La Comisión de Salud del Senado aprobó las indicaciones 5 y 6 y la supresión contenida en las indicaciones 7, 8 y 9, de las siete formuladas al proyecto que modifica la ley 20.606, sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad, cuyo objeto es facilitar el acceso a alimentos libres de gluten en establecimientos de comercio y garantizar su inocuidad. La instancia, reunida el 22 de septiembre de 2026 en la Sala 11 de Valparaíso, compartió el propósito de la iniciativa, pero no la fórmula legal llamada a impedir la contaminación cruzada.
Por esa razón encomendó a una mesa técnica, integrada por asesores de los senadores y representantes del Ejecutivo, la elaboración de una indicación única que será votada el lunes siguiente, según dio cuenta la transmisión de TV Senado Chile. En la sesión expusieron la jefa de la División de Políticas Públicas Saludables y Promoción de la Salud del Ministerio de Salud, Marcia Erazo, y la profesional del departamento de alimentos y nutrición, Gilda Herrera. La ministra de Salud se excusó por compromisos previos de agenda y concurrió en su representación el coordinador legislativo de la cartera.
LA DISTANCIA ENTRE MINIMIZAR Y GARANTIZAR
El nudo del debate estuvo en el verbo. Una de las indicaciones del Ejecutivo emplea la expresión minimizar el riesgo, lo que fue cuestionado en la comisión. Se sostuvo que ese concepto abre espacio a una exigencia menor y que el estándar sanitario debe apuntar a evitar la contaminación cruzada, no solo a reducirla.
Marcia Erazo explicó que el peligro se genera principalmente en las líneas de producción: cuando el alimento ya viene sellado desde origen y se exhibe en góndola, la probabilidad es mínima. Subrayó además la importancia de la educación alimentaria de las personas con enfermedad celíaca y las dificultades de fiscalización y de atribución que plantea exigir un riesgo inexistente.
Gilda Herrera recordó que no es posible hablar de riesgo cero, porque la normativa fija un límite de 5 miligramos de gluten por kilo de harina, mientras otros países admiten 20 y Argentina 10. El coordinador legislativo del Ministerio de Salud, Benjamín, sostuvo que esa nomenclatura no rebaja el estándar vigente ni el exigido a nivel internacional, y que responde a la línea del Codex Alimentarius de la FAO y la OMS, que habla de minimizar el riesgo. Desde la secretaría se precisó que el reglamento sanitario de los alimentos alude a disminuir el riesgo, verbo distinto.
SUPRESIÓN DE LA EXCEPCIÓN A LAS PYMES
La comisión aprobó las indicaciones 5 y 6, que suprimen el numeral 2 del artículo único. En votación separada, y por unanimidad, aprobó además la supresión contenida en las indicaciones 7, 8 y 9, que eliminan el inciso segundo del artículo 9 bis de la ley 20.606, aquel que exceptúa del deber de separar los productos a las micro y pequeñas empresas regidas por la ley 20.416. El fundamento es que, si la exhibición conjunta se autoriza con carácter general, la excepción pierde sentido.
Se planteó, en todo caso, que la futura redacción contemple barreras o vitrinas separadas adaptadas a la capacidad de los almacenes de barrio, sin rebajar el estándar de resguardo. Intervinieron los senadores Gaona y Cariola. El primero defendió flexibilizar la exhibición para que los productos sin gluten dejen de quedar aislados y los fabricantes vuelvan a rotularlos. La segunda insistió en que flexibilizar el acceso no equivale a flexibilizar la inocuidad.
VIGENCIA DEL REGLAMENTO
El artículo transitorio, que no recibió indicaciones, fija la entrada en vigencia de la ley y un plazo de 90 días para adecuar el reglamento sanitario. Se advirtió una discordancia: el decreto 49, que modifica el decreto supremo 977 del reglamento sanitario de los alimentos, ya fue publicado en el Diario Oficial con vigencia diferida al 18 de marzo de 2027. El Ejecutivo se comprometió a corregir esa falta de coherencia durante el segundo trámite constitucional.
INVERSIONES Y SALUD REGIONAL
En puntos varios, la comisión respaldó tres solicitudes de la senadora Cariola. La primera consiste en oficiar al Ministerio de Salud para conocer el plan de inversiones en infraestructura y su estado de avance. Se valoró que el hospital Van Buren registra progresos, con la firma de los compromisos de compraventa de terrenos.
La segunda pide estudiar la instalación de un SAMU en la provincia de San Antonio, pues hoy los vecinos deben comunicarse con la central de Valparaíso, con demoras que, se afirmó, ponen en riesgo vidas. La tercera busca poner en funcionamiento la UCI pediátrica del hospital de San Antonio, dotada de equipamiento pero sin especialistas, situación atribuida a la asignación incompleta de médicos que cursan sus becas.
También se acordó solicitar una sesión monográfica sobre el plan de inversiones, y se ratificaron las sesiones del 1, 2 y 3 de octubre en Arica y del 5 de octubre en la Expo APS, con más de 2.000 invitados.
SEGUNDO PROYECTO PENDIENTE
La comisión no alcanzó a tratar el segundo punto de la tabla: las indicaciones al proyecto que modifica diversos cuerpos legales para regular la comercialización de productos farmacéuticos y sancionar su venta ilegal, iniciativa que cuenta con urgencia suma del Ejecutivo y respecto de la cual fueron invitados la ministra de Salud y el ministro de Justicia y Derechos Humanos.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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