La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados revisó tres mociones que buscan endurecer el tratamiento penal de la extorsión, del porte de armas cortantes al interior de recintos penitenciarios y del acceso a beneficios de quienes han sido condenados por delitos contra menores de edad. La primera de esas propuestas ya tiene fecha para su votación en particular: el próximo lunes 2 de noviembre, luego de que la instancia acordara postergar ese trámite ante las observaciones planteadas durante el debate.
EXTORSIÓN TERRITORIAL
El boletín 18594, presentado por el diputado Bernardo Salinas y firmado también por Sofía González, Tatiana Urrutia, Cristián Araya, Jaime Araya, Enrique Bassaletti, Jaime Coloma, Gustavo Gatica, Patricio Pinilla y José Antonio Rivas, modifica los códigos Penal y Procesal Penal para sancionar la extorsión territorial y el cobro de protección.
Según explicó Salinas, el objetivo es castigar a verdaderas organizaciones que se toman territorios o barrios completos y que extorsionan principalmente a comerciantes y feriantes.
El debate no estuvo exento de reparos. El diputado Raúl Leiva manifestó dudas respecto del tipo penal propuesto, porque estimó que se trata de figuras difíciles de acreditar. Enrique Bassaletti, en tanto, consideró necesario facilitar la aplicación de la agravante y afirmó: «El espíritu del proyecto está bien, pero es necesario perfeccionarlo para que cumpla su cometido».
Con ese horizonte, la comisión resolvió postergar la votación en particular y fijó plazo hasta el 2 de noviembre para consensuar un texto que permita votarlo en esa oportunidad.
ARMAS BLANCAS EN LAS CÁRCELES
La segunda moción, boletín 18574, fue impulsada por el diputado Sebastián Zamora junto a Chiara Barchiesi, Valentina Becerra, Javiera Rodríguez, Enrique Bassaletti, Tomás Kast, Leandro Kunstmann, Alejandro Riquelme y Agustín Romero. Su texto modifica el Código Penal para tipificar supuestos de tenencia de armas cortantes o punzantes en establecimientos penitenciarios.
Kunstmann relató que la iniciativa nació de hechos concretos observados en Valdivia, donde tres personas murieron en una cárcel producto de heridas con armas cortopunzantes. Zamora agregó que la propuesta surgió de una solicitud de gendarmes.
Durante la discusión, diversas opiniones alertaron que la iniciativa podría colisionar con normas ya vigentes, algunas de data reciente, como la ley «antipelotazos», que sanciona la internación de elementos al interior de las cárceles. La advertencia la plantearon los diputados Jaime Coloma y Eduardo Cretton, junto con la diputada Tatiana Urrutia, quienes llamaron a revisar el informe de la comisión mixta que resolvió las diferencias entre la Cámara y el Senado por esa ley y a solicitar un informe a la Biblioteca del Congreso Nacional para identificar qué materias ya están legisladas y cuáles podrían ser vacíos que el proyecto en trámite podría cubrir.
Además, la diputada Gloria Naveillan, secundada por Raúl Leiva, instó a que el Ejecutivo presente una iniciativa legal basada en el Reglamento Penitenciario.
BENEFICIOS Y DELITOS CONTRA MENORES
La comisión inició, por último, la discusión del boletín 18654, presentado por Patricio Pinilla y suscrito también por Chiara Barchiesi, Consuelo Veloso, Cristián Araya, Héctor Barría, Felipe Camaño, Jorge Díaz, Cristian Mella y José Antonio Rivas. El proyecto modifica el Código Penal y otros cuerpos legales para excluir el otorgamiento de beneficios a condenados por delitos contra menores de edad y establece el derecho de sus familias a ser oídas.
Pinilla señaló que la propuesta nace del caso de una menor asesinada en Los Ángeles a manos de un excarabinero dado de baja, con antecedentes penales. Alertó que la exdiputada Karen Medina presentó una moción en una línea similar y descartó que la materia se contextualice en la actual polémica de los indultos presidenciales.
Según expuso, la moción busca limitar la entrega de beneficios para condenados por delitos graves, como homicidios o delitos contra menores de edad. También procura establecer una inhabilitación perpetua para que este tipo de condenados trabaje con menores, dar preferencia en la agenda judicial a las audiencias relacionadas con estos delitos para reducir los plazos de aplicación y la revictimización, escuchar a la familia frente a la posibilidad de que el condenado salga en libertad y brindar acompañamiento a la familia afectada usando la infraestructura existente. Asimismo, extiende a 20 años la eliminación de antecedentes en casos de penas de gravedad.
La instancia acordó continuar con audiencias para el tratamiento de esta propuesta y se espera contar con la opinión de la Defensoría Penal, el Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez, entre otros posibles invitados.
En nuestra lectura, el paso de las tres mociones por la comisión deja ver un trabajo que, en esta etapa, ha privilegiado el estudio y la búsqueda de consensos por sobre la votación inmediata. Sería prudente que la misma exigencia de precisión técnica que se expresó en las dudas sobre el tipo penal de extorsión y sobre la eventual superposición con la ley «antipelotazos» acompañe la tramitación de los tres textos cuando vuelvan a tabla.
Fuente: Cámara de Diputadas y Diputados de Chile
Documento original: https://www.camara.cl/cms/2026/10/29/seguridad-ciudadana-reviso-proyectos-sobre-extorsion-y-armas-blancas-en-carceles/
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
Acerca del Autor
