ParlAmericas cierra en Valparaíso con declaración de 21 puntos sobre crimen organizado
El segundo encuentro de la Red Parlamentaria de Seguridad de ParlAmericas concluyó en el Congreso Nacional, en Valparaíso, con la lectura de una declaración de 21 puntos sobre seguridad pública, crimen organizado y violencia en América y el Caribe. La sesión fue transmitida por TVSenado Chile y reunió a parlamentarios de distintas delegaciones, expertos y representantes de organismos internacionales.
La lectura final fue moderada por el senador Iván Flores, presidente de ParlAmericas. El texto fue leído por la diputada Marianita de Curazao, el diputado Jorge Zorrilla de República Dominicana, la presidenta La Shel Aderly de Bahamas y el senador Ignacio Urrutia de Chile. Antes de la lectura se informó que las observaciones de las delegaciones ya habían sido incorporadas al borrador y, al cierre, la declaración fue respaldada con aplausos.
El documento describe la violencia y el crimen organizado como problemas de complejidad creciente, entrelazados entre sí y con alcance transnacional, cuyos efectos golpean a las personas, a las comunidades y a las instituciones, además de erosionar la vida democrática y limitar las posibilidades de desarrollo económico y social. Por eso propone miradas integrales, centradas en la protección de las personas y en las causas de fondo de la inseguridad, donde la prevención, la aplicación efectiva de la ley y el acceso a la justicia se refuercen entre sí.
El texto define la seguridad pública como una responsabilidad esencial del Estado, enfocada en resguardar la vida, la dignidad, la seguridad y el bienestar de las personas y de las comunidades. Añade que esa labor debe cubrir espacios físicos y digitales, apoyada en los principios democráticos, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
DECLARACIÓN DE VALPARAÍSO
En el plano de las amenazas transnacionales, la declaración menciona la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, de drogas y de armas de fuego, los delitos ambientales, entre ellos la minería y la tala ilegales, la expansión de economías ilícitas y el mal uso de tecnologías emergentes. Para enfrentarlas plantea cooperación efectiva entre Estados, intercambio de información, asistencia jurídica mutua, investigaciones coordinadas y trabajo judicial, policial y técnico conjunto, siempre con respeto de la soberanía y del derecho internacional.
Otro apartado se detiene en la justicia penal y en los sistemas penitenciarios. Allí se pide reforzar la independencia judicial, los marcos jurídicos especializados, los recursos humanos y técnicos y la coordinación entre instituciones. Respecto de las cárceles, el texto advierte que un uso excesivo de la privación de libertad, el hacinamiento y el control que ejercen actores criminales dentro de los recintos pueden debilitar la seguridad pública y la administración de justicia. Por eso sugiere explorar medidas alternativas al encarcelamiento según la legislación nacional y reforzar la rehabilitación y la reinserción social.
También hay compromisos sobre las desapariciones ocurridas en contextos de criminalidad organizada, con investigaciones diligentes, sistemas de búsqueda e identificación y resguardo de las garantías de las víctimas y sus familias, incluido el acceso a la verdad, la reparación y la certeza de que los hechos no volverán a repetirse. En trata de personas se llama a aplicar respuestas integrales conforme al protocolo internacional pertinente y a los compromisos interamericanos, con prevención, investigación, sanción, protección y asistencia a las víctimas.
Entre los compromisos acordados, los parlamentarios resolvieron impulsar la prevención como pilar central de las políticas de seguridad, con medidas sostenidas frente a los factores de riesgo, más inclusión social, reducción de desigualdades y fortalecimiento de la resiliencia climática. A ello se suma incorporar los riesgos de desastres y eventos climáticos extremos en las políticas de seguridad, para reducir vulnerabilidades y preservar los servicios esenciales.
El documento reconoce que el crimen y la violencia afectan de manera distinta según edad, género, orientación sexual, etnia y condiciones socioeconómicas. Alude a la mayor exposición de los hombres jóvenes a la violencia letal y a riesgos específicos para mujeres y niñas, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, personas migrantes, personas con discapacidad y territorios golpeados por el crimen organizado. Por eso llama a crear y fortalecer mecanismos de participación significativa de juventudes, comunidades afectadas y sociedad civil en las deliberaciones parlamentarias y en los procesos legislativos.
En el plano institucional, la declaración sostiene que la legitimidad y la eficacia de las instituciones de seguridad dependen de la transparencia, la rendición de cuentas, la supervisión judicial e institucional, el debido proceso y los mecanismos que aseguren un ejercicio responsable de la autoridad pública. También insta a desarrollar sistemas estadísticos y datos sólidos sobre crimen, cibercrimen, violencia y seguridad pública, con información confiable, oportuna y desagregada, para sustentar decisiones públicas basadas en evidencia.
Los parlamentos, añade, cumplen un papel central para que las políticas de seguridad evolucionen frente a desafíos cambiantes, mantengan su fundamento democrático, rindan cuentas ante la ciudadanía y respondan a los derechos de las personas. El texto promueve la cooperación interparlamentaria dentro de la Red de Seguridad de ParlAmericas, el diálogo político, el intercambio de experiencias legislativas y respuestas coordinadas en la región.
TECNOLOGÍA, DATOS Y CONTROL PARLAMENTARIO
Uno de los puntos se refiere específicamente a la inteligencia artificial y a las tecnologías basadas en datos en el ámbito de la seguridad pública. Pide contar con marcos legales y regulatorios robustos para que su desarrollo, despliegue y uso sean transparentes, sujetos a rendición de cuentas y a una supervisión humana significativa, con resguardos firmes para la privacidad y los datos personales y salvaguardias frente a la vigilancia arbitraria o ilícita.
La declaración también pide actualizar los marcos sobre ciberdelincuencia y otras actividades facilitadas por la tecnología, en línea con los instrumentos internacionales aplicables, entre ellos la Convención de las Naciones Unidas contra la ciberdelincuencia, con garantías claras de debido proceso. En materia financiera, el texto pide reforzar la inteligencia financiera y los controles antilavado, seguir el rastro del producto del delito y de los flujos de dinero, incluidos los vinculados a criptoactivos, y mejorar los mecanismos de congelamiento, incautación, comiso y recuperación de bienes.
En el cierre, la embajadora de Canadá en Chile, Carolina Guay, destacó el valor de instituciones sólidas, gobernanza inclusiva y respeto del Estado de derecho frente a desafíos que trascienden fronteras. El senador Flores agradeció a las delegaciones y al personal del Congreso Nacional, y planteó la necesidad de que más congresos ratifiquen el acuerdo que permitiría a Ameripol constituirse como organismo internacional y coordinar acciones con Interpol. También se anunciaron próximas actividades de ParlAmericas, con encuentros en Ciudad de México, Panamá, Montevideo y Washington, y la asamblea general en Santo Domingo.
En nuestra lectura, la declaración ofrece un mapa útil para el debate legislativo chileno, pues cruza seguridad, derechos humanos y control parlamentario sin reducir el problema a una sola respuesta. Parece prudente que la discusión sobre tecnologías de vigilancia y tratamiento de datos se detenga en las salvaguardias y la supervisión humana que el propio texto exige.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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