Las empresas eléctricas y de gas natural reabrieron la controversia por la norma que obliga a la reconexión de servicios básicos en zonas bajo estado de catástrofe, al presentar escritos separados ante el Tribunal Constitucional para pedir que se derogue la disposición. El movimiento se produce luego de que el Gobierno descartara impulsar una ley corta y cuando el TC ya había rechazado el requerimiento de inconstitucionalidad que presentó el Ejecutivo contra la misma regla.
Las asociaciones gremiales aprovechan la causa que sigue pendiente en el Tribunal por el control obligatorio de constitucionalidad del proyecto de Reconstrucción para insistir en sus objeciones. Ambas organizaciones ya habían hecho llegar informes de «téngase presente» al TC durante la revisión del fallido recurso gubernamental, pero ahora formalizan su ofensiva con escritos propios que apuntan contra los plazos perentorios de reposición del suministro.
NUEVA OFENSIVA ANTE EL TC
La Asociación de Empresas Eléctricas y la Asociación de Empresas de Gas Natural ingresaron de forma separada sus presentaciones al Tribunal Constitucional. En ellas piden que, en el marco del control obligatorio de constitucionalidad del proyecto de Reconstrucción, se declare inconstitucional la normativa de reconexión y se elimine del texto.
El conflicto se originó con la indicación que fija plazos máximos para que las empresas restablezcan el servicio a clientes morosos en zonas declaradas en estado de catástrofe. La regla establece 48 horas para electricidad y gas, y 24 horas para agua potable y alcantarillado. Esa indicación, surgida durante la tramitación legislativa del proyecto de Reconstrucción, provocó el rechazo inmediato de las compañías concesionarias.
El Ejecutivo actual intentó recurrir al TC contra la misma norma, pero el Tribunal desestimó ese requerimiento. El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, descartó además la opción de presentar una ley corta para zanjar la disputa.
ARGUMENTOS DE LAS ELÉCTRICAS
El escrito de las empresas eléctricas plantea vicios de constitucionalidad de fondo y de forma. Según lo informado por El Mercurio, la indicación impugnada regula una materia que el artículo 44 de la Constitución reserva a la ley orgánica constitucional de estados de excepción. La disposición, sin embargo, fue aprobada con el quorum de mayoría simple propio de la ley común.
Para las eléctricas, ese procedimiento resulta insuficiente. La norma exigía un quorum reforzado y, además, el control previo y obligatorio de constitucionalidad por parte del Tribunal. Al no cumplirse esos requisitos, el precepto adolecería de un vicio que justifica su expulsión del ordenamiento jurídico.
En el plano sustantivo, los gremios sostienen que la medida afecta el derecho de propiedad de las empresas concesionarias, vulnera la igual distribución de las cargas públicas y restringe la libertad para desarrollar actividades económicas. Cuestionan, en particular, que la norma imponga obligaciones de reconexión sin establecer un mecanismo de compensación para las compañías afectadas.
CUESTIONAMIENTOS DE LAS GASÍFERAS
La Asociación de Empresas de Gas Natural centra su presentación en una advertencia de carácter institucional. El gremio recuerda al TC que el país discute actualmente los alcances de los estados de excepción, en el marco de la reforma de seguridad impulsada por el Gobierno, y alerta sobre los riesgos de una reglamentación desaprensiva de esas figuras.
En ese contexto, las gasíferas piden al Tribunal que impida que un precepto de ley simple, aprobado sin el quorum que exige el artículo 66 de la Carta Fundamental, termine reglamentando la restricción de derechos en situaciones de emergencia. La solicitud busca que la norma de reconexión no se convierta en un precedente para futuras regulaciones de excepción dictadas con un estándar legislativo inferior al requerido.
CONTEXTO Y ALCANCE
Con los escritos de los gremios, la discusión vuelve al Tribunal Constitucional. La causa por el control obligatorio de constitucionalidad del proyecto de Reconstrucción sigue en tramitación, y el TC ya rechazó el requerimiento del Ejecutivo contra la misma norma. El Gobierno descartó impulsar una ley corta para resolver el conflicto, por lo que la vía judicial sigue abierta.
El Tribunal deberá determinar si los plazos de reconexión se ajustan a la Carta Fundamental o si, como sostienen las empresas, adolecen de vicios que justifican su eliminación del texto.
Fuente: Emol
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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