Contraloría representa decreto que modifica plan regulador para ampliar centro penitenciario Santiago 1
La Contraloría General de la República emitió un dictamen en el que representó el decreto N° 15, de 2025, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que pretendía modificar el Plan Regulador Comunal de Santiago y el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, en virtud de la Ley N° 21.636. La decisión, comunicada el 3 de junio de 2026, impide que el instrumento surta efectos al detectar cinco observaciones de fondo y forma que impiden su toma de razón.
El decreto buscaba aplicar la Ley N° 21.636, que establece reglas especiales para la construcción, alteración, ampliación, reparación o reconstrucción de establecimientos penitenciarios. En concreto, la modificación estaba vinculada al proyecto del «Centro de Detención Preventiva Santiago 1». Sin embargo, la Contraloría determinó que los antecedentes presentados no permiten aclarar un punto esencial para aplicar correctamente la ley.
OBSERVACIONES SOBRE LA NATURALEZA DEL PROYECTO
El primer reparo apunta a que no se pudo determinar si la ampliación del centro se proyecta sobre el mismo predio donde ya se emplaza el recinto, o si corresponde a un terreno distinto. La Contraloría consideró que esta distinción es relevante porque la Ley N° 21.636 establece exigencias diversas según se trate de la ampliación de un establecimiento existente o de la construcción de uno nuevo.
La omisión de esta información impide verificar cuál régimen legal resulta aplicable al proyecto, lo que constituye un vicio esencial en el procedimiento de modificación de los instrumentos de planificación territorial.
INCREMENTO DE COEFICIENTES DE CONSTRUCTIBILIDAD SIN JUSTIFICACIÓN
Un segundo reparo se refiere al artículo segundo, numeral 2), letra d), del acto administrativo. La Contraloría advirtió que no se justifican las razones para incrementar los coeficientes máximos de constructibilidad actualmente vigentes en el sector, especialmente en lo relativo a usos de suelo que no están vinculados con la modificación propia del establecimiento penitenciario.
La ley N° 21.636 solo habilita modificaciones a los planes reguladores que sean necesarias para permitir la alteración, ampliación, reparación o reconstrucción de recintos existentes, o la construcción de nuevos. El aumento de coeficientes en usos de suelo ajenos al proyecto escapa a ese marco legal.
Además, se detectó una inconsistencia formal: en el mismo artículo se omitió eliminar la subzona B14R, a diferencia de lo que sí aparece en el plano PRCS-Mod_SEB17 y en la Memoria Explicativa que acompañan al decreto.
INCONSISTENCIAS EN LOS PLANOS Y EN LA PUBLICIDAD
La tercera observación recae sobre el plano PRCS-Mod_SEB17, aprobado por el artículo tercero del decreto. La Contraloría constató que el polígono del área de modificación, delimitado por los vértices A-S, presenta trazados irregulares en varios puntos (vértices B-C-D-E-F-G y J-K-L y M) que no concuerdan con lo graficado en los planos oficiales del Plan Regulador Comunal de Santiago, específicamente los planos PRS-02H, PRCS 03-60 y PRCS 03-61. Tampoco coinciden con la imagen satelital obtenida del programa Google Earth, lo que genera incertidumbre sobre los límites exactos del área afectada.
En cuanto a la formalidad del procedimiento, el dictamen señala que el artículo quinto del decreto remite al artículo 28 septies de la Ley General de Urbanismo y Construcciones para efectos de publicidad. La Contraloría precisó que esta remisión es improcedente, ya que la publicidad de la modificación debe ajustarse a lo previsto en el inciso tercero del artículo 1° de la Ley N° 21.636, que contiene sus propias reglas especiales.
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
Finalmente, la Contraloría observó que no se acompañaron dos inscripciones de dominio que consideró indispensables para el estudio del acto administrativo: la inscripción de fojas 4823, N° 6918, del año 1957, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, y la inscripción de fojas 2566, N° 2534, de 2014, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Miguel.
Sin estos documentos, el órgano contralor no pudo verificar la situación jurídica de los predios involucrados en la modificación, lo que resulta esencial para determinar la viabilidad del proyecto.
El dictamen fue suscrito por la Contralora General de la República, Dorothy Pérez Gutiérrez, y lleva el número OF105471, con fecha 3 de junio de 2026.
Rol N° OF105471, Contraloría General de la República.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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