Santiago, diecisiete de julio de dos mil veintiséis. El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó a ocho integrantes de una organización criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual que operó en el centro de la capital entre octubre de 2021 y al menos enero de 2023. La banda captaba a sus víctimas, en su mayoría mujeres venezolanas, aprovechando su situación de vulnerabilidad, las engañaba con falsas promesas de trabajo y las obligaba a ejercer el comercio sexual en la Plaza de Armas y en el sector de Vicuña Mackenna con 10 de Julio para pagar deudas que la propia organización les imponía, denominadas «multas». El fallo establece que la asociación criminal generó ingresos ilícitos estimados en más de 1.700 millones de pesos durante su operación, manteniendo a cerca de 100 víctimas en situación de explotación.
LOS HECHOS
La acusación, sostenida por las fiscales Carolina Suazo Schwencke y Tania Sánchez Bouffanais, y a la que adhirieron querellantes del Ministerio de Seguridad Pública y del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), detalló una estructura jerárquica perfectamente organizada. La labor del tribunal fue la de analizar y dar por acreditados los hechos relativos a, al menos, seis víctimas identificadas con iniciales, cuyos casos fueron presentados en el juicio.
El líder de la organización era Lewis Rubén Ponce Ortiz, quien coordinaba la captación de las víctimas, el arriendo de los departamentos donde eran alojadas y su distribución para la explotación sexual. Ponce Ortiz mantenía contacto con Yariel Ulloa López, quien a su vez se comunicaba con dos funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), Nicolás Ortega Castro y Sebastián Peredo Vera, imputados en otra causa. Estos funcionarios entregaban información sobre procedimientos policiales y la ubicación de víctimas rescatadas, a cambio de dinero.
JERARQUÍA Y FUNCIONES
La sentencia describe con detalle el rol de cada condenado. Luis Jerardo Osal Rodríguez, alias «Luis Lavilla», controlaba a las víctimas desde la cárcel, las amenazaba y coordinaba incluso homicidios para resolver conflictos con otras bandas. José Gregorio Rodríguez Milano, alias «José Victoria», recibía a las víctimas en los departamentos de calle Lira 499, las controlaba y administraba el dinero obtenido. Alexandra Milagros Milano Ibarra y Carlos Enrique Barrios Moreno recibían el dinero recaudado por las víctimas y ejercían un control constante sobre ellas, portando Barrios Moreno un arma de fuego para amedrentarlas.
Kevin Andrés López Escobar y Brayan Alexis Valencia Hernández, ambos de nacionalidad colombiana, eran los encargados de realizar los cobros semanales del denominado «Pago de Plaza» en el sector de Plaza de Armas, controlando y vigilando a las mujeres. Finalmente, Carlos Sebastián Romero Madariaga, el único chileno del grupo, recibía transferencias de dinero por concepto de «multa» en su cuenta RUT del Banco Estado, facilitando el ingreso ilegal de las víctimas al país y prestando cobertura a la organización.
LAS VÍCTIMAS
El tribunal dio por acreditados los casos de al menos seis víctimas. Una de ellas fue captada en Venezuela, pagando la banda su traslado ilegal hasta Chile. Otra fue captada directamente en la Plaza de Armas, engañada con la promesa de ropa y vivienda. Una tercera víctima, de 17 años, fue explotada sexualmente y rescatada por la BRITRAP. La organización las obligaba a pagar una «multa» que oscilaba entre 3 y 5 millones de pesos, más pagos semanales de 60 a 80 mil pesos por «plaza» y un primer pago de 50 mil pesos por «ingreso a la plaza». Las víctimas eran permanentemente vigiladas y trasladadas a departamentos en el Portal Fernández Concha y a un hostal en calle Argomedo, donde debían llevar a los clientes.
CONDENAS
Los ocho acusados fueron condenados como autores de los delitos de asociación ilícita y trata de personas con fines de explotación sexual, en diversos grados de participación. La sentencia, dictada por el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, fue el resultado del juicio oral en el que todos los imputados declarados culpables, quienes se encuentran en prisión preventiva en distintos centros penitenciarios del país, participaron de forma telemática por razones de seguridad.
Rol N° 630-2025, Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
Acerca del Autor
