Poder Judicial de Chile
PRESIDENTA DE LA CORTE SUPREMA PARTICIPÓ EN DIÁLOGO IBEROAMERICANO SOBRE EL ROL DE LOS PODERES JUDICIALES FRENTE AL CRIMEN ORGANIZADO
La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, participó el 25 de septiembre en Quito, Ecuador, en el «Diálogo sobre el papel de los Poderes Judiciales en la lucha contra el crimen organizado en el marco del Estado de Derecho», instancia que reunió a representantes de los Poderes Judiciales de 13 países iberoamericanos.
En el encuentro se abordaron los desafíos que requieren cooperación y respuestas comunes entre los sistemas de justicia de la región. La autoridad judicial chilena se desempeña además como coordinadora nacional de la Cumbre Judicial Iberoamericana, lo que permitió que Chile contribuyera directamente al proceso regional de reflexión y actualización de los estándares que orientan la función judicial.
EL MARCO DEL ENCUENTRO
El diálogo se desarrolló en el marco del trabajo del Programa EL PACCTO 2.0 de la Unión Europea, el Ciclo de Políticas de Justicia (C-JUST) y el Comité de Lima, integrado por la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) y la Cumbre Judicial Iberoamericana.
Una de las líneas de trabajo priorizadas para 2026 fue la revisión y actualización del Estatuto del Juez Iberoamericano, junto con la realización de este diálogo sobre el papel de los Poderes Judiciales frente al crimen organizado.
ACTUALIZACIÓN DEL ESTATUTO DEL JUEZ IBEROAMERICANO
El Estatuto del Juez Iberoamericano (EJI) nació en 2001, en el marco de la VI Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, que tuvo lugar en Santa Cruz de Tenerife, España. Se trata de un documento que fija principios, derechos y deberes destinados a resguardar la independencia, la imparcialidad y el profesionalismo de quienes ejercen la judicatura, y que sirve de guía para el correcto desempeño de la labor jurisdiccional en los países de la región.
A casi 25 años de su aprobación, la Cumbre Judicial Iberoamericana impulsó su revisión para responder a los nuevos desafíos que enfrentan los sistemas de justicia, entre ellos el avance del crimen organizado transnacional y el cibercrimen, el uso de nuevas tecnologías e inteligencia artificial, las dificultades de acceso a la justicia, los derechos humanos y la perspectiva de género.
La actualización también busca considerar la dimensión internacional de la actividad de los Poderes Judiciales y fortalecer la cooperación jurídica frente a la criminalidad organizada.
UN DIÁLOGO PARA FORTALECER LA JUSTICIA FRENTE AL CRIMEN ORGANIZADO
El objetivo de la jornada fue recabar los aportes de los representantes de los Poderes Judiciales para enriquecer la propuesta del nuevo Estatuto. Para ello se desarrollaron cuatro sesiones plenarias que permitieron intercambiar experiencias y abordar distintos aspectos relacionados con el ejercicio de la función judicial.
En su presentación, la presidenta Gloria Ana Chevesich abordó el papel que corresponde al Poder Judicial frente a la macrocriminalidad y el crimen organizado, destacando que la contribución de los tribunales debe desarrollarse preservando su independencia, imparcialidad y neutralidad, pero al mismo tiempo fortaleciendo una institucionalidad judicial capaz de responder con oportunidad, coordinación y eficacia ante causas de alta complejidad. En este contexto relevó la necesidad de adaptar la organización y gestión judicial a fenómenos criminales que operan de manera transnacional, sin alterar las garantías que sustentan el Estado de Derecho.
Asimismo puso especial énfasis en que la independencia judicial requiere condiciones materiales que permitan a jueces y juezas ejercer su función sin temor frente a organizaciones capaces de intimidar o amenazar.
«Difícilmente puede hablarse de verdadera independencia si quien debe resolver teme por su integridad, por su familia o por las personas que trabajan con él», dijo la presidenta.
En esa misma línea planteó que la eficacia judicial no debe medirse únicamente por los resultados de los procesos, sino por la capacidad de resolver oportunamente, mantener la calidad de las decisiones, garantizar la seguridad de jueces, víctimas y testigos y enfrentar nuevas formas de criminalidad sin sacrificar las garantías fundamentales.
«Una judicatura eficaz debe medirse con otros parámetros: su capacidad para resolver oportunamente; la calidad de sus decisiones; la posibilidad de sostener juicios extensos y complejos sin demoras innecesarias; la seguridad de jueces, víctimas y testigos; el control adecuado de las medidas que afectan derechos fundamentales, y la capacidad de enfrentar nuevas formas de criminalidad sin sacrificar las garantías que justifican su existencia», sostuvo.
La defensa de la independencia judicial ocupó un lugar central en las deliberaciones. Los participantes revisaron las garantías disponibles ante presiones de origen externo e interno, el vínculo entre independencia, transparencia y confianza pública, y los retos que supone la irrupción de la inteligencia artificial, con el propósito de que su uso no menoscabe la autonomía ni el sello personal de las decisiones jurisdiccionales.
Otro de los ejes analizados fue el de las jurisdicciones especializadas y la capacitación de los jueces, con criterios sobre cuándo se justifica crear una especialización, de qué manera acreditar las competencias de los magistrados y cómo medir el impacto de este tipo de políticas.
CHILE EN EL DIÁLOGO JUDICIAL IBEROAMERICANO
A la cita concurrieron delegados de los Poderes Judiciales de trece países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Se sumaron, asimismo, voceros de la AIAMP, la COMJIB y la Cumbre Judicial Iberoamericana.
La participación de Chile se produjo en un contexto de revisión de los estándares comunes que orientan la función judicial en Iberoamérica, particularmente frente a fenómenos que demandan respuestas institucionales coordinadas, como la criminalidad organizada transnacional, el cibercrimen y los desafíos asociados a las nuevas tecnologías.
Los aportes reunidos en Quito serán sistematizados y tomados en cuenta al momento de elaborar una versión consolidada del Estatuto del Juez Iberoamericano. Ese texto podría ser sometido, en su caso, a conocimiento, validación y aprobación de la XXIII Cumbre Judicial Iberoamericana, prevista para 2027 en Brasil.
Fuente: Poder Judicial de Chile
Documento original: https://www.pjud.cl/prensa-y-comunicaciones/noticias-del-poder-judicial/148829
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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