Concesiones: Copsa alerta por mayor competitividad internacional por cambios de gobierno en Colombia y Perú
Este martes, Clapes UC llevó a cabo un conversatorio sobre las prioridades de crecimiento y conectividad del país, en el que participaron la presidenta de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa), Gloria Hutt; el presidente de la constructora Echeverría Izquierdo, Fernando Echeverría; y el director ejecutivo del Consejo de Políticas Públicas (CPI), Carlos Cruz.
PERFECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONCESIONES
Hutt afirmó que el sistema de concesiones ha mostrado ser bastante robusto y permite atraer grandes volúmenes de inversión privada. Sin embargo, sostuvo que su evolución no debería ser un cambio radical, sino un perfeccionamiento hacia el futuro. Entre las mejoras propuestas por el gremio, destacó la necesidad de destrabar proyectos y de incorporar mecanismos de ajuste en los contratos, ya que no es posible que se mantengan igual durante 20 o 30 años.
La exministra de Transportes y Telecomunicaciones también advirtió sobre el aumento de la competencia internacional para atraer inversiones. A su juicio, Colombia y Perú, que acaban de cambiar de gobierno, están muy abiertos a la inversión privada y podrían bajar las barreras para captar capitales. Por eso, Chile debe estar alerta para que los capitales que piensan en América Latina sigan llegando al país. También llamó a atraer más competidores a las licitaciones, pues advirtió que el problema actual es que siempre participan los mismos actores.
RIESGOS Y CONTRATOS
Fernando Echeverría criticó la rigidez del sistema de inversiones públicas y el traspaso de riesgos desde el Estado hacia los contratistas. Señaló que los contratos son poco equitativos y no contemplan mecanismos de resolución de controversia. Según sus datos, los contratistas demandaron US$330 millones; en el 35% de los casos fueron exitosos, pero recuperaron apenas el 20% de lo reclamado. Además, denunció la competencia desleal de empresas extranjeras, cuya experiencia no puede ser verificada por el Estado y que, ante problemas, abandonan las obras. No obstante, reconoció que el Ministerio de Obras Públicas está trabajando en un mecanismo de resolución de controversias más justo.
Por su parte, Carlos Cruz sostuvo que no es posible aumentar sustantivamente la inversión en infraestructura pública si el Estado no está dispuesto a asumir más riesgos. Recordó que la inversión anual actual es de US$900 mil millones y planteó que el techo de riesgo asumido por el Estado debe liberarse para permitir una verdadera asociación con el sector privado. En esa línea, instó a Clapes UC a generar una reflexión sobre cómo el Ministerio de Hacienda podría aumentar sus condiciones de financiamiento para permitir un mayor despliegue privado en infraestructura pública.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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