La Comisión de Mujer y Equidad de Género del Senado sesionó este 7 de septiembre de 2026 con una agenda doble: despachar en general el proyecto que regula la gestación por subrogación altruista y recabar antecedentes sobre la muerte de una interna de 18 años en el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel. La transmisión de TVSenado Chile mostró un debate que combinó argumentos de derechos humanos con una revisión crítica de la coordinación entre Gendarmería y la red pública de salud.
GESTACIÓN SUBROGADA ALTRUISTA
La primera parte de la sesión estuvo centrada en la iniciativa que busca regular la gestación por subrogación no remunerada. Como invitada principal intervino María José Cumplido, directora ejecutiva de Fundación Iguales, quien pidió a la comisión aprobar en general el texto.
Cumplido comparó la decisión de una mujer de gestar por otra persona con la donación de órganos entre personas vivas, permitida en Chile por la ley 19.451. Sostuvo que ambos actos se basan en la solidaridad y que el Estado debe construir condiciones para que esa decisión sea libre y segura.
La exposición citó estándares internacionales vinculantes para Chile. Mencionó el fallo Artavia Murillo versus Costa Rica de 2012 de la Corte Interamericana, que reconoce la autonomía reproductiva; la sentencia Mennesson versus Francia de 2014 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sobre el derecho a la identidad de niños y niñas nacidos por estas técnicas; y el caso Atala Riffo y niñas versus Chile, también de 2012, sobre no discriminación.
La representante de Fundación Iguales destacó que el proyecto prohíbe todo pago, admite solo reembolso de gastos acreditados, exige consentimiento libre, informado y revocable, y contempla autorización judicial previa. Añadió que la gestante conserva su autonomía corporal y no puede tener dependencia económica, laboral ni habitacional respecto de quienes solicitan el procedimiento.
POSICIONES ENCONTRADAS
En el debate surgieron posturas diversas. La senadora Beatriz Sánchez valoró la discusión, pero advirtió que existen tres proyectos paralelos con enfoques distintos: uno de prohibición en la Cámara de Diputados y dos de regulación en el Senado. Señaló que incluso organizaciones feministas están divididas.
La diputada Maricela Santibáñez defendió la regulación y recordó que hay familias que han recurrido a otros países ante el vacío legal chileno. Relató que, sin ley, los tribunales han resuelto casos de filiación de manera contradictoria.
En la vereda contraria, la senadora Vanessa Kaiser manifestó su rechazo a la iniciativa. Cuestionó la posibilidad de evitar la mercantilización y las presiones familiares sobre la gestante, y se mostró partidaria de un modelo prohibitivo, similar al italiano, que impida también realizar estos acuerdos en el extranjero.
La senadora Jimena Órdenes, en tanto, planteó que el proyecto es coherente con los tratados internacionales suscritos por Chile y que la falta de regulación deja a las mujeres en un espacio riesgoso. También vinculó el tema con la crisis de natalidad y con las barreras de acceso a tratamientos de fertilidad en el sector público.
VOTACIÓN EN GENERAL
La presidencia de la comisión, ejercida por la senadora Loreto Carvajal, puso en votación la idea de legislar. Se registraron tres votos a favor y uno en contra. A favor votaron Loreto Carvajal, Beatriz Sánchez y Juan Luis Castro, quien reemplazaba a la senadora Daniela Chicardini. En contra votó Vanessa Kaiser.
Con ese resultado, el proyecto quedó aprobado en general y se anunció que se fijará un plazo para presentar indicaciones.
CASO DE LA INTERNA FALLECIDA
La segunda parte de la jornada abordó el fallecimiento de Anadeis Muñoz Valenzuela, de 18 años, ocurrido el 23 de agosto en el Hospital Barros Luco Trudeau, horas después de ser derivada desde el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel, donde cumplía prisión preventiva.
La comisión recibió al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, al director nacional de Gendarmería y a Fabiana Castro, jefa de la División de Reinserción Social del ministerio.
Según la cronología oficial, la joven ingresó al recinto penal el 27 de julio. Entre el 4 y el 19 de agosto fue evaluada en cinco oportunidades por sospecha de embarazo, con dos derivaciones a la maternidad del Hospital Barros Luco. Un test de orina arrojó positivo, pero los exámenes de sangre de subunidad beta resultaron negativos, por lo que se descartó la gestación. El 22 de agosto presentó edema, náuseas y mialgias, fue derivada nuevamente y falleció a causa de un shock cardiogénico.
El director de Gendarmería aseguró que la joven no se encontraba embarazada y que las derivaciones fueron decisiones médicas, no carcelarias. Precisó que el caso fue denunciado a la Fiscalía Metropolitana Sur y que existe un sumario interno en curso.
DEBATE SOBRE LAS RESPONSABILIDADES
Las respuestas no conformaron a la comisión. El senador Juan Luis Castro, médico, sostuvo que un test de orina positivo tiene baja probabilidad de falso positivo y que la negativización posterior pudo deberse a un aborto espontáneo o inducido. Pidió conocer la primera subunidad beta y el resultado de la autopsia del Servicio Médico Legal, que seguía en calidad de preliminar.
La senadora Vanessa Kaiser propuso citar a los médicos del hospital público que evaluaron a la interna, mientras que la diputada Santibáñez criticó que se mantuviera la prisión preventiva de una joven de 18 años con problemas de salud.
Una matrona del centro penitenciario detalló que el hospital no realizó ecografía ni repitió el examen de sangre en una de las atenciones ambulatorias, y que la joven esperó más de una hora en la urgencia antes de ser evaluada.
El ministro Rabat anunció que el Ejecutivo presentará un proyecto de ley para que las mujeres embarazadas o con hijos menores de dos años no cumplan prisión preventiva en recintos penitenciarios. La comisión solicitó a las autoridades remitir el informe final de la autopsia y los resultados de las investigaciones en curso.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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