Las advertencias de dos exministros del gobierno de Gabriel Boric abrieron un nuevo flanco en la controversia por los decretos que beneficiaron a condenados por delitos sexuales contra menores, episodio que mantiene en el centro de los cuestionamientos al ministro de Justicia, Fernando Rabat. Luis Cordero y Antonia Orellana no solo defendieron el criterio que se aplicó durante la administración anterior: también advirtieron sobre el costo político de las decisiones del actual Ejecutivo y sobre la exposición del Presidente José Antonio Kast en medio de la crisis.
LA EXPOSICIÓN DE LA PRESIDENCIA
El exministro Luis Cordero puso el foco en el lugar que ha ocupado el Presidente de la República en la gestión de la polémica. Recordó que el criterio del Ministerio de Justicia durante el gobierno anterior apuntaba a rechazar beneficios en casos similares y sostuvo que resulta riesgoso que sea la máxima autoridad la que deba entregar la explicación final.
“Yo creo que es delicado que, entre medio de una crisis, sea el presidente de la República el que tenga que salir a dar la explicación final. En el sistema presidencial chileno es una exposición, uno tiene que cuidar en general a la Presidencia de la República”, afirmó.
EL COSTO POLÍTICO DEL CASO
La exministra de la Mujer, Antonia Orellana, defendió el criterio aplicado durante el mandato anterior y subrayó que la decisión adoptada por el actual Ejecutivo genera consecuencias políticas más allá de la discusión jurídica. En su intervención también cuestionó la falta de información oportuna a las víctimas de abuso sexual infantil y a sus familias sobre la eventual libertad de sus agresores.
“Yo creo que aquí es claro que no hay una jurisprudencia clara, nuestro gobierno fue muy claro en siempre negar estos beneficios y, si las Cortes resolvían otro, bueno, el Poder Judicial es autónomo, pero acá fue una decisión lo que se tomó y, por lo tanto, hay costos políticos para esa decisión, independiente del debate jurídico”, sentenció.
LAS EXAUTORIDADES Y LA OPOSICIÓN
Las intervenciones de ambos reflejan el papel cada vez más visible que han asumido las exautoridades de Boric frente al gobierno de Kast. Mientras los partidos buscan recomponer sus relaciones y construir una estrategia común, antiguos integrantes del gabinete mantienen espacios de coordinación para defender el legado de la administración anterior y cuestionar las decisiones de La Moneda.
Parte de esa articulación se desarrolla a través de grupos de mensajería, donde comparten análisis y antecedentes para responder a las medidas del Ejecutivo. A ello se suman acercamientos entre figuras del Frente Amplio y del Socialismo Democrático, pese a las diferencias que persisten entre ambos sectores.
EL FACTOR DE LA ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL
La controversia por las rebajas de condena ha dado mayor visibilidad a ese rol. En medio de las gestiones para evaluar una acusación constitucional contra Rabat, los exministros Luis Cordero y Jaime Gajardo fueron convocados para aportar antecedentes sobre los procedimientos y criterios aplicados durante el gobierno anterior.
El protagonismo de las exautoridades contrasta, de todos modos, con las dificultades de los partidos para consolidar un liderazgo común y acordar una hoja de ruta frente al Ejecutivo. Así, el caso Rabat vuelve a situar a los exministros de Boric como voces activas de la oposición, aunque todavía está por verse si esa coordinación logra traducirse en una estrategia política compartida.
APLICABILIDAD PARA ABOGADOS
Para quienes litigan en materia penal, el episodio ordena la discusión en dos planos que la fuente distingue con claridad: de un lado, la decisión administrativa que habilita los beneficios y las rebajas de condena, sobre la que se reclama responsabilidad política; del otro, la resolución de los tribunales, respecto de la cual la propia exministra Orellana invocó la autonomía del Poder Judicial. La discusión sobre una eventual acusación constitucional contra el ministro Rabat se apoya, según el texto, en los antecedentes sobre procedimientos y criterios que las exautoridades fueron convocadas a aportar.
En nuestra lectura, la irrupción de dos exautoridades en un debate que hasta ahora se movía entre el Ejecutivo y el Congreso parece confirmar que el conflicto dejó de ser una discusión técnico-jurídica sobre beneficios y rebajas de condena para instalarse como una disputa por la conducción política del caso. Sería prudente, eso sí, no confundir ese plano con el de la autonomía del Poder Judicial que la propia exministra Orellana invocó en sus declaraciones.
Fuente: BioBioChile
Documento original: https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2026/10/28/la-advertencia-de-cordero-y-orellana-a-kast-por-caso-rabat-costo-politico-y-exposicion-presidencial.shtml
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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