BCI impugna créditos de allegados a Pedro Pablo Larraín en quiebra de Sartor
El proceso de quiebra de Asesorías e Inversiones Sartor incorporó un nuevo capítulo. El liquidador de la sociedad, Eduardo Godoy, solicitó al 13° Juzgado Civil de Santiago impugnar 16 créditos que superan los $20 mil millones. La solicitud apunta directamente a fondos vinculados al círculo íntimo de Pedro Pablo Larraín, controlador del grupo.
CONTEXTO
Pedro Pablo Larraín es uno de los once imputados por el millonario fraude a Sartor AGF. Según la Fiscalía, él y otros acusados utilizaron dinero de terceros para financiar negocios personales. Tras ser formalizados ante el 4° Juzgado de Garantía, Larraín y su hermano Carlos permanecen en prisión preventiva en el recinto penitenciario Santiago 1.
En sede civil, a la ofensiva del liquidador se sumó BCI Corredor de Bolsa, uno de los mayores acreedores de la firma, con pasivos por $5.444 millones. La entidad financiera presentó un escrito de 17 páginas patrocinado por el abogado Ignacio Ried, en el que cuestiona los cobros que intentan realizar personas relacionadas con la familia del empresario.
LOS CRÉDITOS OBJETADOS
La acción judicial de la corredora objetó tres créditos específicos. Corresponden a Ximena del Carmen Swett Lazcano, por más de $171 millones; Comercial Surchile SpA, por $2.811 millones; y Asesorías e Inversiones Llico SpA, que reclama cerca de $260 millones.
BCI argumentó que estos acreedores no son ajenos a la compañía. Por el contrario, están vinculados a Pedro Pablo Larraín y a la gerenta de personas, Ximena Carvallo Swett. A través de la sociedad Quisis Limitada, ambos actuaban como los mayores accionistas y controladores de la empresa deudora, con un 50% de los derechos sociales cada uno.
LOS ARGUMENTOS DE BCI
La corredora detalló que Swett Lazcano es madre de Ximena Carvallo Swett y suegra de Larraín. Las otras dos sociedades están integradas por los padres y el hermano de Carvallo Swett. Por eso, sostuvo que no se trata de acreedores externos, sino de personas relacionadas con los controladores de la empresa fallida.
Además, BCI acusó una grave falta de respaldo documental. Según la firma, los supuestos contratos de asociación para inversiones que justificarían estos cobros jamás fueron entregados al tribunal, ni en formato físico ni digital. Sin esos documentos, dijo la corredora, es imposible acreditar la existencia real de la deuda, el término de los contratos o la presencia de un saldo exigible.
Para la entidad, admitir créditos de personas relacionadas bajo la apariencia de acreencias de terceros independientes podría alterar artificialmente la composición del pasivo, afectar las prorratas del concurso e incidir indebidamente en el funcionamiento de las juntas de acreedores.
DECISIÓN JUDICIAL
Ahora las partes pueden exponer sus defensas frente a los cuestionamientos. El 13° Juzgado Civil de Santiago deberá decidir qué acreencias valida para participar en la junta de acreedores programada para el 3 de septiembre.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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