Acceso a la justicia: Sala aprueba ajustes para implementar el nuevo servicio y la Defensoría de Víctimas
La Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó el proyecto del gobierno que modifica normas transitorias de la Ley N°21.780 para facilitar la puesta en marcha del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas. La iniciativa, identificada con el boletín 18709, pasa ahora a segundo trámite en el Senado y ajusta el traspaso de programas, el calendario de instalación territorial y los plazos de convivencia con las Corporaciones de Asistencia Judicial. El texto busca simplificar los traspasos institucionales y reducir costos y plazos de instalación.
TRASPASO DIRECTO Y CONTINUIDAD
Uno de los cambios respaldados elimina el traspaso intermedio del Programa de Centros Regionales de Atención y Orientación a Víctimas desde la Subsecretaría de Prevención del Delito a la Subsecretaría de Justicia. En su lugar, el proyecto dispone un traspaso directo al nuevo servicio.
Según explicó el ministro Fernando Rabat en la Sala, la medida “evita duplicar procedimientos administrativos” y facilita la continuidad de las prestaciones que actualmente reciben las víctimas de delitos. También permite mantener los equipos de trabajo bajo una sola línea de transición institucional.
La iniciativa faculta al Presidente de la República para dictar decretos con fuerza de ley destinados a regular el traspaso de programas, funcionarios a contrata, recursos presupuestarios y bienes desde la Subsecretaría de Prevención del Delito al nuevo servicio. Asimismo, establece que el organismo será el continuador legal de los derechos y obligaciones asociados al Programa de Atención a Víctimas.
NUEVO CRONOGRAMA
La propuesta también modifica el calendario de operación del servicio. Actualmente, la ley contempla tres fases de implementación territorial, donde la primera debía comenzar en enero de 2027 y la última en noviembre de 2029. El proyecto reduce las fases a dos y prorroga el inicio de su implementación.
Así, la primera fase se establece para el 1 de enero de 2028 y considera las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Valparaíso. La segunda, desde el 1 de enero de 2029, contempla a las regiones Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes y la Antártica Chilena.
Con esta modificación, el ministro destacó que el servicio alcanzará la cobertura nacional diez meses antes de la fecha originalmente prevista. Además, se reduce de 30 a 12 meses el período de convivencia entre las Corporaciones de Asistencia Judicial y la nueva institucionalidad.
Junto con ello, la iniciativa disminuye de seis meses a un mes el plazo mínimo de anticipación para el nombramiento de los directores regionales. Según el Gobierno, esta medida permitirá evitar gastos asociados a cargos directivos en regiones donde el servicio no haya iniciado operaciones.
DEBATE PARLAMENTARIO
En el debate en la Sala, quienes respaldaron la norma manifestaron que la implementación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia requiere un cronograma compatible con la complejidad administrativa y tecnológica del proceso. Destacaron que la nueva institucionalidad deberá integrar a más de 3.700 funcionarios provenientes de las Corporaciones de Asistencia Judicial, los Centros Regionales de Atención y Orientación a Víctimas, programas especializados de representación jurídica y el sistema de mediación familiar.
Además, señalaron que la norma “no altera el diseño institucional ni las funciones del servicio”, sino que asegura una transición coordinada entre los organismos y la nueva estructura estatal. Otras intervenciones cuestionaron que la iniciativa modifique los plazos originalmente establecidos para la puesta en marcha del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, porque se retrasa el inicio de los beneficios esperados por los usuarios.
La diputada Constanza Hube rindió el informe del proyecto en la Sala. También participaron en el debate Claudia Reyes, Marcos Barraza, Hotuiti Teao, Eileen Urqueta, Tomás Kast, Cristian Contreras, Raúl Leiva, Sofía González, Cristian Neira, José Antonio Kast Adriasola, Guillermo Valdés, Mario Olavarría, Diego Vergara, Sebastián Cristoffanini, Nathalie Castillo, Paz Charpentier y Javier Muñoz.
APLICABILIDAD PARA ABOGADOS
El proyecto no altera el diseño institucional ni las funciones del servicio, de acuerdo con lo señalado por quienes respaldaron la norma. Su efecto se concentra en la transición: traspaso directo de programas y equipos, reducción de fases territoriales y nuevos plazos de convivencia con las Corporaciones de Asistencia Judicial.
En nuestra lectura, el ajuste aprobado parece responder a una necesidad de orden administrativo más que a un cambio de diseño institucional, tal como fue presentado en la Sala. Sería prudente que la discusión en el Senado precise cómo se compatibilizará la nueva secuencia de implementación con la continuidad de las prestaciones que hoy reciben las víctimas.
Fuente: Cámara de Diputadas y Diputados de Chile
Documento original: https://www.camara.cl/cms/2026/10/21/acceso-a-la-justicia-aprueban-ajustes-a-implementacion-del-nuevo-servicio/
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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