado Gabriel Muñoz. La columna señala que la iniciativa se enmarca en una acción judicial de la Fundación Defendamos la Ciudad y otros legitimados. La querella se dirige contra la exministra Ángela Vivanco; su ex pareja, Gonzalo Migueles; el abogado Eduardo Lagos; el controlador de Fundamenta, Pablo Medina; y Plaza Egaña SpA, además de otras sociedades vinculadas al negocio.
LOS ANTECEDENTES
En el escrito, los querellantes solicitan investigar el origen y destino de los recursos y la participación de los responsables de la inmobiliaria en las operaciones denunciadas. La columna menciona un depósito de 13 millones de pesos abonado a Migueles cuando era pareja de Vivanco, que habría sido ordenado por Lagos el 28 de febrero de 2023. Al día siguiente, según el mismo texto, la Corte Suprema, con la participación activa de Vivanco, rechazó la reclamación ambiental contra Eco Egaña SpA. El texto agrega que Migueles reconoció haber recibido ese dinero por gestionar que la entonces ministra apurara la resolución judicial.
EL PROYECTO Y EL CONFLICTO
La columna recuerda que Fundamenta obtuvo un permiso de edificación en la Dirección de Obras Municipales de Ñuñoa para construir cuatro torres de 32 pisos cada una en el proyecto Plaza Egaña SpA. Debido a la altura, se debía elaborar un estudio de conos de sombra para asegurar la luminosidad natural de viviendas emplazadas en un terreno adyacente. Como ese estudio no se pudo realizar, por incapacidad técnica del privado o porque la función municipal no cumplió el procedimiento asignado, la institucionalidad ambiental paralizó por varios meses las faenas constructivas del megaproyecto, según el relato.
LAS DENUNCIAS SOBRE LA CORTE
Frente a la prolongada detención del proyecto y las pérdidas económicas que ello significaba, el actor privado hizo gestiones administrativas para salir airoso, sin resultados, y el conflicto llegó a los tribunales de justicia, indica la columna. El texto sostiene que la Tercera Sala de la Corte Suprema actuó con “presiones indebidas” de la inmobiliaria, las que habrían tenido como resultado la destitución del magistrado Sergio Muñoz, porque respetaba la posición ambiental, y un fallo favorable a la empresa gracias al oportuno manejo de la entonces jueza Ángela Vivanco. A partir de ese fallo, el proyecto continuó desarrollándose, siempre según la columna.
LAS REVELACIONES PERIODÍSTICAS
La columna también alude a publicaciones de Ciper y Reportea sobre importantes sumas de dinero, con versiones que mencionan 600 millones de pesos recibidos por abogados de parte de la empresa interesada. A partir de esos antecedentes, el texto explica que se decidió presentar la querella. En ella se pide que la investigación de la Fiscalía llegue hasta los ejecutivos y controladores de la empresa que pudieron conocer o autorizar esas operaciones, porque los vecinos de Ñuñoa que acudieron a la justicia para defender su entorno merecen saber si sus reclamaciones fueron resueltas con independencia.
LA PROBIDAD Y EL PLENO
El texto recuerda que la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, aseguró en una entrevista del 9 de enero de 2026 con Ciper que llevaría al Pleno las denuncias de faltas a la probidad que recibiera, incluso si fuesen anónimas. Además, los querellantes afirman que los vecinos de Ñuñoa perdieron en la Justicia porque se cometieron trampas y que, si se comprueba que el fallo favorable a Fundamenta fue obtenido mediante corrupción, exigirán que la Corte Suprema examine con rigor esa sentencia y la declare nula. El texto original precisa que el contenido de la columna es de exclusiva responsabilidad de su autor y no refleja necesariamente la posición de Diario y Radio Universidad de Chile.
En nuestra lectura, la admisión de la querella y su derivación al Ministerio Público parecen relevantes para que los antecedentes descritos en la fuente sean esclarecidos por la investigación penal. También resulta prudente que, tratándose de hechos que involucran a una exministra y a una empresa, la verdad se establezca con el rigor que el propio texto reclama.
Fuente: radio.uchile.cl
Documento original: https://radio.uchile.cl/2026/11/05/inmobiliaria-fundamenta-el-que-la-hace-la-paga/
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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