La oposición anunció este miércoles que presentará una acusación constitucional en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat, en medio de la controversia por las rebajas de condena que el Gobierno concedió a personas condenadas por delitos graves, entre ellas pederastas y responsables de violaciones a los derechos humanos. La decisión se confirmó tras una sesión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados en la que el secretario de Estado se refirió a los cuestionamientos, y desde la oposición le imputan haber actuado fuera de sus atribuciones y de no ajustarse a la ley, argumentos con los que buscan impulsar el proceso constitucional.
Con ese escenario, conviene precisar el recorrido que debe completar el libelo en el Congreso y las consecuencias que la Constitución asigna a una eventual declaración de culpabilidad.
CÓMO FUNCIONA UNA ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL
La Carta Fundamental vigente enumera a las autoridades que pueden ser objeto de esta figura jurídico-política: gobernadores, ministros de Estado, magistrados de tribunales superiores de Justicia, el contralor general de la República, generales o almirantes y delegados presidenciales.
Su finalidad es hacer efectiva la responsabilidad de altas autoridades públicas cuando han incurrido en delitos, infracciones a la Constitución o las leyes, o abusos de poder en el ejercicio de sus funciones.
Debe presentarla un grupo de entre 10 y 20 diputados, mientras el funcionario está en pleno ejercicio de sus funciones o hasta 3 meses después de abandonar el cargo. En ese tiempo no podrá abandonar el país sin acuerdo de la Cámara. Tratándose de un presidente, el plazo para presentarla tras dejar el gobierno es de 6 meses.
EL RECORRIDO EN LA CÁMARA
Presentada la acusación, la Cámara de Diputadas y Diputados elige una comisión de 5 integrantes que informa si procede o no. Notificado el afectado, tiene hasta 10 días para acudir en persona a defenderse o hacerlo por escrito.
Luego el proceso contempla un plazo para que la comisión estudie y se pronuncie sobre la acusación, junto con sesiones diarias de la Cámara para ocuparse de ella. Antes de que comience el debate oficial, «el afectado podrá deducir, de palabra o por escrito, la cuestión previa de que la acusación no cumple con los requisitos que la Constitución Política señala».
Si la cuestión previa es acogida por la Cámara, la acusación constitucional llega a su fin; de lo contrario, continúa hasta que el organismo vote su admisibilidad.
EL SENADO COMO JURADO
La Cámara Alta cumple el rol de jurado y debe declarar si la autoridad o exautoridad es culpable del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa. El veredicto requiere la mayoría de los senadores en ejercicio y, si la acusación se dirige contra un presidente o un gobernador, los dos tercios.
QUÉ ARRIESGA EL MINISTRO
Declarada la culpabilidad, la persona acusada es destituida de su cargo y queda impedida de desempeñarse en funciones públicas por 5 años. A ello se agrega lo que prevé la propia Constitución sobre el juzgamiento posterior.
«El funcionario declarado culpable será juzgado de acuerdo a las leyes por el tribunal competente, tanto para la aplicación de la pena señalada al delito, si lo hubiere, cuanto para hacer efectiva la responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados al Estado o a particulares», sostiene la Carta Fundamental.
APLICABILIDAD PARA ABOGADOS
Para quienes siguen el diseño del control político sobre las altas autoridades, el texto constitucional descrito ordena los puntos de observación: el número de diputados habilitados para presentar el libelo, el plazo de 10 días con que cuenta el afectado para defenderse, la cuestión previa como filtro y los quórums diferenciados en el Senado.
Corresponde atender también a la prohibición de salir del país sin acuerdo de la Cámara, que rige mientras el funcionario está en pleno ejercicio de sus funciones o hasta 3 meses después de abandonar el cargo. La destitución y la inhabilidad de 5 años, en cambio, quedan supeditadas a la declaración de culpabilidad.
En nuestra lectura, examinar cómo opera la acusación constitucional resulta tan relevante como el fondo de las rebajas de condena, y sería prudente seguir la tramitación atendiendo a los plazos breves de defensa y a los quórums diferenciados que la propia fuente describe.
Fuente: BioBioChile
Documento original: https://www.biobiochile.cl/noticias/bbcl-explica/bbcl-explica-notas/2026/10/28/que-arriesga-rabat-si-se-aprueba-la-acusacion-constitucional-en-su-contra.shtml
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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