Un proyecto de ley busca entregar nuevas herramientas a las residencias del Servicio de Protección Especializada para enfrentar amenazas graves que afectan a niños, niñas y adolescentes bajo cuidado residencial, entre ellas la explotación sexual, el crimen organizado y el tráfico de drogas. La iniciativa sobre medidas de resguardo contra la explotación sexual infantil contempla facultades excepcionales y temporales, sometidas a supervisión y, cuando corresponda, a autorización judicial.
EL DIAGNÓSTICO QUE IMPULSA LA PROPUESTA
El proyecto se apoya en el alza sostenida de las vulneraciones registradas en el sistema residencial. Entre 2022 y 2025, los procedimientos asociados a explotación sexual aumentaron un 80%, mientras que los vinculados a delitos contra la vida crecieron un 165%. En el mismo período, los procedimientos que identifican a terceros de la comunidad como presuntos agresores subieron un 71,5%.
Con ese punto de partida, la propuesta apunta a que los establecimientos cuenten con herramientas legales para responder ante situaciones de riesgo grave, fortaleciendo la seguridad de los niños, niñas y adolescentes que viven en residencias del Servicio de Protección Especializada.
QUÉ PODRÍAN HACER LOS DIRECTORES DE RESIDENCIAS
La iniciativa otorga nuevas facultades a los directores de residencias de administración directa y de colaboradores acreditados, de modo que puedan actuar frente a amenazas graves, incluido el ingreso de personas ajenas a los establecimientos. Se trata de herramientas de resguardo que solo podrían aplicarse cuando resulten estrictamente necesarias y no existan otras alternativas para evitar el riesgo.
El texto también precisa cuándo no pueden usarse: las facultades no podrán emplearse como castigo ni implicar tratos crueles o degradantes. Junto con ello, la propuesta las define como medidas excepcionales y temporales, sujetas a supervisión y a autorización judicial cuando corresponda, lo que incorpora un control externo sobre su aplicación.
TRES NIVELES DE SUPERVISIÓN
El resguardo sobre el uso de estas herramientas se distribuye en distintos niveles. Los directores regionales podrán revisar, modificar, suspender o finalizar las restricciones; la Dirección Nacional monitoreará su implementación; y los tribunales de familia realizarán visitas de revisión.
Esa arquitectura de control busca que las medidas se apliquen de forma acotada, verificable y revisable, considerando que habilitan a restringir el ingreso de personas ajenas a los establecimientos y a intervenir en situaciones de riesgo grave dentro de las residencias.
COORDINACIÓN CON OTRAS ACCIONES DE PROTECCIÓN
La iniciativa se complementa con las acciones de prevención, búsqueda y atención especializada del plan Chile Cuida a los Niños, con el propósito de reforzar la protección de quienes se encuentran bajo cuidado residencial frente a situaciones de especial vulnerabilidad.
El proyecto, en suma, combina facultades de actuación para los responsables de las residencias con un esquema de revisión que involucra a la propia institucionalidad del servicio y a los tribunales de familia, en un contexto de aumento de los procedimientos por explotación sexual, delitos contra la vida y agresiones atribuidas a terceros de la comunidad.
En nuestra lectura, el punto sensible de la propuesta está en el equilibrio entre la urgencia de actuar y la intensidad de las facultades que se habilitan, y por eso el diseño de supervisión en tres niveles aparece como la pieza que merece mayor atención. Sería prudente que ese esquema de control se conserve y se precise, porque de él depende que medidas excepcionales y temporales no se extiendan más allá de lo estrictamente necesario.
Fuente: Gobierno de Chile
Documento original: https://www.gob.cl/noticias/proyecto-de-ley-busca-reforzar-la-proteccion-de-ninos-y-adolesce/
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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