
Un total de 642 años y 26 días de presidio, multas por 7.730 UTM y el comiso de bienes solicita la Fiscalía Regional de Antofagasta para los 22 imputados de la causa que investiga a una estructura de origen transnacional dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual y al lavado de activos, con operaciones en esa zona entre 2020 y 2025.
La acusación ya presentada individualiza penas que van de 17 a 47 años de cárcel, según la participación atribuida a cada imputado. La suma de esas solicitudes arroja el total antes señalado para el conjunto de la organización.
LA OPERACIÓN
La estructura fue desarticulada en agosto de 2025 en un procedimiento dirigido por el Ministerio Público y ejecutado por brigadas especializadas de la PDI, conocido como «Casa de Muñecas», que tuvo como blanco distintos domicilios y establecimientos comerciales de Antofagasta.
En esa instancia se detuvo a los acusados, en su mayoría extranjeros, se incautaron dinero en efectivo, vehículos de alta gama, joyas y documentación contable y bancaria, y se rescató a una veintena de víctimas que eran explotadas por la organización.
De acuerdo con la indagatoria, las víctimas habrían sido captadas en sus países de origen o en la propia ciudad, aprovechando su situación de precariedad, pues en muchos casos se encontraban en condición migratoria irregular y sin redes de protección o apoyo.
LA ACUSACIÓN
Los delitos imputados son asociación criminal para cometer trata de personas, trata de personas con fines de explotación sexual, promover o facilitar la entrada o salida del país para la prostitución, asociación para cometer el delito de lavado de activos, lavado de activos y tráfico ilícito de estupefacientes en pequeñas cantidades.
Según el libelo del Ministerio Público, los imputados habrían integrado una estructura transnacional compuesta por cuatro agrupaciones criminales más pequeñas, articuladas como clanes familiares, que operaban prostíbulos clandestinos y un café donde se ejercía el comercio sexual. Para ocultar las ganancias de la explotación usaban comercios de fachada.
EL RASTRO DEL DINERO
Uno de los análisis financieros identificó más de 2.800 transferencias de bajo monto, patrón que, según la investigación, buscaba eludir los controles del sistema financiero. A uno de los clanes se le atribuye además haber otorgado préstamos usureros conocidos como «gota a gota».
El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó que el eje de la acusación es patrimonial: «A una organización criminal no se la vence solo con detenciones; se la vence cuando pierde su dinero. El patrimonio es su oxígeno, y nuestro trabajo es cortarlo».
El persecutor reforzó esa idea señalando que «en la trata, seguir el dinero no solo permite probar el lavado: permite reconstruir la explotación que lo hizo posible. Cuando una organización pierde su patrimonio, pierde también su capacidad de volver a captar».
LA EXTRADICIÓN PENDIENTE
La Fiscalía gestiona además la extradición desde Colombia de otra imputada, quien se encontraba fuera del país al momento del operativo y sería una de las líderes de uno de los clanes. Fue formalizada en ausencia en abril de 2026 y en mayo la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió su solicitud de extradición activa. Actualmente se encuentra en prisión preventiva mientras avanza el proceso de extradición en su país.
Sobre este punto, Castro Bekios afirmó que «el crimen organizado no reconoce fronteras, y la justicia tampoco puede reconocerlas». El fiscal agradeció a la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional, a la Cancillería y a las autoridades de Colombia, y advirtió que sin esa cooperación una orden dictada en Antofagasta no habría tenido efecto al otro lado del continente.
En su mensaje final, el persecutor sostuvo que «la Fiscalía Regional de Antofagasta no descansará en la persecución de quienes deban responder ante los tribunales chilenos, donde sea y por el tiempo que intenten ocultarse. La verdad que deben establecer los tribunales no tiene fronteras».
EL JUICIO
La audiencia de preparación de juicio oral está programada para el 30 de noviembre, ocasión en que el Juzgado de Garantía revisará la prueba que las partes llevarán al juicio. Por el lado de la Fiscalía, el acervo considera 79 testigos, 7 peritos y 571 documentos, entre otros elementos.
Cabe consignar que se trata de un proceso judicial en curso y que, conforme al artículo 04 del Código Procesal Penal, existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo que los imputados no deben ser considerados culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
En nuestra lectura, el peso que la acusación asigna al componente patrimonial resulta coherente con la descripción de una estructura que, según la propia investigación, se apoyaba en comercios de fachada y en miles de transferencias de bajo monto. Sería prudente, eso sí, mantener la reserva propia de un caso que aún no llega a juicio oral.
Fuente: BioBioChile
Documento original: https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-antofagasta/2026/10/26/casa-de-munecas-fiscalia-pide-penas-que-suman-642-anos-de-carcel-a-organizacion-de-trata-de-personas.shtml
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.








